Dictadores y derechos humanos en América Latina

La política exterior norteamericana en sus relaciones con Latinoamérica ha sufrido en los últimos meses, desde la toma de posesión del presidente Carter, modificaciones contrarias a la situación política en el seno de las dictaduras de ese hemisferio.A mediados del pasado mes de agosto, Andrew Young embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, declaró en Venezuela que su país había apoyado en el pasado la implantación de regímenes fascistas en Latinoamérica, corroborando la toma de posición de un delegado estadounidense en la conferencia sobre derechos humanos de la ONU, Brady Tyson, que reconoció en marzo pasado el papel que su Gobierno desempeñó en la caída del sistema constitucional chileno del presidente Salvador Allende, en 1973.

Sin embargo, poco después de estas declaraciones, la Casa Blanca se apresuró a paliar en lo posible este tipo de crítica tan directa. En respuesta a Young, el Departa mento de Estado contestó que los ataques contra la Junta chilena «eran desfasados, sin reflejar los recientes cambios» En reIación con Tyson, fue la propia Casa Blanca la que negó que la interpretación de su delegado en Ginebra fuera el criterio unánime de la Administración Carter.

Poco después de iniciada la campaña de Carter en pro de los derechos humanos, el Congreso norteamericano comenzó a debatir la posibilidad de una reducción en la ayuda estadounidense hacia aquellos países que hicieran de la Declaración de los Derechos del Hombre papel mojado. Ante tal eventualidad, varias dictaduras latinoamericanas tomaron la delantera y rechazaron la ayuda de Washington: así ocurrió con Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Washington ha optado ahora por emprender una política más conciliadora, enviando al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Terence Todman, quien ha aconsejado al Congreso USA una política más flexible con los Estados de Latinoamérica, lo que ratificaría, días después, el presidente Carter ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. Ha sido precisamente la ira de Todman, en abril, y su carácter conciliador, lo que ha inducido a algunos dictadores suramericanos a estar presentes en Washington y servir de testigos en la firma del tratado.