Alerta en la arqueología mexicana por el ahogo presupuestario

La amenaza se cierne sobre la arqueología mexicana, que ve como la pandemia y la política de austeridad del Gobierno dibujan una tempestad en el horizonte. El órgano rector de arqueólogas y antropólogos en el país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, enfrenta este año un presunto tijeretazo en su presupuesto de 740 millones de pesos, unos 34 millones de dólares. Además, el cierre de sus museos por la emergencia sanitaria impedirá el ingreso de una cantidad similar. En total, 1,500 millones de pesos, para un presupuesto que anualmente ronda los 5,000 millones.

Cientos de trabajadores de la institución han puesto el grito en el cielo. Resignados al maltrato presupuestario desde hace años, la última amenaza ha sido demasiado. De nada ha servido el intercambio de cartas en las últimas semanas entre el cuerpo laboral del instituto, integrado por más de 7.000 profesionales, y la dirección. Los primeros exigen que no se apliquen los recortes. La dirección espera que así sea y pide paciencia mientras negocia con el Gobierno. En medio de todos, el futuro de cientos de trabajadores y el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural de México. El INAH es responsable de 162 museos y 194 zonas arqueológicas.

Diego Prieto, director del instituto, explica que esta misma semana se reunió con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para tratar de contener el estallido. “Hay tres conceptos que no vamos a afectar”, argumenta, “nadie va a perder su empleo, ni siquiera los que están contratados por honorarios. Nadie va a perder prestaciones. Y no se van a interrumpir tareas como mantenimiento, atención a riesgos sobre bienes culturales y actividades que tienen que ver con el sentido de continuidad de los proyectos, a sabiendas de que no pueden desplegarse con normalidad, sobre todo por el tema de la contingencia”. La mañana de este miércoles, el Gobierno mexicano comunicó que las actividades sustantivas del sector cultural “no se verán afectadas” con los ajustes al presupuesto y que la secretaría de Cultura intenta regularizar las condiciones laborales de sus colaboradores. Entre ellos se hallarían los empleados de las zonas arqueológicas del INAH, una medida adelantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La política de recortes del Gobierno viene de lejos. Este año, López Obrador anunció una disminución en gastos operativos para todas las dependencias federales. Desde el anuncio, órganos afectados de todos los ramos han levantado la voz, denunciando que el tijeretazo los condenaba prácticamente a la nulidad. En el caso del INAH, el malestar por la estrechez con que se maneja el instituto desde hace décadas encontró un chispazo en los recortes, prendió a toda la institución y desbordó la política de contención de daños del instituto, que vio como voces tan influyentes como las de los escritores Juan Villoro y Margo Glantz, se sumaban a la de los trabajadores.

Para Eduardo Matos Moctezuma, decano de la arqueología mexicana, la situación es inédita. “Lo que se ve es que en estos aspectos de cultura y ciencia se va dando bandazos. Se aprueba algo, viene la protesta y en ocasiones echan marcha atrás. No tienen claro los pasos a seguir y lo malo es que los dan. Como decía Pancho Villa, fusílenlos y luego averiguamos”. Matos, que este martes cumplía 60 años en el INAH, ve con preocupación el futuro. “Es un grave error aplicar estas medidas a esta institución. El aspecto fundamental del INAH es conocernos, conocer nuestra historia”.

Más allá del recorte, el enfado de investigadores y trabajadores muestra un hartazgo histórico. El INAH arrastra un déficit presupuestario de 1.000 millones de pesos desde hace años, que le obliga a hacer malabares con sus ingresos para cubrir siquiera los sueldos. En torno al 10% de sus empleados no tienen plaza fija, firman contratos anuales, sin las prestaciones de sus pares con plaza. Muchos de estos empleados son personal fundamental en las investigaciones del instituto: restauradores, antropólogos, arqueólogos. En muchos casos, además, cobran sus salarios con meses de retraso, situación que con los años ha empeorado. El mismo López Obrador se refirió a este asunto hace unos meses y ordenó que se regularizara a los trabajadores de mantenimiento y vigilancia de las zonas arqueológicas. Prieto, el director del INAH, dice que ya se han regularizado a 250.

Pero no son solo los salarios, es la permanente situación de precariedad de la institución, fuente inagotable de problemas. Clementina Battcock, investigadora y profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH, que depende del INAH, cuenta por ejemplo que ahora, con la pandemia, dar clases es casi imposible. “No hay plataformas [virtuales] para hacerlo”, dice, molesta. Battcock es integrante del sistema nacional de investigadores, por lo que recibe un complemento salarial que le permite completar su sueldo. Con la pandemia a la vista, el Gobierno pidió a los investigadores que donaran sus complementos para ahorrar dinero. “El sistema de estímulos permitía que unos 200 investigadores del INAH pudiéramos acceder a un extra. Y eso se acabó. Nosotros no tenemos grandes sueldos”, zanja.