GARCÍA LORCA

La nieta del maestro Dióscoro Galindo lleva al Constitucional la búsqueda de García Lorca

La Audiencia de Granada rechazó en enero su solicitud por no estar legitimada para solicitar la investigación sobre el poeta. Nieves García también reclama que se localicen los restos de su abuelo

Nieves García, nieta de Dióscoro Galindo, maestro de Pulianas (Granada), asesinado junto a Federico García Lorca durante la Guerra Civil Española, posa con una fotografía de su abuelo, en septiembre de 2008.
Nieves García, nieta de Dióscoro Galindo, maestro de Pulianas (Granada), asesinado junto a Federico García Lorca durante la Guerra Civil Española, posa con una fotografía de su abuelo, en septiembre de 2008.Gorka Lejarcegi ZUBIZARRETA

Nieves García Catalán, nieta del maestro Dióscoro Galindo, fusilado y enterrado en agosto de 1936 junto a Federico García Lorca, ha hecho llegar al Tribunal Constitucional su petición de búsqueda de los restos del poeta. García Catalán, que también solicita la recuperación de su abuelo, buscó ese permiso por la vía penal en un juzgado de instrucción de Granada en 2019. El juez tumbó su petición. En enero de este año, la Audiencia Provincial de Granada volvió a rechazar el recurso de la nieta del maestro contra esa primera sentencia. Este lunes, el abogado de la familia ha llevado su petición al Tribunal Constitucional. Este decidirá en breve si la admite o no.

Dióscoro Galindo fue un maestro nacido en la provincia de Valladolid que llegó en 1934 a Granada y cuyo último destino profesional fue Pulianas, cerca de la capital. En febrero de 1936 intervino en una mesa electoral en nombre del Frente Popular. En agosto de ese mismo año, las fuerzas franquistas lo detuvieron y su familia no volvió a verlo jamás. Fue ejecutado y enterrado junto a Federico García Lorca. Su nieta ha intentado durante muchos años que se busquen sus restos, siempre sin éxito. La familia Lorca, por su parte, siempre ha sido contraria a la búsqueda de los restos del poeta. La denuncia penal de diciembre de 2019 solicitaba, además de la búsqueda de su abuelo, la de los restos del escritor. Basaba su petición en que era necesaria la “búsqueda de la verdad” sobre la muerte tanto del maestro como de Lorca. El tribunal argumentó que esa búsqueda de la verdad, “tan legítima como necesaria” no era tarea de un juez de instrucción sino del Estado y por la vía civil. Además, decía la sentencia, dado el tiempo transcurrido desde 1936, el culpable estaría ya por encima del siglo de edad.

La Audiencia Provincial añadió nuevos argumentos para negar las intenciones de Nieves García. Entre otras cosas, quitaba legitimidad a la nieta para pedir la búsqueda del poeta “respecto de quien no ostenta representación” y quien tampoco es “víctima, ofendida o perjudicada” en lo que ocurriera con el autor. El tribunal explica, además, que esa petición podría ir en contra de los intereses de Federico García Lorca o sus descendientes.

Tras la negativa del juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial, el Tribunal Constitucional es el siguiente y último paso posible dentro del sistema jurídico español. Eduardo Ranz, abogado de Nieves García Catalán, ha interpuesto recurso de amparo argumentando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la nieta del maestro. El abogado considera que ninguno de los pronunciamientos de los dos tribunales previos ofrece argumentaciones bien fundadas de su negativa a la búsqueda de los restos de ambos fusilados. Ranz explica también que independientemente del tiempo transcurrido, el hecho de que hayan aparecido restos biológicos –un cráneo y un fémur– en la zona donde podría estar enterrado el poeta debería ser motivo suficiente para comenzar una investigación del Estado enfocada a “localizar e identificar a los desaparecidos forzados”.

Finalmente, en la parte del recurso titulada “Especial trascendencia constitucional”, el abogado argumenta que en el caso de “violaciones manifiestas de derechos humanos” es “derecho de los afectados por tal clase de acciones criminales, entre otros, el de acceso a una reparación adecuada que comprenda la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, así como la búsqueda de (…) los cadáveres de las personas asesinadas”. En declaraciones a EL PAÍS, Ranz cuenta además que “existe una partida de defunción de 1936 y, sin embargo, no existe ningún cadáver” por lo que el Estado debe hacer lo posible por localizarlo. Además, continúa: “El primer juez nos envió a la vía civil, algo que se derogó en 2016”. Tampoco está de acuerdo con el hecho de que la probabilidad de que el supuesto culpable tenga más de 100 años sea relevante al caso. “No pedimos juzgar a nadie, se está pidiendo una investigación conforme al derecho internacional”, concluye. Si el Constitucional no le da la razón, Ranz explica que está preparado para llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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