Burgos, un ejemplo de destrucción legalizada

El reciente expolio de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo ha despertado una viva polémica en los medios de difusión a través de la cual se han puesto en cuestión aspectos mucho más amplios que los que suele contemplar un robo por importante que éste sea.Así, el bárbaro atentado ha abierto una enorme interrogante sobre la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico artístico.

¿Quién protege nuestra cultura?

Porque lo que se traduce de las declaraciones habidas por parte de los organismos responsables es un enorme confusionismo de derechos y obligaciones cuando no una burda táctica de echar balones fuera.

La Comisión Ciudadana de Burgos tiene una reciente y amarga experiencia, que muy probablemente la haga más sensible a situaciones como ésta, y que consideramos importante denunciar con el ánimo de arrimar el hombro para que de una vez por todas acabe este estado de cosas.

La catedral de Burgos es un valioso ejemplo de cómo la destrucción no sólo llega a manos. de vulgares ladrones, sino a través de la desidia o incompetencia de quien tiene la obligación de evitarla.

En este sentido la actuación de los dos organismos responsables no ha podido ser más nefasta.

El cabildo burgalés ha seguido la conocida táctica de todos los arzobispados españoles, en cuanto a la conservación del patrimonio eclesiástico se refiere: dejar que la ruina atenace al monumento y poner el grito en el cielo cuando ya no hay remedio, sin haber movido un dedo en el proceso de destrucción. Así, las cubiertas de la catedral, totalmente arruinadas, obligan al fin, y por razones de extrema gravedad, a intervenir a la Dirección General del Patrimonio Histórico Artístico, que establece los criterios de restauración y da luz verde a un proyecto que por supuesto arregla los desperfectos, pero a su vez destroza el aspecto externo de nuestra basílica, sin el menor respeto por su extraordinaria composición estética y saltándose a la torera todas las normas que en cuanto a conservación y restauración de monumentos hayan dictado los humanos.

Claro está, todo ello financiado por suscripción popular y el Estado, porque el cabildo no da más que 140.000 ridículas pesetas.

Por eso no podemos aceptar que cuando se levanta la polvareda ante el escandaloso asunto del robo de las joyas de la Cámara Santa, las justificaciones de nuestros conservadores oficiales sean tan ridículamente infantiles.

Con estupor leíamos, días pasados, en EL PAIS, las declaraciones del dimisionario director general del Patrimonio Histórico Artístico, señor Lago Carballo, en el sentido de que la responsabilidad del robo es de la catedral de Oviedo. Nosotros pensamos que si la misión del Patrimonio es la «restauración, conservación y mantenimiento de nuestros monumentos y obras de arte», según palabras suyas, esta definición cubre el control de particulares, como la Iglesia, a los que incumbe la obligación subsidiaria, como depositarios que son.

Y si la Iglesia o particular no arbitra soluciones eficaces, alguien debe existir para hacerlo o conseguir que se haga, sobre todo si. pensamos que con 160.000 pesetas se hubiera instalado un seguro antirrobo.

También es sorprendente que el señor Lago haga un llamamiento a la conciencia colectiva de todos los españoles para lograr controlar la buena administración de nuestro patrimonio, cuando durante su mandato, en agosto de 1976 la ciudad de Burgos salió a la calle en apoyo de una resolución del Patrimonio Histórico Artístico, que im pedía la construcción de una au tovía a través de los parques de Fuentes Blancas, declarados por ellos mismos históricos, y el Patrimonio, en su persona, pactó vergonzosamente, con la Administración local y el Ministerio de Obras Públicas, una solución rocambolesca, que nada cambiaba en loesencial, al margen del pueblo y en contra de sus intereses, que fueron claramente expresados en la citada manifestación.

Ya es hora de que exijamos un poco más de seriedad en nuestros responsables.Lo ocurrido en Oviedo y lo que cada día degrada poco a poco, o salvajemente, nuestro patrimonio, debe llevar a nuestras autoridades a un cambio radical de criterio, y no se trata tanto de inventar nuevas leyes destinadas a papel mojado sino llevar a la práctica normas tan claras como la dictada el 13 de mayo de 1933 sobre defensa y organización del patrimonio artístico nacional, todavía vigente y tan claramente en desuso.

Confiamos que las nuevas Cortes demostrarán más sensibilidad por nuestro acervo cultural que la ejercida por los patricios de la dictadura y sean capaces deestructurar unos mecanismos de control eficaces ante tantos desmanes.

Trabajo les va a costar deshacer tanto entuerto y desmontar tanto interés creado. Si son consecuentes en su tarea y buscan apoyo en quien crea el patrimonio, quizás lo consigan.

Que el pueblo también vibra por estas cosas, sobre todo cuando tiene una información objetiva.

La cultura y el patrimonio lo que necesitan es estar depositados en manos competentes, sensibles y cuidadosas, para superar la larga noche anticultural del fascismo.