Es improbable que Pinochet entregue a Contreras a Estados Unidos

Son muy pocos los que piensan en Chile que el Gobierno del general Augusto Pinochet accederá a la petición de la justicia norteamericana de entregar al ex director de la DINA, general Manuel Contreras, y otros dos militares implicados, según un gran jurado federal estadounidense, en el asesinato de Orlando Letelier, ocurrido en Washington en septiembre de 1976. Después del impacto producido en la opinión por la decisión judicial norteamericana, toda la atención se centra en la postura que adopten tanto los tribunales como el propio Gobierno de Pinochet.

De acuerdo con el tratado bilateral de extradición firmado por Estados Unidos y Chile en 1902, y rectificado a instancias chilenas en 1933, el procedimiento a seguir es claro: producida la petición formal de extradición, el Tribunal Supremo de Chile tiene un plazo de dos meses para determinar si las acusaciones formuladas por el jurado norteamericano poseen base suficiente. Si es así, las autoridades judiciales chilenas tienen dos opciones: o entregar a los tribunales estadounidenses a los acusados o someterlos a la propia justicia chilena. (Esta es, precisamente, la variación introducida en el tratado de 1902, a petición de Chile.) Puede ocurrir, igualmente, que el Tribunal Supremo de Chile no considere suficientes las pruebas aportadas por la justicia norteamericana, con lo cual, en el plazo de dos meses, los encausados quedarán libres. En una rueda de prensa celebrada el miércoles, el general Pinochet sugirió que las nuevas circunstancias del «caso Letelier» formaban parte de una orquestación de amplias ramificaciones para debilitar su posición en el Gobierno, pero descartó de manera tajante una hipotética caída de la Junta militar.

Pinochet insistió en que la prensa extranjera había tratado de presentar al general Contreras como un «íntimo consejero», y que esto no se ajustaba a la realidad. «Para mí -dijo textualmente- fue un alumno de la Academia de Guerra, luego profesor ayudante cuando yo era director. Después tuvo contactos conmigo en el Estado Mayor. Nadie puede sostener que era consejero mío. Consejeros no tengo. Sólo colaboradores que estudian medidas y me proponen alternativas.»

Uno de los más graves problemas que se le plantea al Gobierno militar chileno es el de la posibilidad de que la petición de extradición del general Contreras provoque en el Ejército una crisis muy similar en magnitud, aun que de signo diferente, a la que ocasionó la destitución del general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. El general Manuel Contreras, que fue nombrado por Pinochet director de la DINA a principios de 1974, y que permaneció en su cargo hasta la disolución del siniestro organismo policial, cuenta con muchos respetos y solidaridades dentro del Ejército. Algunos observadores piensan que una conducta demasiado «colaboracionista» de la Junta militar con las autoridades norteamericanas podría producir enorme malestar en el seno del Ejército. Es por eso que se descarta casi por completo la eventualidad de que los tribunales de Chile entreguen a la justicia norteamericana al general Contreras.

Lo que sí parece definitivamente claro es que los testimonios del agente de la DINA Michael Townley, norteamericano afincado en Chile, han resultado decisivos para las investigaciones. El mismo hecho de que, hasta ahora, no haya sido encausado formalmente por la justicia de Estados Unidos parece indicar que éste ha sido una especie de premio a cambio de sus testimonios.