Un programa del Centro y un Gobierno de concentración

(Partido Comunista de España)El plan de urgencia en materia económica, que ha hecho público el Gobierno el pasado día 24, desarrolla toda una serie de cuestiones planteadas previamente en la declaración programática del día 11. Con este plan de urgencia se aprecia claramente lo que de forma explícita ha venido manifestando desde hace tiempo el ahora vicepresidente para Asuntos Económicos: el propósito de restablecer «los dos equilibrios fundamentales de la economía española».

En definitiva, y sin que se haya dich6, nos hallamos ante un auténtico plan de estabilización, formulado con el propósito de frenar la subida de precios y para detener el endeudamiento exterior, y en el que se relegan a un segundo o incluso un tercer plano cuestiones sociales de tanta trascendencia como son el paro y el nivel de vida de las clases trabajadoras.

La novedad más importante de este plan de estabilización consiste en que de forma simultánea se plantea una reforma fiscal, que irá precedida de un esfuerzo recaudatorio extraordinario y previo para cubrir el déficit presupuestario. Se quiere así reconstruir la economía del aparato del Estado, que evidentemente se encuentra hoy en dificultades extremas.

«De aquellos polvos, vienen estos lodos». La situación por que atravesamos es, efectivamente, el resultado de más de tres años y medio de Gobiernos «aperturistas» y «reformadores», que no prestaron a los temas más estrictamente económicos la mínima atención indispensable para evitar un deterioro que se fue haciendo cada vez más acentuado. La crisis energética no se abordó a tiempo de forma decidida. La «huelga de inversiones» del gran capital se consideró como algo perfectamente normal. La flotación de la peseta, oficialmente establecida en febrero de 1974, no se utilizó para prácticamente nada, y en vez de aceptar realmente un tipo de cambio fluctuante, se prefirió seguir con el método de las devaluaciones clásicas.

Pero todo lo anterior es historia pasada, y de nada serviría rememorar aquí de forma pormenorizada las numerosas críticas que día a día se le hicieron a los sucesivos Gobiernos por su inhibición interesada en materia económica. El caso es que el segundo Gabinete Suárez no ha tenido ya más remedio que enfrentarse con la cruda realidad, simplemente porque la situación alcanza su cota más grave desde que la crisis económica y política se inició en 1973.

La verdadera cuestión ahora es apreciar si la forma en que el Gobierno se ha enfrentado con los problemas económicos es la más idonea. Personalmente, creo que no, que este plan de urgencia es inadecuado por su carácter antisocial, insuficiente por la escasez de recursos con que se emprende, y lo más seguro que imposible de llevar a la práctica por la falta de base política.

El plan es inadecuado por su carácter antisocial, lo que se refleja cuantitativamente en la aspiración del Gobierno de que la masa salarial no crezca este año en más de un 17 %, cuando simultáneamente se anuncia que el coste de la vida se situará entre un 22 y un 23 %. Aparte de que el crecimiento de los precios al consumidor seguramente experimentará en la realidad un alza superior al indicado, lo que ya está bien claro es que esa diferencia inicial de cinco o seis puntos entre masa salarial y coste de la vida significa que el peso de la crisis se quiere seguir cargando sobre los trabajadores.

Difícilmente va a lograr el Gobierno el clima de cooperación al que pretendidamente aspira para «moderar el crecimiento de los salarios», cuando de hecho lo que plantea es la disminución del nivel de vida de la inmensa mayoría de los españoles, esto es, una contracción del consumo popular, que incluso podría acentuar la crisis, si como es previsible la inversión no experimentase. una expansión mínimamente suficiente para compensar la caída de la demanda.

En segundo término, el plan de urgencia, decía antes, es insuficiente para la escasez de recursos con que se emprende. El rendimiento del impuesto extraordinario sobre el patrimonio no superará seguramente los 10.000 millones de pesetas. El recargo excepcional sobre las rentas más elevadas del trabajo personal difícilmente alcanzará los 7.000 millones de pesetas, y del aumento de la imposición sobre el lujo, para determinados conceptos, no se obtendrá una incidencia sustancial por la contracción que, sin duda, va a comportar en el consumo. A la postre, sumando a esos 17.000 millones de pesetas la emisión extraordinaria de deuda pública de 20.000 millones -una cifra irrisoria- resulta un total, para los próximos meses, de sólo 37.000 millones adicionales. Con tan menguados recursos será técnicamente imposible cumplir las promesas de corregir la situación de paro, mejorar el seguro de desempleo, y, en última instancia, comenzar la superación de la crisis.

Es cierto que la reforma fiscal podrá suponer un aumento recaudatorio ya muy notable en 1978, por la mayor presión efectiva en la imposición directa sobre personas físicas y sociedades. Sobre todo, si el impuesto extraordinario sobre el p,atrimonio y el recargo excepcional sobre las rentas de trabajo personal sirven para esclarecer las fuentes tributarias más importantes de este país. Pero, en cualquier caso, los problemas más perentorios están ahí, y de lo que ahora se trata es de saber si la situación en vez de mejorar va a seguir deteriorándose y al final ni siquiera habrá reforma fiscal. Lo más preocupante es pensar si, en fin de cuentas, en el otoño nos vamos a encontrar con un escenario político y social tan difícil que incluso puede traducirse en dificultades para continuar con el proceso de normalización democrática del país. Esta última reflexión es la que precisamente me lleva al tercer punto antes destacado, de si el plan será posible cumplirlo con la base política del actual Gobierno.

Creo que será muy dificil que el plan económico de urgencia pueda aplicarse tal como se ha esbozado, y desde la plataforma política en que ahora se apoya. Con las pretensiones estabilizadoras, el equipo económico de Suárez va a tener dificultades muy serias con las centrales sindicales. Con la reforma fiscal es esperable una fuerte reacción de la oligarquía financiera. Y esos dos futuros enfrentamientos se mezclarán con las posibles disensiones que puedan producirse en el seno de la UCD, como consecuencia de las inevitables posturas conservadoras que irán surgiendo frente a un programa económico de corte socialdemócrata radical en lo que respecta a los temas fiscales y financieros.

El momento, sin entrar en toda una serie de pormenores -que por lo demás no contribuirían a mejorar el análisis-, es para una profunda reflexión, que puede hacerse sin esperar a la cuantificación del plan de urgencia que oficiosamente el Gobierno ha prometido.

El verdadero fondo del problema en una visión del presente como historia y en función de la experiencia ajena, consiste en decidir si vamos a seguir algo parecido a la vía de la resistencia continua y esforzada a lo que en Italia se llama el «compromiso histórico», o si, por el contrario, vamos a asumir una política de verdadera responsabilidad nacional. La sociedad y la economía italianas están en permanente crisis, por lo menos desde 1964, por la resistencia de la derecha oligárquica a aceptar como inevitables toda una serie de profundas reformas que son necesarias. En España podríamos ahorrarnos el equivalente a esos trece años de crisis si las principales fuerzas políticas y sociales supieran asumir una política de responsabilidad nacional que permitiera conjuntar esfuerzos para superar la crisis y, simultáneamente, se empezara a transformar el modelo de crecimiento oligárquico y autoritario de los años sesenta y de los primeros setenta en un nuevo modelo de desarrollo con formas democráticas para las instituciones, y con profundas reformas en los sectores agrario y energético, en las empresas públicas, etcétera.

Para terminar, lo que hoy preguntamos a los hombres de la Unión de Centro, y en definitiva del Gobierno, es si realmente van a contar con las fuerzas políticas suficientes para superar la crisis. Día a día, la idea planteada por el PCE de un Gobierno de concentración nacional, para asumir responsablemente toda la gravedad de la situación, va extendiéndose como la única solución posible. Cada semana que pase se irá haciendo más evidente esa necesidad. En noviembre, cuando ya estén en marcha las negociaciones para los convenios colectivos -o las tensiones sociales que podría provocar su cancelación-, la situación será todavía más difícil que hoy. ¿Por qué esperar a noviembre?