Billones para la Seguridad Social

En una reunión informal con un grupo de periodistas, el ministro de Sanidad, Enrique Sánchez de León, ha tenido la delicadeza de informar a los españoles que los gastos de su Departamento -antes Dirección General en el Ministerio de Trabajo sumarán 1,1 billones de pesetas a finales del presente año, muy por encima de los 860.000 millones que la SS tenía presupuestados inicialmente y que, en su día, se calificaron de equilibrados, financieramente hablando. Sin embargo, el ministro no ha explicado cómo y por qué se ha producido ese incremento del gasto; al menos no lo ha hecho con el rigor que sería de desear para el titular de un Ministerio que, él sólo, maneja un presupuesto muy similar al de toda la Administración del Estado.Al mismo tiempo, los españoles han tenido conocimiento de que la Seguridad Social -sufragada y disfrutada o padecida por todosproyecta gastar el próximo año 1.3.50.000 millones de pesetas, cantidad que.supone un 57 % más que .lo presupuestado para 1977 y un 23 % por encima del gasto real del mismo. Las cifras contradicen, cuando menos, los anunciados criterios de austeridad que el Gobierno preconiza y con los que, desde la sociedad misma hasta sus representantes en las Cortes, la mayoría está plenamen-te de acuerdo.

Pero hay más.

Hasta el momento, el presupuesto de la SS ha estado sometido a la ley de Juan Palomo (yo me guiso, yo me lo como), con un único control aposteriori, con retraso, sin rigor y tan opaco como independiente, en el menos amable sentido de la palabra. Esto parece que debería cambiar radicalmente, pero el ministro responsable de ello se muestra ambiguo y contradictorio al respecto, desmintiendo una oposición al control estatal de las cuentas de la SS, pero afirmando al mismo tiempo que el organismo no pertenece al Estado y que, por tanto, no debe corresporider a éste el control de la gestión.

Saa como fuere, lo cierto esque el control efectivo y riguroso de la gestion se impone y que, si el propio, ministro. demanda una mayor participación del Estado en la financiación de los presupuestos, parece lógico que la intervención del Estado participe en ello. Que, además, el control se extienda a otros estamentos no es descabellado. pero la-discusión de quién o quiénes deban ejercerlo no puede servir de excusa para retrasar reiteradamente el fin del actual y pretérito descontrol.

Acaso para distraer la atención, el ministro pretende hacer valer los propósitos eminentemente sociales de la SS como medio quejustifique el incremento presupuestario. Con ello, parece olvidar que la función social más idónea y auténtica que el organismo puede cumplir en estos momentos es racionalizar, de una vez por todas, gestión-y gasto, para que la labor asistencial de -la Seguridad Social deje de ser cara einsatisfactoria y parte de sus recursos puedan destinarse a otras partidas mayormente necesitadas de atención y apoyo presupuestarios.

Cuando están en danza 1,3 billones de pesetas, aportados por todos los españoles, cualquiera, incluso el ministro señor Sánchez de León 7-como responsable del destino de este presupuesto-, tiene la inexcu sable oblipción de -aun sin lucir se- dar todo tipo de explicaciones sometiéndose a un au -téntico debate.