Cuarenta militares uruguayos, detenidos y torturados en su país

La detención y tortura de cuarenta y oficiales de distinta graduación, disconformes con el papel que juegan actualmente las fuerzas armadas uruguayas en el Gobierno del país, revela la existencia de graves disensiones entre los militares, en el poder desde hace cuatro años.Según políticos uruguayos exiliados en Venezuela (donde viven más de 70.000), además de los detenidos, muchos oficiales han obtenido el retiro forzoso como respuesta a su descontento con la situación que vive Uruguay.

Este país, que en otros tiempos gozó de uno de los sistemas democráticos más estables de Latinoamérica, está dominado por una de las más crueles dictaduras. militares del surcontinente. Los informes de Amnesty International y de la Comisión Internacional de Juristas sobre la constante violación de los derechos humanos equiparan a Uruguay con Argentina y Chile en tan trágica competencia. Según el periodista uruguayo Claudio Trobo, «uno de cada tres uruguayos vive en el extranjero uno de cada cincuenta ha pasado por las cárceles y uno de cada cien ha sido torturado».

Las autoridades militares, que, a través del presidente Aparicio Méndez (un venerable y manejable anciano, que fue ministro de Sanidad con el Partido Blanco hace más de veinte años), dominan al país, procesan y juzgan incluso con efectos retroactivos.

Hace tres días un periodista desempleado, Guillermo González, que trabajó hace años en el diario La Plata, desaparecido como muchos otros, fue procesado por un juez militar por un reportaje hecho en la cárcel a los miembros de una organización guerrillera. El reportaje se publicó hace cerca de tres años. El delito por el que se causa al periodista es el de «haber afectado la fuerza moral de las fuerzas armadas», figura jurídica mediante la cual los tribunales militares pueden detener, juzgar y condenar a quienes se les antoje.

Todo controlado

A pesar de las divisiones internas y de los movimientos de oposición generados desde el exterior, los militares uruguayos han creado un sistema tan cerrado de poder que no se vislumbra, a plazo medio, una posibilidad de normalización de la convivencia en el país., Los militares lo controlan todo: el Parlamento, caricatura de un Congreso democrático, está compuesto por miembros designados por las fuerzas armadas, la justicia se administra a través de tribunales militares...La mayoría de los periódicos y revistas han tenido que cerrar y sus editores y redactores exiliarse. No existe ni la autonomía universitaria ni la municipal. Las empresas estatales están dirigidas por oficiales, y partidos políticos y agrupaciones sindicales tienen prohibida su actividad.

Los militares han prometido que en 1981 habrá elecciones «siempre que los partidos tradicionales, el blanco y el colorado, se pongan de acuerdo en proclamar un candidato común y único». El comandante en jefe de la armada, vicealmirante Hugo Mara Márquez, señaló hace dos semanas que si los partidos no conseguían este acuerdo, demostrarían que «no están en condiciones de gobernar al país».

Si la situación política es caótica, no lo es menor la que atraviesa la economía. El país tiene una deuda externa de cerca de 1.500 millón es de dólares (casi 150.000 millones de pesetas), el doble de la existente cuando los militares depusieron a Bordaberry. La caída del valor de la moneda y del poder adquisitivo de los salarios es constante.

Ni siquiera la desmedida campaña emprendida por el Gobierno para atraer capitales extranjeros ha dado resultados. Una legislación creada para tal fin proporciona beneficios increíbles a los inversores foráneos. Nadie ha acudido a la llamada.