Falsos problemas, falsos descuentos, falsos interlocutores

Cuando se creó el Seguro de Enfermedad se intentó -e incluso se legisló- que tuviera en sus ambulatorios sus propias farmacias. Los farmacéuticos se opusieron con tesón. Fue una batalla perdida por el INP en toda la línea. Hasta 1962, incluso los hospitales, por grandes que fueran, habían de comprar los medicamentos necesarios para sus servicios en la farmacia de la esquina. Las recetas de los enfermos en asistencia ambulatoria siempre han tenido que pasar por el monopólico circuito de distribución minorista y sus altos costes. Dadas las ineficiencias de éste era, y es, lícito presuponer que unas oficinas de farmacia gestionadas por la Seguridad Social e insertas en sus ambulatorios originarían costes sociales muy inferiores a los actuales.Pero no es en este estrecho planteamiento economicista, que es el que en su día se hizo la Seguridad Social, donde reside el quid de la cuestión. No se trata sólo de sustituir las farmacias privadas por farmacias públicas y de aprovechar las economías de escala inherentes a su concentración. De lo que se trata es de alterar la estructura de la prestación de servicios sanitarios, ajustándola a las necesidades técnicas modernas logrando, entre otras cosas, que el experto en drogas sea parte integrante del equipo sanitario.

Y esta, más que batalla, guerra, de la sanidad española sí que la ha perdido el INP en todos los frentes. Tienen parte de razón los fármacéuticos cuando al caos y a la insuficiencia de los servicios sanitarios de la Seguridad Social oponen la existencia de un amplio número de farmacias desparramadas por todo el país, con turnos de guardia permanentes y proporcionando un servicio, muy caro y muy por debajo de lo deseable, pero proporcionándolo al fin.

¿Qué iban a esperar del INP los farmacéuticos como profesionales ante el ejemplo de la política seguida con los médicos? ¿Un trato similar al recibido por los MIR? En muchas poblaciones con elevadísimo número de habitantes que carecen ¡todavía! hasta de ambulatorio, ¿dónde va a instalar el INP sus farmacias?

Malos interlocutores son, por tanto, los viejos políticos del Ministerio de Trabajo y los directivos de siempre del INP para negociar con los farmacéuticos sobre su futuro.

Pero tampoco son buenos negociadores para defender frente a éstos los intereses de los trabajadores.

La Seguridad Social, al ampliar su ámbito ha ido configurándose como monopolio de demanda de los medicamentos y, por tanto, también de los servicios de distribución farmacéuticos. Si en España se reconociera este hecho y desapareciera la actual dualidad de competencias entre Dirección General de Sanidad e INP, en cuya virtud la primera fija los precios (tanto de los medicamentos como el margen de farmacia), pero no los paga; y la segunda los paga, pero no los discute, se daría un gran paso adelante.

Una administración sanitaria unificada y controlada, además, por Parlamento y sindicatos obreros, se vería forzada a usar de su poder en el mercado como monopolista de demanda. Tratando de obtener los precios más bajos posibles negociaría con los monopolios existentes por el lado de la oferta: los de las medicinas con los fabricantes; el de la distribución con el monopolio colectivo que son los farmacéuticos. Así, todos los protagonistas interpretarían el papel que, hoy por hoy, les corresponde en este drama para el que los economistas tenemos un título: el de monopolio bilateral.

La Seguridad Social hasta ahora no ha optado por tal solución más que marginalmente. Como es otro ente el queda el precio, el INP no negocia sobre precios, sólo exige descuentos. Y, claro está, negociar sobre descuentos es negociar con desventaja.

En realidad, pues, las negociaciones entre farmacéuticos y Seguridad Social son asimétricas. Aquéllos quieren elevar el precio de sus servicios disminuyendo o suprimiendo el falso descuento. Esta sólo puede pretender que el descuento se mantenga. ¿Por qué no que el precio baje?

De hecho los descuentos no han hecho sino decrecer desde que se crearon. Esto es, el precio que la Seguridad Social paga por los servicios de distribución minorista no ha cesado de aumentar.

El descuento inicial del 6,66 % fijado en 1948, y parcialmente cubierto con la subida del margen del 25 % al 30 %, fue elevado hasta el 11,3 % en 1953. Esta sí fue una apreciable rebaja de precios consentida por los farmacéuticos. Por contra, los convenios de 167 y 1972 redujeron el descuento (elevaron el precio) a través de una absurda escala que primaba a las farmacias de mayores ventas. En 1971, el descuento se situaba como media en torno a un 10 %. Desde 1972 bajó al 7,5 %. En febrero de 1974 baja de nuevo ligeramente. En una palabra, los descuentos son hoy seguramente los más bajos de la historia; esto es, los precios que paga la Seguridad Social a los farmacéuticos por sus servicios no han dejado de crecer.

La solución a los problemas suscitados está claro que no radica ni en seguir como hasta ahora, ni en acceder de plano a las peticiones de los farmacéuticos. Esta última sería una salida que a largo plazo lamentarían los propios farmacéuticos. De momento obtendrían un respiro económico; pero ante las nuevas expectativas de beneficio, otra vez se forzaría el ritmo deapertura de farmacias, caerían las ventas y los farmacéuticos estarían en la posición de partida, tras haber hecho pagar al resto de los españoles una importante factura.

Para que la supresión del descuento (léase alza del precio) sea económicamente racional ha de venir acompañada de unas restricciones mucho más estrictas a la apertura de nuevas farmacias. Y esto, ¿lo van a consentir los estudiantes de farmacia o sus padres?

Soluciones

Sólo dos vías parecen entonces practicables:

1. Eliminar los descuentos y, conjuntamente, todas las demás restricciones a la libertad del mercado. Suprimir la intervención del margen y dejarlo fluctuar libremente. Permitír que cualquiera, y por supuesto unos grandes almacenes comerciales, o un sindicato, o una asociación de consumidores, pueda ser propietario de oficinas de farmacia, sin sujeción a distancias mínimas. Y, desde luego, que la autoridad sanitaria única, negocie el precio, no el descuento, que por los servicios de distribución prestados a la Seguridad Social van a cobrarle los farmacéuticos.

2. Que los farmacéuticos se dispongan a dar la batalla contra los laboratorios y con el apoyo de los médicos para conquistar el espacio profesional que les corresponde ocupar: el de la información farmacológica, el del trabajo en el equipo sanitario, en los controles de calidad hospitalaria, análisis bromatológicos, etcétera. En esa batalla la nueva Seguridad Social y la sociedad española les prestaría su apoyo como guardianes del asalto químico a la vida que deben ser, ofreciéndoles puestos de trabajo atractivos, bien remunerados; negociando la paulatina concen tración de las farmacias y su medi do traslado a los centros sanitarios de barrio o rurales que han de crearse. Una solución, en fin, a largo plazo, inserta en la reforma de la Sanidad española, y que toca al problema verdaderamente latente en el fondo: el del capitalismo moponopolista internacional de los laboratorios farmacéuticos.

Se opte por uno u otro camino es obvio que en el IN P no hay hoy interlocutores válidos para los farmacéuticos. Las organizaciones sindicales es indispensable que estén presentes en la negociación; si se adopta el primer camino, como defensores de los intereses de los trabajadores (es su salud y muchos miles de millones de pesetas lo que está en juego); si se sigue el segundo, como expresión, en este campo concreto, de la unión de las fuerzas del trabajo y la cultura.

Por una y otra vía -aunque con costes diferentes- se puede avanzar en la dirección apuntada ya por el doctor Jaime Vera terciando en una polémica que entre la Mutualidad Obrera y la Corporación Farmacéutica tuvo lugar nada menos que en 1914. Que «el farmacéutico es su ciencia lo que ha de administrar y no mercancías, aunque sean farmacéuticas».