Luces y sombras de un presupuesto

EL MINISTRO de Hacienda presentó a los medios informativos los presupuestos de los entes que componen el sector público, presupuestos que, consolidados, ascienden a casi tres billones de pesetas, más exactamente, 2.782 miles de millones, de los cuales 1.433 corresponden al Estado y 1.285 a la Seguridad Social.A primera vista la cifra parece astronómica y ciertamente lo es, pero para situar mejor su importancia conviene tener presente dos tipos de consideraciones. Primero, que en una economía moderna el presupuesto es el arma principal de que dispone el Estado para llevar a cabo su política económica y que ésta no consiste sólo en dirigirla economía para evitarlos males de la inflación, el desequilibrio exterior o reducir el paro, sino también en mejorar la distribución de la renta y conseguir paliar injusticias sociales tan irritantes como las que caracterizan este país. Segundo, que la medida más acertada de la importancia del sector público no se obtiene contemplando su presupuesto en términos absolutos, sino poniéndolo en relación con el conjunto de bienes y servicios que produce el país. Desde este prisma, el presupuesto del sector público supone el 25 % del producto interior bruto (PIB) estimado para 1978, porcentaje muy inferior al de la mayoría de los países europeos.

Hechas estas salvedades, conviene destacar algunos de los rasgos más generales de los presupuestos que durante quince días naturales podrán examinar los diputados en orden a presentar enmiendas. ¡Corto plazo en verdad!

El primer punto reseñable es que los presupuestos del Estado y la Seguridad Social van a crecer en 1978 a un ritmo ligeramente superior al del PIB estimado en el pacto de la Moncloa: 23,7 y 23%, respectivamente, frente al 21,5 para el PIB. En segundo lugar, y refiriéndonos a los gastos del Estado -que según el señor Fernández Ordóñez han sido recortados, junto con los de algunos organismos, en 300.000 millones-, destacan la relativa contención de los gastos de personal -21,3%- y el fuerte aumento en el capítulo de transferencias corrientes.-32,4% y gastos de capital- incluido el fondo de acción coyuntural, 30,5%. La causa del incremento en las transferencias se halla, sobre todo, en la aportación que el Estado va a realizar al seguro de desempleo -60.000 millones de pesetas; en cuanto a los gastos de capital hay que subrayar los 40.000 millones de dotación para inversión en construcciones escolares. Con todo, la participación relativa de los gastos de capital en el total nos sigue pareciendo pequeña -un 25%-, si bien se explica por la necesidad imperiosa de cubrir ciertas exigencias de fuerte matiz político; seguro de paro, hacerse cargo de una mayor participación en la financiación de la Seguridad Social, etcétera.

Por el lado de los ingresos hay que saludar la casi completa igualdad que, por primera vez en muchos lustros, se produce entre impuestos directos e indirectos -los primeros aumentarán en un 36 y los segundos en un 24% durante 1978-. En otro orden de cosas, el ministro de Hacienda no fue excesivamente claro al tocar el tema del déficit público. Aseguró que el Estado no recurrirá a la financiación del Banco de España, recurso que es inflacionista, y que la apelación a los mercados interiores y exteriores de capitales será del orden de los 40.000 y 70.000 millones de pesetas; ahora bien, nada se nos dijo del déficit del sector público -Seguridad Social, crédito oficial, organismos autónomos-, y éste puede alcanzar una cifra importante.

Junto a este aspecto, el lado oscuro de la presentación de los presupuestos estuvo, como era de temer, en las cuentas de la Seguridad Social. Muy poco puede saberse, excepto algunas cifras absolutas y con un mínimo de detalle del presupuesto de este monstruo cuyo peso relativo en el presupuesto global consolidado le convierte en el primer ente público del país. El proyecto de ley de Presupuestos, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, es algo más explícito y permite algunas consideraciones de carácter particular. En base a esos datos es posible conjeturar que el próximo año las cuotas a la Seguridad Social crecerán un 18%, frente a un crecimiento medio del 30% durante el último trienio. Desgraciadamente, obreros y empresarios van a seguir llevando sobre sus espaldas el peso casi íntegro de su financiación.

Por el lado de los gastos, las pensiones y el seguro de desempleo consumen la parte del león -con casi 615 millones- del capítulo de prestaciones económicas, capítulo que crece en un 30% respecto a 1977. Las remuneraciones de, personal -21%- y las compras de bienes y servicios -15%- muestran crecimientos aceptables, pero no así -y sentimos decirlo en las actuales circunstancias de huelga en los hospitales de la Seguridad Social- los gastos generales, cuyo aumento del 20% demuestra que la Seguridad Social no se ha planteado todavía una reducción de plantillas necesaria en un organismo que durante años ha sido modelo de despilfarro e ineficiencia.

Como colofón hay que reconocer el avance que los actuales presupuestos representan respecto a los de años anteriores, al tiempo que se destaca el deseo del Gobierno de ordenar su actuación con arreglo a un plan coherente de actuación economica. Cabe esperar, por último, que se cumplan pronto las promesas de descentralizar el gasto, realizar cuentas regionales y revitalizar el Tribunal de Cuentas. Pero sobre todo debemos exigir al Gobierno y a su ministro de Hacienda un rápido y eficaz control de los gastos de la Seguridad Social, 1.285.000 millones de pesetas no pueden seguir camuflándose en unas abstrusas partidas presupuestarias; ahí tienen nuestros diputados una tarea inmediata que cumplir.