"Es necesario un comité español de apoyo a los presos políticos de nuestro país"

Después de cinco años de dictadura militar, Uruguay continúa siendo, como lo calificara hace tiempo un senador norteamericano, «la cámara de tortura» de América Latina, a pesar de tener competidores tan importantes como Argentina y Chile. Su tasa de presos políticos asciende hoy a unos 7.000, en una población de poco más de 2.700.000 personas, es una de las más altas en un continente azotado por la represión y la violencia e incluso del mundo. Uno de cada quinientos habitantes ha sufrido prisión y tortura en estos años, que empezaron ya a vislumbrarse desde la presidencia de Jorge Racheco Areco, en 1967. Más de 300.000,exiliados por motivos políticos o a causa simplemente del régimen de terror laboral impuesto por el Esmaco (Estado Mayor Conjunto), encargado de enviar informaciones políticas de los trabajadores a las empresas u oficinas, se han dedicado a gritar por el mundo la trágica situación de un país que hace unos pocos años era el más culto y democrático de América Latina.«Nosotros quisiéramos crear una especie de comité español de ayuda a los presos políticos uruguayos -explica Antonio G., español con veintidós años de residencia en Uruguay, donde fue detenido y torturado por los militares. Españoles hay, por lo menos, seis o siete más. Entre ellos Eugenio Bernal, que ha estado a punto de morir a consecuencia de las torturas. Es necesario que los países democráticos hagan algo para que cesen las torturas en Uruguay. Que se escuchen los llamamientos de los familiares de desaparecidos, que se establezca una solidaridad.»

Caza del hombre

La caza del hombre se sigue practicando, en este pequeño país, en el mejor estilo argentino, país cuya policía ha colaborado estrechamente en la detención y eliminación física de líderes políticos o sindicales uruguayos. Casos como el de Gutiérrez Ruiz, senador del Partido Nacional o Blanco -uno de los dos partidos tradicionales de la etapa democrática uruguaya-, asesinado en Buenos Aires, o del líder sindicalista Gerardo Gatti, desaparecido misteriosamente en la misma ciudad en 1976, no dejan lugar a dudas respecto de esta colaboración. Los testimonios difundidos en la prensa europea se repiten.Recientemente acaba de ser solicitada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la creación de una comisión investigadora especial sobre la situación en Uruguay, a petición del abogado norteamericano Robert Goldman, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Washington.

Hasta la fecha los exiliados uruguayos en España han conseguido casi doscientas firmas de personalidades de la política y la intelectualidad española, así como partidos democráticos y centrales sindicales que avalan su pretensión de creación del comité de apoyo a los presos políticos de Uruguay.