Las limitaciones de un buen programa

(Grupo de economistas del PSOE)El anuncio de algunas medidas económicas -especialmente el levantamiento del secreto bancario, la implantación del delito fiscal y la moratoria fiscal para «reconocer» declaraciones falsas- habían producido entre la burguesía más reaccionaria una «consternación» e hizo pensar a más de un ingenuo en el posible fracaso del nuevo equipo económico en su tarea de modernizar el país, a causa de la oposición despertada y avalada por el Wall Street Journal. La izquierda debería jugar entonces un papel de apoyo relativo al Gobierno para que éste -atacado por la derecha (¿?)- no se viese desasistido y el socialismo se viese en la eventualidad de heredar un sistema económico capitalista en crisis, en lugar de sano.

Sanear el sistema -en un régimen capitalista- significa aumentar la tasa de beneficio. Ciertamente el empresario ha visto deteriorarse sus beneficios de forma importante y sabe que el plan económico del Gobierno hará posible la recuperación de la burguesía. Por todo esto, la consternación es resignada y la oposición de la derecha reaccionaria a las medidas no es más que un intento de rebajar el alcance de algunas de ellas.

En efecto, el Gobierno da prioridad al problema de la inflación y su solución la basa fundamentalniente en la reducción del salario real como forma de reducir el coste de la mano de obra en las empresas. A cambio promete una reforma fiscal y adelanta unas medidas insuficientes para hacer posible la asignación de recursos significativos a actividades creadoras de empleo o de protección del paro, y al mismo tiempo reforma el sistema financiero de forma incompleta y racionaliza la economía en un sentido más liberal.

Qué duda cabe que muchas de las medidas son positivas en su enunciado, pero el problema hoy ya no es de retórico de lo que ser bueno o malo, sino de la efectividad real de las medidas positivas, esto es, sólo nos preocupa que se cumplan y se controlen democráticamente; y de denuncia constante de lo que va en contra de los intereses de la clase trabajadora.

En este último sentido entiendo que existen tres peligros graves en el programa del Gobierno. El primero es el de considerar las subidas de salarios como la principal causa -o remedio- de la inflación, problema prioritario para el Gobierno. En realidad los salarios sólo representan el 55% de la renta nacional; una gran parte de las subidas de precios provienen de alzas autónomas de los productos importados, la devaluación del 25% producirá un aumento del coste de la vida de por lo menos tres puntos; el exceso de capacidad en las empresas y la huelga de inversiones es responsable de la baja productividad y del encarecimiento de los costes unitarios; los defectos estructurales de la agricultura, la especulación del suelo, el poder de los monopolios, en fin, son factores distintos del salario que empujan al alza de precios, La frustración de la clase trabajadora sería tremenda y es probable que lo sea, si después de soportar una reducción del salario real, del orden del 9% en un año, y todos los costes de la crisis a corto plazo, los efectos del control salarial son escasos en la reducción de la inflación y ha de ser acompañada de restricciones monetarias que provoquen más paro.

Cierto que, en previsión de la posible frustración de la clase trabajadora, se le ofrece una reforma fiscal como promesa, por supuesto bienvenida, de una redistribución de rentas que compense en el futuro la reducción de salarios actual. Pero me temo que lo he dicho más claro yo, que el Gobierno, porque, y este es el segundo peligro, el Gobierno no ha explicado qué va a hacer con la reforma fiscal. Es urgente y esencial la generalización, actualización y mejora en todas las prestaciones de la Seguridad Social y el establecimiento de la educación pública y gratuita para todos como los dos fines prioritarios en una nueva asignación de recursos hecha posible por una reforma fiscal.

El tercer peligro es el de creer que «aquí no ha pasado nada», cuando la actitud debe ser que «aquí tiene que pasar algo». Me refiero a los necesarios cambios institucionales. No basta con reformas fiscales y medidas de urgencia y de pretendido equilibrio, sino que hace falta reconocer una indudable democratización real que en el plano económico pasa por comprender que puede ser necesaria la nacionalización en el caso de empresas que sólo se muevan en una perspectiva egoísta y de boicot al progreso; que es necesaria e ineludible la gestión de la Seguridad Social y de los servicios de empleo por los trabajadores, que es lo mismo que decir que los sindicatos de clase, democráticos, y acabar con el autoritarismo en las empresas.

Conscientemente no entro a analizar la coherencia técnica del programa. Pienso que el «equipo económico» es el mejor que podía haber encontrado la UCD. El problema no es de personas, sino ideológico, y en este sentido se presiente un relevo rápido para él que los socialistas debemos estar preparados cuando además de la razón tengamos una Constitución democrática, unos sindicatos fuertes y municipios democráticos.