Continúa la dura represión en Uruguay

Ayer se cumplieron cinco años del incruento golpe militar que suspendió la democracia en Uruguay y sumió a ese país en uno de los episodios represivos más oscuros y feroces del continente latinoamericano. El 27 de junio de 1973, el entonces presidente, Juan María Bordaberry, obligado por los militares, prohibió los partidos políticos, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado como órgano superior de gobierno. Desde ese instante hasta nuestros días, «uno de cada tres uruguayos ha tenido que viajar al extranjero, uno de cada cincuenta ha pasado por las cárceles y uno de cada cien ha sido torturado», según el testimonio del periodista Claudio Trobo.Resulta curioso comprobar cómo la situación uruguaya aparece marginada en la gran discusión continental sobre los derechos humanos que ha auspiciado la Administración del Presidente Carter.

Chile, Argentina y algún país centroamericano son las «vedettes» de este tema, y Uruguay, donde las desapariciones, muertes y torturas son más numerosas, proporcionalmente, que en aquellos países, apenas aparece citado esporádicamente en informes oficiales y periodísticos.

Este ensombrecimiento, conseguido a base de una persistente campaña autoaislacionista, ha permitido a los militares controlar la situación sin apenas posibilidades de salida inmediata. Si en Chile o Argentina, por seguir citando ejemplos muy próximos a Uruguay, las presiones internas y exteriores han forzado a los respectivos Gobiernos a relativos compromisos de retorno a la constitucionalidad, en Uruguay no existe nada de eso.

Los militares han prometido, sí, elecciones en 1981, pero con tales condicionamientos previos que anulan su posible efectividad. Según los planes del Gobierno para dichas elecciones, los dos partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado, deberán ponerse de acuerdo para presentar un candidato único, y si no se llega a ese acuerdo no habrá elecciones, «porque se demostrará que los partidos siguen siendo incapaces de gobernar», según la opinión de un alto jefe militar.

Sin embargo, y a pesar de la férrea mordaza impuesta a cualquier tipo de contestación o disidencia, algunos hechos recientes demuestran que no es unánime la postura de los militares uruguayos con respecto a la actual fórmula de conducción política del país.

Hace algunos meses se tuvo constancia de que un numeroso grupo de oficiales había sido detenido y torturado por expresar su disconformidad con el proceso uruguayo. Se sabe, igualmente, que otros muchos han sido pasados a la reserva.

Los analistas estiman que, dentro de las fuerzas armadas uruguayas, se libra una dura batalla entre los protagonistas de la feroz época represiva inaugurada en 1973, y los que, sin abandonar el poder, son partidarios de una paulatina apertura política. La desaparición de la escena del Gobierno de los temidos generales Vadora y Cristi da pie a algunos observadores para pensar que, poco a poco, la influencia de los militares «duros» va declinando.