La ley del máximo beneficio domina el sector de frutas y verduras

La venta ambulante de frutas y hortalizas ha sido, prácticamente, erradicada de la ciudad, como consecuencia de una estricta vigilancia realizada por la Policía Municipal. El Ayuntamiento dio prioridad a esta modalidad porque en ella no sólo jugaban factores puramente fiscales, sino también sanitarios. Actualmente se trabaja en la redacción de una normativa que regule la instalación de puestos en la vía pública (que pueden ser ambulantes o sedentarios, según los casos), instalados sobre todo en los barrios donde la infraestructura comercial sea deficitaria, y que deberá ser aprobada más tarde por la comisión informativa y el pleno municipal.Aunque, dada la urgencia de someter a control la venta de productos alimenticios, el Ayuntamiento haya optado como primer paso por su erradicación pura y simple, también en este sector hay que distinguir, en líneas generales, dos figuras distintas de vendedor: la del productor, que coge su furgoneta y trae sus productos a la capital para venderlos directamente, y la del intermediario, que compra las frutas y hortalizas al agricultor y luego las comercializa mediante empleados que trabajan a comisión o a salario fijo, en muchos casos sin darles de alta en la Seguridad Social. En este caso se trata más bien de obtener el máximo beneficio, burlando el pago de impuestos y los controles sanitarios. Para ello se requiere una cierta infraestructura en cuanto a flotilla de camiones y adquisiciones periódicas. De cara al consumidor, los precios son más bajos que en los mercados, pero es muy difícil evaluar la calidad del producto, y no existe la posibilidad de queja.

Por otra parte, la competencia que se hace al pequeño comercio es más acusada, lo que se ha traducido en una serie de conflictos y huelgas por parte de este sector y la exigencia al Ayuntamiento de medidas urgentes.

La Comisión de Mercados y Abastos piensa que la solución más adecuada, en cuanto que tiene en cuenta los intereses de vendedores, compradores y pequeños comerciantes, sería la instalación de mercadillos en los distintos barrios, que podrían funcionar uno o dos días por semana, donde se controlaría la calidad de los productos, principalmente naranjas y hortalizas, la identificación de los vendedores y el cobro de tasas fiscales. Los mercadillos se instalarían en los lugares que determinaran las juntas de distrito.

En cualquier caso, la protesta contra esta modalidad de venta ambulante ha partido casi exclusivamente de los pequeños comerciantes, y no parece que el público quiera entrar en una polémica que no es suya, desde el momento en que tampoco en los mercados y tiendas legales se observan a veces escrupulosamente los controles higiénicos, la exactitud en el peso y otros requisitos de los que los comerciantes reclaman su aplicación rigurosa a los ambulantes.

Otro factor, también importante, que parece pesar en las decisiones municipales para no postular la desaparición sin más de la venta ambulante es que esta actividad constituye una imagen tradicional en Madrid, que sólo ha ido menguando por la monopolización de los canales comerciales, en manos de las grandes compañías.