Sin solución, por ahora, en el conflicto libreros-editores

Mientras la asamblea permanente de libreros continúa encerrada en el Instituto Nacional del Libro Español (INLE) y numerosas librerías cerraron ayer sus puertas al comercio, el gobernador civil de Madrid, señor Rosón, ha mantenido una entrevista con los representantes de los libreros, ayer por la mañana, y una reunión de trabajo por la tarde, en la que participaban representantes de organizaciones ciudadanas y de partidos políticos.

Por otra parte, en el INLE los libreros informaron a la prensa de sus puntos de vista sobre el conflicto. Tras resumir sus problemas en la frase «que los libros vuelvan a las librerías», declararon que las ocho editoriales integradas en la Asociación para el Fomento de los Bienes Educativos (Fome) mantienen el control casi absoluto de la producción y venta de libros de texto, y son las que comercian directamente con los colegios, que es lo que ha motivado la protesta de los libreros. Tras poner de manifiesto que las librerías hoy mantienen unos beneficios bajísimos y son muchas veces el único servicio cultural de los barrios periféricos, representantes de las librerías han elaborado una propuesta de abaratamiento de los textos, según ellos encarecidos por la situación del monopolio. Están dispuestos a reducir su precio en un 25 %, a repartir a razón de un 10 % para los libreros y un 15 % para los editores, en relación con los márgenes naturales de beneficios de los dos sectores. Esta rebaja en los márgenes de beneficios -añadieron los libreros-, sólo es posible si se normalizan los circuitos comerciales, es decir, si los textos vuelven a las librerías que actualmente, y según ellos, sólo venden un 5 % de la producción, mientras el resto se hace directamente en los colegios.A la hora de cerrar estas líneas, la reunión, que, aunque no tenía en principio carácter decisorio, trataba de encontrar una solución satisfactoria para todos los selectores implicados.

La Agrupación de Editores de Libros de Enseñanza ha facilitado un nuevo comunicado en el que exponen, entre otras cosas, «su sorpresa por la deliberada omisión de los hechos más elementales: a través de las librerías se comercializa el 85% de los libros de texto; los intermediarios perciben en el libro escolar entre la tercera y la cuarta parte de la cantidad que los padres pagan; hay españoles (jurídicamente colegios, asociaciones de padres, cooperativas y economatos de consumidores, etcétera) que ejercen su derecho a la venta de libros porque cumplen los requisitos legales. Las condiciones comerciales de este grupo de intermediarios son las mismas que las del intermediario librero, no produciendo por tanto ningún encarecimiento del libro; hay colegios que consiguen libros que les venden determinados libreros mayoristas o minoristas, siendo los editores absolutamente ajenos a este comercio; las relaciones comerciales entre editores y libreros se basan en las usuales normas de compra-venta entre productor e intermediario. Sin embargo, el editor concede habitualmente crédito, acepta un porcentaje de devoluciones de libros vendidos en firme, y soporta un creciente índice de impagados».

La mencionada agrupación señala también «su negativa a aceptar procedimientos, demagógicos en el tratamiento de este asunto, pues en todo sistema, dernocrático existen unos cauces de negociación y de arbitraje a cargo de los sectores interesados y de los organismos competentes». Posteriormente, afirman que «los editores ejercen su actividad profesional de acuerdo con la ley», para concluir su comunicado, que según informa la propia agrupación será el último, manifestando su deseo de que «las soluciones que sea necesario arbitrar, y la clarificación que exige de este asunto, se haga con la intervención de todos los sectores y profesionales afectados».