Un conficto de todos el sector educativo

Se trata de dos huelgas distintas, que nadie, al parecer, tiene el menor interés en convertir en un solo gran conflicto, que afecte a todo el sector educativo. la prudencia, esa santa prudencia que hoy domina nuestra vida pública, limita a las centrales sindicales que las han convocado y paraliza apenas nacida toda iniciativa que tienda a desbordar la frontera que separa lo público de lo privado, rompiendo, de esta forma, el marco específico en el que se sitúa cada una de estas huelgas.Esta primera constatación es importante, ya que nos permite razonablemente suponer que no existe en esta ocasión la intención política de ligar estos conflictos a la promoción y apoyo de una alternativa de la izquierda en materia de enseñanza, pese a que en estos momentos existen algunos importantes aspectos de esta alternativa que se debaten a nivel político, como son las subvenciones al sector privado, la redacción del artículo veintiséis del proyecto de Constitución (el que recoge la materia educativa), que provocó la salida del representante del PSOE de la comisión redactora, y el brote primaveral de la ya vieja y debatida cuestión sobre la «libertad de enseñanza» y la enseñanza pública y privada.

Todo parece indicarnos hasta ahora que, pese a incluir en las tablas reivindicativas aspectos de fondo relativos a la participación de profesores, padres y alumnos en la gestión y control del centro y otras materias relacionadas con las alternativas políticas, los conflictos se encuadran en el conjunto de acciones que actualmente se desarrollan en torno a la mejor aplicación de los pactos de la Moncloa en materia de retribuciones, y que tampoco en este caso van a representar una ruptura del «consenso» político que caracteriza al período. Lo cual no significa que no existan fuerzas interesadas en desestabilizar el conflicto, que es la última forma de rizar el rizo en desestabilizaciones, pero hasta ahora, repetimos, las asambleas se encuentran dominadas por las centrales, que logran, sin dificultad, aislar amablemente, aunque sin discusión, a cuantos pretenden llevar las aguas a otros cauces menos tranquilos.

Sin embargo, la coincidencia de los dos conflictos, que no es casual, sino deliberadamente buscada, y el que los conflictos reivindicativos se produzcan en una situación de tensión política provocada por el visible endurecimiento de las posiciones de la derecha, y aun del mismo Gobierno, ante la redacción del proyecto de la Constitución, endurecimiento que en materia de enseñanza ha quedado plasmado en la redacción modificada por la comisión del artículo veintiséis, hace pensar que las centrales -al menos las mayoritarias- van a tratar de aprovechar el temor del Gobierno a que los conflictos desborden el marco reivindicativo y se politicen. Eso inmediatamente supondría la fusión de las dos huelgas en una sola, y aun su extensión a los distintos grados de la enseñanza todavía tranquilos, para que medie en el conflicto de la enseñanza privada presionando a las organizaciones patronales a que inicien las conversaciones del convenio y aun acepten la función arbitral del Ministerio de Trabajo. Y también, desde luego, para que en el conflicto de la enseñanza estatal se avenga al menos a prometer considerar las reivindicaciones.

Posturas ante el conflicto

Aun cuando lo previsible es que los conflictos lleguen al rápido final señalado, y que la normalidad se produzca, en el primero, al iniciarse las negociaciones con una patronal dispuesta al pacto económico dentro de los límites del acuerdo de la Moncloa y, en el segundo -el estatal-, ante la simple promesa del Ministerio de Educación de tomar en consideración las peticiones de los profesores, no puede descartarse un cambio espectacular de la situación de los conflictos, en el caso de que se produzcan despidos de profesores o el Ministerio de Educación recurra a sanciones económicas u otros expedientes disciplinarios a los huelguistas.