Prensa y democracia

LA EXISTENCIA de una prensa libre, independiente y pluralista es uno de los termómetros que mejor pueden medir la autenticidad de un régimen democrático. En España, país que está iniciando su camino hacia la democracia con los conocidos retrasos y meandros sui generis, no existe todavía un libre mercado democrático de la información normalizado y homologable con el existente en los países occidentales. Varios factores contribuyen a ello: en primer lugar, la herencia de cuarenta años de prensa, primero censurada y posteriormente mediatizada, lo que ha dado lugar a una deformación del mercado; en segundo lugar, la pervivencia de estructuras y funcionamientos: pertenecientes a la época dictatorial, que van desde una legislación todavía vigente -se ha suprimido el artículo dos de la ley de prensa, pero la nueva ley llamada antilibelo ha impuesto otras censuras- y que es preciso reformar totalmente, hasta una administración de justicia habituada a los antiguos procesos y que hoy está violentada por la necesidad de aplicar una legislación desfasada, caduca y eminentemente política. La existencia de la televisión como monopolio gubernamental -que no estatal-, y que se comporta financieramente como una empresa privada, con el resultado de la comptencia desleal al resto de los medios de comunicación, la ausencia de una política estatal de ayuda a la prensa, según baremos justos, democráticos y objetivos, sobre todo, y ese residuo con el cual nadie sabe lo que hacer, denominado eufemísticamente «prensa del Estado», vienen a completar la confusión del panorama.Confusión que se tiñe, debido a estas secuelas heredadas, de circunstancias dolorosas que muestran a las claras que la libertad de expresión, hoy, en España, aunque se haya avanzado considerablemente en su implantación, es todavía una aspiración tan sólo. Ahí está la ley antilibelo y los resultados -lógicos desde este inextricable e híbrido panorama jurídico y legislativo- verdaderamente increíbles para un país que se quiere democrático de algunos procesos contra profesionales de la información. Poco más de dos años después del comienzo de la desaparición del antiguo régimen vemos que continúan los procesamientos y condenas a los periodistas, los secuestros de libros y publicaciones. En los meses que vienen desde las pasadas elecciones generales, se pueden contar ocho secuestros, diecisiete procesamientos nueve sumarios más abiertos, y aunque evidentemente no estamos en los tiempos de la dictadura y la censura previa, todavía queda camino por recorrer para conseguir la plena libertad de expresión que suele existir en todo país democrático occidental.

Así, hace pocos días, hemos visto a un periodista, director de una publicación, entrar a declarar al juzgado en una camilla: se trataba de Eugenio Suárez, director de Sábado Gráfico, procesado en unión de un escritor de la talla de José Bergamín por un artículo de este último. Otra periodista, Mayte Mancebo, acaba de ser condenada en una sentencia que recuerda los mejores tiempos nazis, o los actuales de un Amin Dada; treinta y dos años de inhabilitación profesional por haber publicado en las revistas que dirigía fotografías consideradas como pornográficas. Cuando en España, hoy, hay un escandaloso «boom» de publicaciones eróticas -unas cincuenta- que se acumulan en quioscos y librerías al alcance de todos, cuyas fotografías e ilustraciones harían enrojecer al marqués de Sade, esta inquisitorial sentencia -que puede ser y tal vez se ajusta de acuerdo a la legislación vigente, no lo ponemos en duda- parece una historia de pesadilla. Todo ello, claro está, sin defender la pornografia, que nos parece una corrupción evidente del mercado. Pero su tratamiento es más político, pedagógico y hasta médico que represivo. Y su tratamiento judicial debe ser profundamente reformado. El «boom» actual de publicaciones eróticas no es más que la lógica consecuencia de cuarenta años de represión absurda e indiscriminada.

Esta irreprimible expansión del mercado de información y comunicación «eróticos» contrasta con la exigüidad actual de la prensa de partido, que, con sus 400.000 ejemplares semanales, repartidos entre doscientas publicaciones, no ha encontrado todavía la fórmula de penetración en el mercado normal informativo. Y a todo ello, con la competencia de RTVE y el peso o lastre de una «prensa del Estado» artificialmente mantenida sin en contrarle la debida solución -sobre todo para quienes en ella trabajan-, se añade la grave crisis económica que aqueja a la prensa, de la cual los últimos dolorosos capítulos son la desaparición de Libre y de Diario de Castilla. Evidentemente, el mundo de la prensa en España requiere una profunda reforma en todos sus aspectos, desde el económico y empresarial al político. Pero todo ello debe primero terminar con las secuelas de la dictadura para conseguir una auténtica libertad de ex presión y de información. Sólo cuando exista, cuando en España haya una prensa pluralista y democrática, repre sentativa de todas las tendencias existentes en el país, donde todas las voces puedan hacerse oír en plena libertad, con un mercado de información normalizado -no artificial y exacerbado como el de hoy- en el que la única intervención del Estado sea la que posibilite y proteja ese debido pluralismo, el país contará con uno de los mejores termómetros para medir la profundidad y autenticidad de su democracia.