Hasta ahora son 25 los cadáveres hallados en la mina chilena de Loncos

La excavación de una mina de cal próxima a Santiago de Chile ha permitido el hallazgo de más cadáveres -ayer se contabilizaban los de veintitrés hombres y dos mujeres, algunos con el tiro de gracia-, presumiblemente pertenecientes a desaparecidos o detenidos políticos desde el acceso al poder de la Junta Militar de Chile. Ello sitúa al régimen de Augusto Pinochet ante una nueva situación política interior y exterior de imprevisible salida. La Iglesia católica chilena ha asumido la exigencia de clarificación de este episodio y la reacción interior de este descubrimiento se hace progresivamente más amplia en todo el país.

Hasta el momento son veinticinco los cadáveres levantados por la juez Juana González Godoy en una mina de cal abandonada de la localidad chilena de Lonco, a 38 kilómetros de Santiago de Chile. Los restos humanos, pertenecientes a veintitrés hombres y dos mujeres, presentan en algunos casos orificios de bala en la cabeza. Dos de los cadáveres se hallaron amordazados. En cuanto a las ropas, son de corte juvenil. Todos los indicios señalan que los restos fueron depositados en el fondo de la mina en etapas sucesivas, desde hace unos cinco años. La policía ha acordonado toda la zona, a la cual acude una multitud de curiosos desde que trascendió el descubrimiento.Las nuevas revelaciones indican que la versión dada en un primer momento por las autoridades, según la cual los hallazgos correspondían a un cementerio indígena, carecen de fundamento alguno. Por el contrario, se subraya el carácter tortuoso de todo el caso, ya que los datos más recientes señalan que las víctimas fueron enterradas en la mina como última etapa de un proceso macabro. Las personas cuyos cuerpos fueron hallados en el pique de la mina, con certeza sufrieron la muerte fuera de este lugar, en un murallón próximo, donde se han encontrado huellas de impactos de bala de gran calibre, presumiblemente de rifle. Una vez fusiladas, sus cuerpos fueron trasladados a la mina de cal. En el espacio interior de dos hornos que allí se encuentran y donde en otros tiempos se manipulaba la cal, se arrojaron los cadáveres. Encima de éste, se vertieron grandes cantidades de piedra y arena, desde la boca superior de entrada al horno, el mismo lugar por el que los restos humanos se arrojaron.

La situación del paraje, aislado por dos kilómetros de cerros que lo separan de la primera construcción, permitió a los asesinos mantener su crimen incógnito, de no ser porque un lugareño presenciase de modo fortuito los enterramientos en la mina y lo confesase a un sacerdote de Londos, a que su vez lo reveló a la Vicaría de Solidaridad.

Un miembro de una comisión investigadora de este instituto, el ex ministro de Educación y embajador del Gobierno de Eduardo Frei, Máximo Pacheco, se entrevistó ayer durante dos horas con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Israel Bohórquez. Las autoridades chilenas dispusieron que fuera nombrado Adolfo Bañado Cuadras ministro en visita, instructor ejecutivo del caso, cuya trayectoria es seguida desde su inicio por la juez de Tagalante, Juana González Godoy. Con la incorporación de Bañados Cuadras, el caso toma un nuevo rumbo legal, ya que significa el reconocimiento implícito del homicidio cometido con los infortunados de la mina de Loncos. Sin embargo, fuentes competentes señalaron que las indagaciones van a mantenerse en el secreto más estricto, mientras las precauciones policiales en la zona aumentan.

Todos los indicios apuntan a que las filtraciones van a ser el único medio de extraer información a partir de ahora. Círculos políticos y eclesiásticos de Chile ponen en relación el hallazgo de Loncos con el asesinato de detenidos y desaparecidos políticos a cuyos familiares se ha impedido hasta ahora realizar identificaciones. La Iglesia chilena ha adoptado una actitud de llegar hasta las consecuencias últimas ante este caso, que provoca la indignación de amplísimos sectores de la opinión de Chile. A primeros de diciembre se celebró en Santiago un simposio internacional sobre los derechos humanos que cristalizó en un documento denominado Carta de Santiago de Chile, donde se formulaban duros juicios sobre la Junta Militar, a propósito de las violaciones de los derechos humanos en el país andino. El texto, que fue leído por el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Alvear, incluye una llamada a los creyentes de todo el mundo, a quienes se invita «a la oración y a la acción» para que en Chile se respeten los derechos humanos.