Impacto negativo de la ayuda exterior sobre los derechos humanos en Chile

Mañana lunes se cumplen cinco años del golpe militar que derrocó en Chile al régimen constitucional que presidió Salvador Allende. Se trata de un nuevo aniversario bajo un régimen de excepción prorrogado constantemente desde el 11 de septiembre de 1973, mientras el país vive uno de los más graves conflictos laborales desde aquella fecha. La situación de los derechos humanos en este país bajo el régimen militar ha sido objeto de preocupación constante de organismos internacionales, Gobiernos y de la opinión pública.

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías ha estudiado un extenso informe preparado por el profesor italiano Antonio Cassese sobre el impacto que ha tenido la ayuda y asistencia económica extranjera en la situación de los derechos humanos en Chile.Este estudio, que deberá conocer la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, fue dispuesto y encargado para su realización al profesor Cassese por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en su último período de sesiones de febrero-marzo 1978. El informe, que consta de algo más de trescientas páginas, fue resumido en sus partes sustanciales para EL PAÍS por el economista chileno Hugo Fazio, vicepresidente del Banco Central hasta el 11 de septiembre de 1973, actualmente en el exilio.

El documento elaborado por el profesor Cassese se apoya en una abundante documentación que tiene su origen, fundamentalmente, en informes públicos de instituciones oficiales chilenas, en antecedentes que provienen de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social de la ONU y en documentos de Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

El régimen chileno se negó a proporcionar cualquier tipo de información, aduciendo que el proyectado informe «constituía una injerencia injustificable e inaceptable en los asuntos internos del país». Argumento este último rechazado implícitamente por sucesivos acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al disponer la elaboración de este informe.

El estudio realizado por el profesor Cassese constituye, como él destaca, un nuevo enfoque de los derechos humanos, al no limitarse a constatar si se están produciendo o no violaciones de ellos, sino que, además, amplía las miras de las Naciones Unidas, al examinar las múltiples conexiones sociales y económicas que viven Chile y su pueblo.

El informe comprueba que el Gobierno chileno recibe un cuantioso financiamiento externo, que en los últimos años procede principalmente de los bancos privados. Según un documento presentado al relator por la señora Isabel Margarita Letelier y el señor Moffitt, «los cálculos oficiales indican que, para 1978, los préstamos del sector privado constituirán más del 90% del total de los empréstitos exteriores a Chile».

¿A dónde va la ayuda?

La significación de este flujo de recursos en la política del régimen chileno se puede apreciar fácilmente con sólo tener en cuenta que la economía viene funcionando con un considerable déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Este déficit, que en 1977 alcanzó a 517 millones de dólares, en 1978, según estimaciones basadas en proyecciones del Banco Central de Chile, llegaría a 650 millones de dólares. Si a esta suma se añade el que la amortización de la deuda externa alcanzará este año 822 millones de dólares, se concluye que para que el esquema económico actualmente en aplicación funcione se requiere una entrada de recursos externos de aproximadamente 1.500 millones de dólares.El relator consigna que estos recursos, en lo fundamental, no van en beneficio de la gran mayoría de la población chilena. Sólo una proporción muy reducida del total de la asistencia económica extranjera proporcionada a Chile, dice, se ha destinado a fines directamente relacionados con el mejoramiento de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en ese país.

Si se establece una correlación, agrega el profesor Cassese, entre el monto de este financiamiento externo y el mejoramiento en la esfera social, se aprecia que ello no se produce. Por el contrario, una de las principales consecuencias de la política económica de las autoridades chilenas ha sido la reducción producida en estos años en el nivel de ingresos de la mayoría de la población, en especial de los asalariados.

El informe, basándose siempre en datos oficiales, muestra que la participación proporcional de las remuneraciones en el ingreso nacional, que era de 52,3 % en 1970 y que subió en 1972 hasta 62,8 %,se redujo luego drásticamente, llegando a su punto más bajo en 1976, con un 41,1 %.

Además, continúa el documento, «el empleo, la nutrición, la salud, la vivienda y la educación han permanecido en las malas condiciones a que, llegaron entre finales de 1973 y 1975 ».

La relación constata que «una de las características más relevantes de la política económica adoptada por el actual Gobierno de Chile es la drástica reducción del gasto público en las esferas sociales». Revela que la contribución fiscal al Ministerio de Obras Públicas, que entre 1970 y 1972 fluctuó entre un 14,1 y un 16,1 % de los aportes totales, bajó en 1977 a 5,9%, para ser en 1978 de 5,3%. En sanidad disminuyó, haciendo igual, comparación, de porcentajes que varían entre 8,0 y 9,4% en el período 1970-1972, a 5,9 y 6,6 % respectivamente en 1977 y 1978. En educación disminuyó desde 19,4 y 20,2% en los años 1970-1972, a 15,5%, en 1977 y 17,7% en 1978. En vivienda esta proporción se ha reducido a la mitad era de 6,4% en 1972 y bajó a 3,8% en 1977, para ser en 1978 de 3,1 %.

En cambio, indica el informe, varias fuentes revelan «que han aumentado los gastos en materia de defensa». El presupuesto porcentual al Ministerio de Defensa, que entre 1970 y 1972 varió, en moneda nacional, entre 8,3 y 0,5 %, subió a 19,9 % en 1977, para llegar en 1978 a 21,9%. En moneda extranjera, «si se excluyen las sumas destinadas al servicio de la deuda pública, la asignación presupuestaria para el Ministerio de Defensa equivale al 58,39% de los fondos presupuestarios totales».

A juicio del redactor del informe, la causa básica de que no se den síntomas de progreso social reside «en la política económica elegida y en la actitud básica de gran indiferencia entre los derechos civiles y políticos».

Condicionar la ayuda

El profesor Cassese, en sus observaciones finales, entrega diferentes consideraciones que pueden ser útiles para cualquier acción que adopten las Naciones Unidas después de conocer este informe, teniendo en cuenta esta situación de violación de los derechos humanos.En su opinión, una respuesta válida podría consistir en suspender la asistencia económica o condicionarla a un respeto cada vez mayor de los derechos humanos.

A continuación el informe llama la atención sobre la incongruencia «entre los principios proclamados en los principales órganos de las Naciones Unidas y la acción de organizaciones intergubernamentales vinculadas a las Naciones Unidas (en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial)». A este respecto dice: «En realidad, mientras que en la resolución del 16 de diciembre de 1976 de la Asamblea General, se invita a los organismos de las Naciones Unidas a que adopten las medidas que estimen convenientes para contribuir al reestablecimiento y la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Chile», las pruebas disponibles muestran escasa preocupación directa por otros criterios que no sean los valores intrínsecos de muchos de los proyectos y programas en sí mismos.

Recalcando luego que «debería darse la oportunidad para que los organismos especializados ajusten sus acciones a las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a Chile y para que tengan constantemente en cuenta los derechos humanos al decidir la clase de acción que ha de adoptarse en lo que respecta a Chile dentro de sus respectivas esferas de competencia».