El Gobierno publica un inventario de 5.000 piezas incautadas durante la Guerra Civil y la dictadura con ocho meses de retraso

Por fin hoy miércoles, con casi ocho meses de retraso respecto a las promesas de la Ley de Memoria Democrática, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado uno de los inventarios más esperados por tantas familias castigadas por el franquismo: la investigación de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ha documentado que 5.126 piezas, entre lienzos, joyas, cerámicas, esculturas, muebles u otros objetos incluidos en las colecciones de los museos estatales gestionados por Cultura, proceden principalmente de incautaciones realizadas por la República para salvaguardar los bienes artísticos durante la Guerra Civil, que nunca fueron devueltos a sus dueños por la dictadura cuando acabó el conflicto. Muchos terminaron en museos, pero también universidades, paradores, iglesias y distintos edificios públicos, o incluso privados. Lejos, en todo caso, de sus propietarios.

Este mismo martes, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, reiteraba que este “está comprometido con la Memoria Democrática”. Tanto que aprobó una ley ad hoc, en octubre de 2022. En el artículo 3, ampliaba la condición de víctima a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”. Y en el 31 reconocía “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”. Además, prometía en un año una “auditoría” de todo lo sustraído. A partir de entonces, sin embargo, la misma ley que abrió la puerta e hizo florecer las reclamaciones empezó a ralentizarlas.

El tiempo pasó, mientras los tres abogados consultados por este periódico, responsables de al menos seis peticiones de restitución, denuncian que seguían chocando con evasivas. Cultura lanzó una web con información sobre un puñado de casos. Pero no ha sido hasta hoy cuando esa plataforma se ha llenado por fin con un material a la altura de las reclamaciones de las víctimas. Con la digitalización, además, de documentación tanto de la Junta Delegada de Madrid en la época republicana como del Servicio de Recuperación Artística, institución franquista encargada, al final de la guerra, de devolver las piezas incautadas. “Había muchas familias e historiadores interesados en que desbloqueáramos esto. Y además estamos haciendo un acto de justicia histórica”, ha declarado Urtasun.

La lista de los centros donde la investigación de Cultura ha hallado alguna pieza expoliada incluye el Museo del Traje, el Arqueológico Nacional, el Museo del Romanticismo, el de Antropología, el Museo de América y el Sorolla, en Madrid; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias Gonzalez Martí, en Valencia; y el Nacional de Escultura, en Valladolid. Además, en el inventario figura una pintura con el mismo origen que descansa en la propia sede de Cultura. En el Museo de Artes Decorativas, el estudio ha encontrado los únicos fondos de su informe que proceden de expolios llevados a cabo directamente por el franquismo: varias obras de la colección Weissberger, apellido del coleccionista y marchante al que fueron incautadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Fuera del campo de actuación de Cultura, sin embargo, queda muchísimo por indagar. En el inventario publicado, los investigadores no destacan ninguna pieza especialmente valiosa. Se sabe que las hay, pero en otros sitios: museos autonómicos y municipales, universidades, otros ministerios o instituciones públicas. De hecho, la ley prometía que la auditoría bucearía también en “los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial de los que fueran titulares los Ateneos, Cooperativas y entes asimilados”. Aun así, he aquí, al fin, hechos. Y la primera respuesta concreta a las críticas.

“Estamos muy sorprendidos, porque siendo [Miquel] Iceta, antes, y ahora Urtasun ministros de izquierdas, no se hayan esforzado para que el proceso se agilizara. Nos hubiéramos esperado que, aparte de la reparación moral, se mojaran aplicando la ley”, tercia Laura Sánchez Gaona, abogada de Caliope Art Law Boutique, encargada de al menos tres casos de reclamaciones. Incluido el de Pedro Rico, “que encima fue alcalde republicano de Madrid”, lamenta. Y que fue celebrado en un acto homenaje a varias víctimas, en octubre del año pasado, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un relato cercano al de los otros casos estudiados por este diario: personas o instituciones represaliadas; obras de arte secuestradas de las que se pierde el rastro; hasta que un heredero, en busca de justicia, acude a un letrado. Aunque, durante meses, tuvieron que sumar al dolor del pasado una nueva frustración: afrontar el silencio o incluso “la resistencia” del Gobierno.

Además, Rico apareció entre los primeros citados en la web donde Cultura recopilaba datos, y donde le atribuyó tres cuadros, hoy en el Museo Nacional del Romanticismo y en el del Traje, reclamados por Sánchez Gaona. Junto con lienzos en los museos de Bellas Artes de Asturias y Valencia, entre otros. Y con cinco obras en el Museo Casa de Colón de Las Palmas, sobre cuya devolución el Cabildo de Gran Canaria abrió un expediente “de restitución de material”, bloqueado desde que esta institución planteó a Cultura a quién correspondía la competencia, según la abogada.

Su asombro aumentó cuando el Ayuntamiento de Burgos, dirigido por el PP con el apoyo de Vox, partidos contrarios a la ley la Memoria Democrática, devolvió recientemente a la familia De la Sota y Llano un retrato requisado por los sublevados franquistas en 1938. “Han ido mucho más rápidos que el Estado”, tercia Rafael Mateu, del despacho que llevó la exitosa reclamación, Ramón y Cajal. Y que ahora solicita a la Secretaría de Estado de Turismo que entregue dos cuadros (Retrato de una dama y Retrato de un caballero, del pintor Felipe Diricksen), expuestos en el Parador de Almagro, a su dueño “legítimo”, Nicolás Sánchez-Albornoz. Tanto él como su fallecido padre, Claudio, a quien fueron incautadas las obras, sufrieron persecuciones y el exilio por el franquismo, como subraya la petición oficial, que alega documentos de la época para demostrar la propiedad. De hecho, Sánchez-Albornoz también fue homenajeado en otro acto con la presencia del presidente del Gobierno, en octubre de 2022.

Los herederos del coronel José Sicardo también tienen razones evidentes para reclamar. Entre otras, su propia firma. “Colección Sicardo” escribió el militar en el reverso de algunos cuadros que adquirió. Y todavía hoy puede leerse, como asegura su nieto, Carlos Colón. Lo comprobó a través de fotos, eso sí, porque los lienzos ya no están en manos de la familia. Desde hace ocho décadas. Es decir, desde que, en mayo de 1939, el franquismo las incautó en el domicilio que Sicardo, gobernador militar de Alicante durante la Guerra Civil, compartía con su esposa, Mariana Carderera.

Ella también era dueña de un tesoro, entre otras cosas porque su antepasado Valentín fue biógrafo de Goya y coleccionista de sus lienzos. Pero debieron exiliarse. Tras muchas vicisitudes, recalaron en Puerto Rico. La abuela, según el nieto, logró esconder algunos durero y van dyk en el forro de las maletas. Sin embargo, decenas o cientos de piezas quedaron en su hogar. Y el servicio de recuperación del patrimonio artístico nacional (SPDAN) se llevó “todos los objetos de arte y de valor”, según las actas citadas en la reclamación que el despacho Cremades y Calvo Sotelo presentó hace un mes en nombre de Colón y otros siete herederos ante Cultura. Algunos lienzos, según los protestantes, han ido a parar incluso a las paredes de un ministerio.

Los abogados achacan los retrasos a falta de voluntad o interés del Gobierno, o el temor de “abrir la caja de Pandora” y recibir “una lluvia de reclamaciones”. “Me temo que hay una resistencia y opacidad para ofrecer datos”, apunta el catedrático Arturo Colorado Castellary, principal investigador del expolio durante la Guerra Civil y el franquismo. Mientras seguían faltando inventarios oficiales, sus indagaciones despejaron el camino para algunas de las reclamaciones. En un informe que le encargó el Prado, Colorado halló al menos 70 obras sustraídas injustamente a sus dueños en la colección del museo. Entre otras, Escena de majos y celestina y Asalto a la diligencia, ambas atribuidas a Eugenio Lucas Villaamil y pertenecientes a Pedro Rico. Y un sorolla del Marqués de Villaronga, así como piezas de las iglesias de Yebes y Pareja, en Guadalajara, todas ellas reclamadas por Laura Sánchez Gaona en nombre de los herederos.

Aunque las pesquisas del profesor continúan: “Hubo un movimiento de obras como jamás se ha producido en España. El franquismo devolvió una parte, pero otra la entregó”. Colorado celebra al Prado como ejemplo de colaboración. Aunque cita unos cuantos casos de museos, universidades y administraciones en el sentido opuesto. Y apunta a decenas de miles de obras por toda España que esperan a volver a casa. O, al menos, a que sus dueños sepan dónde se encuentran y vean reconocida su propiedad, antes de decidir igualmente donarlas a un museo o dejarlas donde están.

Las fuentes consultadas añaden otra explicación de los prolongados retrasos: presuntas disputas internas entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el de Cultura. Desde el primero, dirigido por el socialista Ángel Victor Torres, contestan: “Se indicó a cada ministerio cuáles eran sus tareas en relación con la aplicación de la ley. La cuestión de obras artísticas expoliadas compete a Cultura”. Y agregan: “Un inventario de todo tipo de incautaciones es una tarea ardua, no abarcable en un espacio corto de tiempo como se preveía”.

Cultura ofrece otra perspectiva. Asegura que la auditoría lleva “semanas” lista, y que tan solo la coincidencia con tantas campañas electorales impidió que se anunciara antes. Urtasun ha subrayado durante la presentación que el suyo es el “primer ministerio en cumplir con el mandato de la Ley de Memoria Democrática”. Y atribuye el retraso también a otras razones: “Desde que asumí el cargo, en noviembre, fue una prioridad absoluta. No lo hemos presentado hasta que estuviera todo el material y ha sido un trabajo inmenso”. Además, el ministro quiso esperar un informe de la Abogacía del Estado que aclarara los criterios generales para las devoluciones. El documento matiza, por ejemplo, que la exposición “pública, notoria y pacífica” del bien durante años puede haber dado pie a la reversión de la propiedad hacia el Estado. Aunque habrá que tener en cuenta también hasta qué punto el dueño original lo sabía. Más fácil parece la cuestión de obras guardadas en depósitos. Habrá que ir, en definitiva, caso por caso. Aunque el informe permite reclamar por la vía civil, sin esperar aún más, al desarrollo legislativo de la Ley de Memoria Democrática.

Urtasun subrayó la firme intención del ministerio de devolver todos aquellos bienes cuyos propietarios puedan ser identificados, a partir de ya mismo. Aunque, tras la publicación tardía, los reclamantes aún guardan escepticismo. Exigen rapidez. Y el apoyo que no han sentido hasta ahora. “Mis abuelos tuvieron que salir de España para salvar sus vidas. Perdieron propiedades, y una colección importante. Es frustrante ver que encima tenemos nosotros que contratar a unos abogados para que nos devuelvan lo que por ley tendría que ser nuestro”, se queja Colón.

El heredero de los Sicardo-Carderera apunta que han renunciado a perseguir las obras que están en manos privadas. Como aquellas que, según le consta y denunció Colorado, se quedó la falsa marquesa de Arnuossa, que al parecer aprovechó el caos de esos años para llevarse un botín de algún almacén simplemente alegando que las piezas eran suyas. “No queremos perjudicar a terceras personas que no tuvieron nada que ver con lo que hicieron sus antepasados. Nos centramos en las que están en manos públicas. Los Gobiernos sí son herederos de los pecados de los anteriores”, alega Colón.

“Al haber desaparecido las obras de su entorno, nuestros clientes necesitan que el Estado les haga un inventario. Es lo primero que pedía nuestra reclamación. Luego, que les devuelvan las obras que se identifiquen que les pertenecían. Y, si no se puede, que se les compense”, tercia Encarnación Roca Trías, del despacho Cremades y Calvo Sotelo. Los herederos de los Sicardo-Carderera creen que en su colección figuraban, por lo menos, algún goya y un sorolla. Aunque precisamente eso también suele complicar el asunto, según la abogada y exvicepresidenta del Tribunal Constitucional: el arte se asocia con los ricos, y el pudor de ser identificado como tal frena los deseos de reclamación de unas cuantas familias.

“Al final, son personas tratando de cerrar una herida”, resume Laura Sánchez Gaona. Y Roca Trías señala que muchos ni siquiera piden realmente el cuadro de vuelta, sino solo el reconocimiento: “Algo así como ‘Si está en un museo, simplemente que ponga debajo que es mío”. El coronel Sicardo, por si acaso, ya lo había dejado claro en el reverso.