La SGAE se retracta de sus acusaciones contra Teddy Bautista y dice ahora que “no hubo fraude”

La Sociedad General de Autores (SGAE) le ha dado la vuelta al calcetín y ha pasado de pedir hasta nueve años de cárcel para quien fue su presidente hasta 2011 y durante más de tres décadas, Teddy Bautista, por un presunto desvío masivo de fondos de la entidad, a considerar ahora que “no hubo fraude”. Y que incluso la entidad debería elaborar de oficio un informe exhaustivo para “ayudar” a la docena de acusados de los dos juicios que se avecinan por supuesta apropiación indebida y administración desleal contra algunos de sus exdirigentes, que causaron un perjuicio millonario a los socios, según la Fiscalía. Así lo ha decidido la nueva junta directiva de la SGAE en dos reuniones celebradas durante el confinamiento por la pandemia y a cuyas actas ha tenido acceso EL PAÍS.

El primero de los juicios es la pieza principal de la causa, denominada Saga, que empezará el 14 de septiembre en la Audiencia Nacional con 11 reos (entre ellos, Bautista, quien se enfrenta a siete años de prisión por su intervención en una trama ideada para el enriquecimiento personal de sus integrantes, según la Fiscalía Anticorrupción). La operación arrancó en 2011, con la detención del entonces presidente de la SGAE así como del que fuera director de la SDAE, la filial digital de la entidad, José Luis Rodríguez Neri, y otras siete personas, en julio de ese año, por orquestar supuestamente una trama destinada al enriquecimiento de directivos de la SGAE, familiares y amigos, siempre según Anticorrupción.

También hay fecha, febrero de 2021, para el juicio de la pieza llamada Arteria, la compra de dos teatros en la Gran Vía de Madrid por encima del precio de mercado. En este caso, solo hay un acusado: Bautista. El fiscal anticorrupción José Miguel Alonso le pide otros cuatro años por administración desleal al considerar la fiscalía que pagó por ellos un sobreprecio de 30 millones tras facilitar información inveraz sobre la operación a la Fundación Autor (hoy Fundación SGAE).

Rara vez un tribunal de la Audiencia Nacional se ha topado con un juicio en el que la firma supuestamente esquilmada (Anticorrupción calcula el fraude en la SGAE en unos 80 millones) presenta dos escritos opuestos: uno de acusación, elaborado hace dos años, pidiendo fuertes penas de cárcel para los acusados, y otro muy reciente en el que informa al tribunal de su renuncia a pedir penas para los acusados e incluso se aparta de la causa. Eso sí, la SGAE informa al tribunal de que deja abierta la puerta a ser indemnizada por “daños y perjuicios” si los jueces entendieran en la sentencia que se ha producido un fraude. Según fuentes jurídicas, este cambio de actitud puede representar un fraude de ley a los socios, ya que, por un lado, no se persigue el delito por los cauces establecidos y, por otro, se espera a ver qué dictaminan los tribunales.

La entidad ya renunció en septiembre de 2018 a ejercer como acusación particular contra Bautista, entre la indignación de sus críticos y los aplausos de los muchos socios nostálgicos de su gestión. Un mes después, el expresidente se presentó a las elecciones para la junta directiva, aunque no salió elegido. Bautista regresó igualmente al gobierno de la entidad en el verano de 2019, gracias a la renuncia de uno de los directivos, pero apenas se mantuvo tres meses en el puesto: el pasado octubre, dimitió.

En ambos juicios solo acusarán, pues, el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso (quien lleva desde 2011 junto a los jueces Pablo Ruz y José de la Mata investigando el caso SGAE) y el abogado de un miembro del grupo de rock Barón Rojo.

La decisión de apartarse de ambos juicios la asume por completo, aunque lleva la firma unánime de los asistentes al Consejo de Dirección de la SGAE, celebrado a través de videoconferencia, el actual presidente, Antonio Onetti. “Llevamos ocho años de instrucción y la causa se ha ido desinflando”, explica Onetti. “La pieza de Arteria por la compra de los dos teatros de la Gran Vía empezó con cinco acusados y ahora solo queda uno, Teddy”, añade. “La investigación judicial ha acreditado que Teddy no se ha llevado dinero a su casa ni a su bolsillo, y cuando compró los teatros lo hizo siguiendo las directrices de la junta directiva. Además, hay un informe de la Guardia Civil que dice que no hay delito”, zanja Onetti.

La Guardia Civil señala ciertamente en un informe incorporado a la causa que no está acreditado que nadie se llevase dinero, pero sí detalla que hay una supuesta administración fraudulenta al ocasionar un perjuicio a los socios de unos 30 millones en la compra de los citados teatros de la Gran Vía.

Daños por valor de 47,6 millones

Sobre la pieza Saga, la principal, Anticorrupción subraya que en torno a la SGAE se creó una trama consistente en la salida fraudulenta de cantidades millonarias de la principal gestora de los derechos de autor en favor de Rodríguez Neri y familiares y amigos de este. Una salida de fondos que, según Anticorrupción, fue auspiciada por el entonces presidente, Teddy Bautista, a mediados de los años noventa al otorgar a una sociedad de Neri, denominada Microgénesis, la implementación de los desarrollos tecnológicos para el futuro de la SGAE. Microgénesis, según la fiscalía, se sirvió de una pléyade de empresas tapadera. Esta operativa supuso un perjuicio para los socios de la SGAE que Anticorrupción cifra —y en su momento estuvo de acuerdo también la propia entidad— en 47,6 millones de euros.

A lo largo de estos años de investigación, la SGAE ha cambiado al menos cuatro veces de abogado. El cambio de actitud en la persecución de estos supuestos delitos es una de las primeras medidas adoptadas por la actual dirección que preside Onetti desde finales de abril. “Han sido apartados del caso por discrepancias sobre la estrategia con los sucesivos gobernante de la gestora, sometida también a cambios en su cúpula que ahora parece más proclives a salvar a Teddy Bautista y los demás implicados sin mirar los intereses de los socios”, interpretan fuentes jurídicas. Desde la detención de Bautista, la SGAE también ha cambiado a menudo de presidente: Onetti es el sexto en una década.

Además de apartarse de ambos juicios, la SGAE ha dado en las últimas semanas otro paso más contundente aún: en la junta directiva del pasado 17 de abril, la gestora de los derechos de autor acordó ser proactiva en defensa de los acusados. Según el acta de esa reunión, que firma el secretario general de la SGAE, Eduardo Ezpondaburu Marco, 12 de los 14 directivos asistentes consideran ahora que el escándalo no fue tal. Esta conclusión la extraen de un estudio firmado por Joaquín Oltra, director de Sistemas de Información de la SGAE. La entidad le pidió que hiciera un informe sobre el programa TESEO, la aplicación informática que controla la gestión de derechos de autor y que es donde Anticorrupción y el juez detectaron parte del fraude. Este informe no es en puridad una pericia judicial, y discrepa de otras oficiales incorporadas a la causa de las que también se sirvió en su día la SGAE para solicitar penas de cárcel a los encausados.

El acta de la citada reunión de la Junta Directiva recoge así las palabras de Onetti: “Gracias a la intervención del señor Oltra (...), tal y como ha emitido en su informe, la arquitectura del sistema que actualmente utiliza SGAE conserva la identidad de la que se hizo en aquellos momentos [antes de trascender el escándalo]. Esto significa que no hubo fraude (...)”. Dos asistentes a la reunión mostraron su discrepancia con el cambio de criterio del organismo.

Onetti añade en el acta que él está a favor de que se pueda enviar un informe favorable a los acusados ante el tribunal de la Audiencia Nacional que va a celebrar el juicio, y que así lo ha “recomendado a sus compañeros del Colegio Audiovisual”, uno de los cuatro que conforma la entidad. En el acta figura también la intervención de “la señora Prieto”, quien explica que Oltra le comunicó que “necesitaría dos o tres meses para poder elaborar un informe exhaustivo sobre todo lo que hubiese podido cambiar o no en TESEO, que es lo que necesita la defensa [de los acusados] para probar que se hicieron esos trabajos”. A Onetti, según el acta, le “parece injusto que la defensa no haya podido contar” con un informe de Oltra más voluminoso y explicativo sobre la inocencia de los encausados. Todos estos argumentos, que constituyen un cambio radical de estrategia, fueron aprobados y validados en una posterior junta directiva celebrada el pasado 27 de mayo.

Junto a Bautista, Rodríguez Neri es otro de los principales encausados en la pieza principal, Saga. La Fiscalía Anticorrupción le pide nueve años de cárcel, dos de ellos por asociación ilícita, los mismos que le pidió la SGAE en su escrito de acusación firmado el 10 de octubre de 2017. Ahora la entidad no le solicita ninguna pena de cárcel, igual que ha sucedido con Bautista.