El Estado autonómico

LA DUREZA y hasta el dramatismo de las recientes negociaciones sobre el Estatuto vasco han restado algunos puntos de espectacularidad al acuerdo alcanzado sobre el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, el final de las negociaciones entre el Gobierno y los parlamentarios catalanes señala una fecha no menos histórica en las relaciones entre los pueblos de España.Con el acuerdo alcanzado el martes en Madrid quedan satisfactoriamente encauzados los dos grandes problemas autonómicos que venía arrastrando este país: el vasco y el catalán. Además, con el acuerdo sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña se dan los primeros pasos para devolver a los catalanes un autogobierno del que en el siglo han disfrutado durante quince años en las etapas, siempre frustradas, de la Mancomunitat del 14 y del Estatuto republicano del 32. Por supuesto que son imposibles las comparaciones entre los mal llamados «problema vasco» y «problema catalán», pero debe recordarse ahora la larga necedad histórica derramada por un cerril centralismo sobre Cataluña, quizá con más insistencia y encono que sobre el País Vasco, y soportado por los catalanes con una paciencia histórica digna de encomio.

Del proyecto de Estatuto catalán ahora pactado merecen un primer comentario el aspecto hacendístico y el reparto electoral de las provincias catalanas. En principio, el aplazamiento por seis años de los criterios definitivos sobre la financiación de la Generalitat no parece desmesurado, dado el actual déficit del sector público del Estado. Y, en cualquier caso, los catalanes -como los vascos- deben ir acostumbrándose a la realidad de que las autonomías son caras. A este respecto, la prensa catalana ha recordado con buen sentido que una gran parte de la financiación de la Generalitat debe salir lógicamente del dinero que hay en Cataluña. Por lo que atañe a la distribución electoral de las provincias catalanas, que deparará, presumiblemente, un Parlamento autonómico de izquierda, no vemos motivos de insalvables tensiones con un Gobierno nacional de diferente signo; sí, en cambio, un interesante banco de pruebas para futuros Gobiernos de coalición entre partidos estatales y formaciones políticas autonómicas.

En cualquier caso, la felicitación que se hacen ahora los catalanes por el acuerdo sobre su Estatuto, en el que coinciden que es más satisfactorio que el mitificado del 32, es extensible a todos los españoles. Hace dos años, pocos analistas políticos podían prever una solución tan prometedora a la legítima reivindicación autonómica catalana, como a la de Euskadi. Cabe ahora poner las esperanzas en que las restantes preautonomías se negocien con el mismo buen sentido, sin pretensiones de igualitarismo autonómico ni nacionalismos desmedidos, como el que algún partido andalucista anda ya enarbolando por ahí. La clásica máxima socialista de a cada uno según sus necesidades y de cada uno según su capacidad puede también aplicarse a la futura organización autonómica del Estado español.