La huelga de los agricultores remolacheros

Los motivos que han provocado el conflicto -con carácter de huelga- de los agricultores cultivadores de remolacha, en varias provincias, son varios, pero con un común denominador: la recusación de sus representantes sindicales.Esta recusación no es de índole política -aunque alguna comisión campesina, en la órbita del Partido Comunista saque partido en esta ocasión-, sino que está justificada por la ligereza y arbitrariedad con que han funcionado estos representantes sindicales, que han actuado sin consultar con sus representados, y atentos, tan sólo, a las sugerencias de la Administración o a los acuerdos de ésta con la industria azucarera, sin celebrar asambleas de agricultores para explicarles y pedir su conformidad antes de hacer firmes esos acuerdos intersectoriales. Este modo de actuación ha sido el característico de los años pasados, pero ahora, al verse sorprendidos los remolacheros con variaciones de precios al entregar su producto, lo que ignoraba la mayoría, protestan con razón.

Se dan dos casos distintos entre los agricultores y sus relaciones con los representantes sindicales y las industrias azucareras. En la región leonesa -la más afectada- hay que distinguir entre los agricultores que contrataron directamente con una industria azucarera, y los que dieron su representación, para contratar a la correspondiente Uteco (Unión Territorial de Cooperativas del Campo).

Los agricultores que pactaron, jurídicamente, con una industria, sabían que, al entregar su remolacha, cobrarían una cantidad fija por el cupo contratado, y si se superaba éste, el excedente, sería objeto de otro precio. Pero aquí intervinieron los presidentes de las agrupaciones presidenciales de remolacheros y acordaron, intersectorialmente, unas rebajas, que modificaban el precio de la totalidad de la remolacha entregada, de tal modo que el agricultor ignora el precio que va a percibir, y generalmente se cree perjudicado por este acuerdo, tomado sin su consentimiento, que modifica el contrato anteriormente pactado con la industria. Ahora se niega a entregar su remolacha sin saber exactamente lo que va a percibir.

Hay que recordar -antes de hablar del otro caso de los agricultores remolacheros- que la equivocada política agraria seguida por el anterior régimen se reflejó en el sector remolachero con la negativa a toda elevación del precio de la remolacha. La consecuencia fue el abandono de este cultivo por los agricultores y la disminución de producción hasta bajar a cuatro millones de toneladas de esta raíz, equivalentes a 550.000 toneladas de azúcar, aproximadamente. Esto ocurría en 1973, justo cuando en el mercado internacional subía el azúcar hasta 92 pesetas el kilo. Como el consumo nacional era de un millón de kilos hubo que importar 460.000 toneladas de azúcar en la campaña 1974/1974 y 585.000 en 1974/1975, pagadas a un promedio de cincuenta pesetas kilo, resultando así una salida de más de 50.000 millones de pesetas en divisas, que le costó al Estado español importar ese azúcar que hubiera podido producirse en España si a los agricultores se les hubiera aumentado el precio de la remolacha, pagadero en pesetas.

A la vista de este desastre económico el Gobierno elevó el precio de la remolacha para la campaña 1975/1976, otorgando incentivos para el incremento del cultivo durante un trienio. A estas medidas respondieron los agricultores con un incremento de cultivo que cubrió las necesidades de consumo en España, desmintiendo de este modo las aseveraciones de que el sector agrario no está capacitado para responder a la demanda nacional.

Los representantes oficiales de los agricultores, dispuestos siempre a seguir -y aun pasarse- a los deseos de la Administración, empujaron a los agricultores a sembrar remolacha, asumiendo responsabilidades arriesgadas. Ahora el Gobierno, con unos excedentes de azúcar, aumentados con unas importaciones de Cuba concertadas para varios años y con alto precio, se desdice de lo ofrecido a los remolacheros y nada quiere saber de los excedentes que se prevén en esta campana, de unas 130.000 toneladas sobre los 1.080.000 toneladas garantizadas.

Hay unos miles de agricultores -los del segundo caso mencionado anteriormente- que las Uteco de Zamora y Salamanca les ofrecieron contratar, en nombre de ellos, con las industrias azucareras. Pero éstas no aceptaron ese tipo de contratación; los responsables de las Uteco no informaron debidamente a sus representados de este hecho, y ahora esos cultivadores se encuentran indefensos, sin contrato, al momento de entregar la remolacha, teniendo que aceptar lo que se les ofrezca. Como es natural,su indignación contra los responsables de las Uteco es grande, y les acusan de haber aprovechado su representación. para canalizar por esos organismos el suministro de abonos, herbicidas, etcétera, y los cobros de la remolacha por la correspondiente Caja de Ahorros, obteniendo indudables beneficios a cambio de dejarles en la estacada, sin contrato, frente a los descuentos que se les quiera hacer. Los agricultores remblacheros recusan por todo esto a sus representantes sindicales.