El mar cambia de derechos

EL CONFLICTO pesquero de España con las autoridades del Mercado Común Europeo coincidió con el comienzo de la séptima sesión de las Naciones Unidas en Nueva York sobre el Derecho del mar, suspendida el pasado 19 de mayo en Ginebra. Esta nueva sesión se cree que durará cuatro semanas, sin que quepa esperar grandes resultados, de ella ni la elaboración de un tratado internacional que, en el mejor de los casos, no estaría redactado antes del verano de 1980. No están todavía maduros los tiempos para que se encuentre un consenso en una materia donde en el espacio de pocos años, a partir de la segunda guerra mundial, se ha pasado de la consideración del mar como patrimonio común de la Humanidad a su progresiva apropiación por los países. La extensión de las actividades pesqueras, la búsqueda de las materias primas y la posibilidad técnica de su explotación y aprovechamiento pese a las profundidades facilita esta invasión. El Derecho del mar, surgido en la posguerra, encuentra sus formulaciones bajo los impulsos de las conquistas técnicas y de las acciones unilaterales de los países en favor de la ampliación de las zonas económicas exclusivas que en su día, con toda probabilidad, recibirán un reconocimiento legal en el Derecho internacional más explícito que hoy. En lo que se refiere a la pesca para un país como España que tradicional e históricamente ha faenado en caladeros que hoy pasan a formar parte de aquellas zonas -tanto en aguas comunitarias como en las de Noruega, Estados Unidos y Canadá-, los títulos para seguir haciéndolo difícilmente podrán seguir fundamentándose en los derechos históricos y en la existencia de caladeros tradicionales; se basarán en la negociación con lospaíses, con todas las fluctuaciones que traigan consigo.

La actual firmeza del Gobierno español frente a las autoridades comunitarias debería ir acompañada por eso de una actitud, no menos firme, en la reestructuración de nuestra flota pesquera que la proporcione nuevos horizontes para su trabajo.

La lucha contra la polución y los derechos de explotación de los fondos constituyen elementos centrales en las sesiones de trabajo de Nueva York. Un desastre como el del Amoco-Cádiz en las costas de Bretaña podría haber sido evitado si las autoridades francesas hubiesen dispuesto de facultades de intervención a bordo que, ahora, los Gobiernos ceden ante la propiedad del armador del buque. En cuanto a los fondos marinos, la existencia de nódulos con materias valiosas plantea la reclamación de la propiedad sobre los mismos y las facultades para su explotación, especialmente por parte de Estados Unidos. Muy probablemente, como ya ocurrió con la plataforma continental a efectos de las prospecciones petrolíferas y con las ampliaciones a las doscientas millas para las actividades pesqueras, se producirá una nueva carrera entre las naciones para dominar también el fondo del mar.

Para preservar las riquezas o para adquirirlas, nada escapa a la avidez de la conquista del mar. Resta saber qué autoridad internacional vigilará la normalidad en ésta expansión. Pero la transformación del Derecho del mar parece irreversible. Tanto en lo que se refiere a la pesca como en la lucha contra la polución o la explotación de los fondos marinos, lo que se está tratando en Nueva York debe preocuparnos muy directamente.