Debate sobre Chile en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU

En un clima de ostensible tensión se inició ayer el debate sobre las violaciones de los derechos humanos en Chile, en la Comisión de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas.Pocos minutos antes de iniciarse la sesión, la delegación diplomática del régimen militar ante la ONU distribuyó entre los delegados, por vía administrativa, un documento de ochenta páginas, en donde se intenta demostrar que en Chile no se atropellan los derechos humanos, que no hay ciudadanos desaparecidos, que todos los prisioneros han sido juzgados, por tribunales civiles o militares, que existe libertad de expresión; en suma, que se respetan las libertades fundamentales.

En el documento se dice que todos los informes de las Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos humanos en Chile, como asimismo todas las resoluciones condenatorias al régimen de la Asamblea General de la ONU, «constituyen extralimitaciones que no pueden tolerarse».

«El Gobierno de Chile -se afirma en el documento de la Junta Militar- ha sido y es absolutamente claro y coherente en la posición que asume con respecto a los derechos humanos.»

Sobre esta última afirmación existe consenso entre los delegados gubernamentales consultados por EL PAÍS, en el sentido de que «lo que resulta claro y coherente es que desde el día mismo del golpe militar, hasta ahora, las violaciones y los crímenes cometidos por el régimen han sido sistemáticos».

Por otra parte, inmediatamente después que el presidente de la Comisión introdujo el tema de Chile, Sergio Diez, embajador de la Junta ante la ONU, en Nueva York, y Manuel Trucco, embajador de la Junta ante la ONU, en Ginebra, intentaron violar el reglamento al exigir al presidente de la Comisión que les concediera la palabra, en circunstancias en que debía iniciar las intervenciones el paquistaní Alí Allana, presidente del grupo investigador de la situación de los derechos humanos en Chile. Diez, Trucco y tres de sus consejeros abandonaron violentamente la sala, lo que fue interpretado por una gran mayoría de delegados «como un acto más de violencia de la Junta y sus representantes».

La Comisión Argentina de los Derechos del Hombre (Cadhu) denunció ayer en una conferencia de prensa que la proximidad del Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse en ese país, ha «obligado a la dictadura militar a admitir la existencia de prisioneros políticos y a publicar listas parciales de detenidos».

El Cadhu, por su parte, basándose en cifras publicadas por otras organizaciones humanitarias, afirma que existen 20.000 prisioneros políticos, de 20.000 a 25.000 ciudadanos desaparecidos y 8.000 ciudadanos asesinados por los servicios especiales de la Junta.

Durante la conferencia de prensa prestaron testimonio ante una gran cantidad de periodistas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que, o han sido víctimas directas de la represión y la tortura, o tienen familiares desaparecidos.