Cultura excluye al patrimonio histórico de las ayudas de emergencia

El real decreto publicado en el BOE de hoy miércoles con las ayudas para proteger a las empresas y profesionales del sector cultural, en el que el Gobierno ha invertido casi 80 millones de euros, no incluye a todos: no hay amparo para los trabajadores que se dedican al patrimonio histórico y artístico. El tercer país del mundo con más bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, con 47 (por detrás de China, con 53, y de Italia, con 54), no ha atendido a las necesidades que a lo largo de ocho meses las asociaciones del sector le han hecho llegar al ministro, José Manuel Rodríguez Uribes. Todas las organizaciones con las que se reunió telemáticamente le reclamaron una línea de crédito para afrontar los gastos ante la falta de ingresos por la paralización de licitaciones y de la actividad. Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha habilitado seis líneas de “ayudas extraordinarias” para las áreas de audiovisual, artes escénicas, industria musical, industria del libro, bellas artes y otras. Ninguna específica para Patrimonio. Cada línea recibirá un importe mínimo de 40 millones de euros en préstamos ICO, gestionados por la sociedad de garantía recíproca CREA SGR (una entidad privada sin ánimo de lucro que ayuda a las pymes a lograr el acceso al crédito).

“Se lo dije a la ministra de Hacienda [María Jesús Montero]: el patrimonio es el patito feo de la cultura. Los bancos nos consideran insolventes y no tenemos acceso a préstamos. Una vez más, nos han dejado fuera. Si los profesionales de la restauración y conservación tenemos que reconvertirnos a otro oficio, ¿quién se va a encargar del patrimonio? ¿Las personas que hicieron el San Jorge de Estella o el eccehomo de Borja?”, se pregunta Sali Criado, restauradora y coordinadora de la Plataforma de Asociaciones de Conservadores y Restauradores de España (PAPCRE). Hace dos semanas Criado trasladó las preocupaciones del sector a los responsables de Cultura y Hacienda, antes de la elaboración del real decreto del que Rodríguez Uribes reconoció ayer estar “muy satisfecho” por “garantizar la supervivencia de las estructuras culturales”.

Sin derecho al desempleo

El Ministerio de Cultura confirma a EL PAÍS que no hay una línea de crédito de 40 millones de euros específica para las empresas y los profesionales del patrimonio histórico, sino que se incluye en “otras empresas” y tendrá que compartir ese fondo. Además, asegura que “los restauradores pueden acogerse al paro financiado en la prestación por desempleo”. Sin embargo, los representantes de estos trabajadores, así como de conservadores, arqueólogos o guías niegan que hayan quedado amparados por las prestaciones por desempleo que se han aprobado ahora para los artistas, como señala Criado. Todos ellos son trabajadores fijos discontinuos, pero solo los artistas han sido habilitados a tener “un acceso extraordinario a la prestación por desempleo”, según la portavoz de PAPCRE. Desde el Ministerio añaden que el sector también puede beneficiarse, como el resto, del aumento del porcentaje del desgravaciones fiscales (del 75% al 85%) del micromecenazgo.

“El patrimonio reactiva sectores como el turismo, el comercio y la hostelería íntimamente relacionados con la conservación de monumentos y lugares históricos visibles. Por eso le pedimos al ministro, en la reunión del 17 de abril, que el patrimonio no se quedara fuera de ese pacto de Estado del que habla”, añade Sali Criado. La suspensión de las licitaciones que estaban en mecha ha paralizado la actividad de las empresas de restauración y conservación y deben hacer frente a los gastos y salarios, pero no tienen acceso a los préstamos.

El Ministerio de Cultura tampoco ha previsto una línea específica para la adaptación de los museos y sitios que podrían abrir el próximo lunes —en las provincias donde los datos sanitarios permitan suavizar el confinamiento y pasar a la llamada fase uno— y que carecen de recursos económicos para adaptarse a los protocolos sanitarios (pendientes de aprobación). La adaptación a la “nueva normalidad” conlleva compras que la mayoría no puede permitirse, como explican desde la delegación española del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Este es uno de los puntos más importantes de los 18 que esta organización internacional envió semanas atrás a la Dirección General de Bellas Artes. Ninguno de ellos ha sido atendido.

El referente internacional

Jordi Tresserras, vicepresidente de ICOMOS España y director del Laboratorio de Patrimonio y turismo cultural de la Universidad de Barcelona, se muestra disgustado con la exclusión. “La instituciones españolas con las que trabajamos se han quedado heladas. No esperaban algo así. Esto no ha ocurrido en Reino Unido, EEUU, Canadá y Francia, con fondos para el patrimonio en sus ayudas y medidas para proteger a sus trabajadores. No hubiera costado nada. Nos hemos quedado a la cola del patrimonio internacional. ¿Necesitamos artistas para ir a negociar con el ministro? Espero que Cultura reaccione, rectifique y atienda las necesidades que nos pidió la Dirección General de Bellas Artes y les enviamos”, asegura el experto, que mantiene contacto diario con el resto de delegaciones internacionales de ICOMOS.

Desde Francia han asegurado a Tresserras que las fronteras con España no se abrirán hasta agosto. Esta medida de seguridad limitará gravemente la afluencia de turismo y por lo tanto la viabilidad económica de los museos y sitios históricos. “Existen casos con una importante dependencia del turismo internacional (durante todo el año, pero especialmente importante en periodos de vacaciones como Semana Santa y verano), por lo que no prevén su reapertura pública hasta que no sea viable hacerlo”, aseguran desde ICOMOS. Por eso solicitan una ayuda similar —13,2 millones de euros— a la destinada a las salas de exhibición de cine cerradas.

El sector se muestra muy sorprendido con su invisibilidad porque la mano derecha del ministro de Cultura es Javier García Fernández, Catedrático emérito de Derecho Constitucional y uno de los padres de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. García Fernández siempre se ha mostrado como un defensor de las ayudas públicas a las asociaciones de la defensa del patrimonio, porque piensa que es en la ciudadanía donde reside el futuro del legado artístico e histórico. “Cuanto más se fortalezca la sociedad civil, más protegido estará el patrimonio”, ha dicho en público el Secretario General del Ministerio. De hecho, el departamento que preside Román Fernández-Baca, director general de Bellas Artes, solo figura en la lista de las medidas aprobadas para aportar un millón de euros en compra de arte contemporáneo. Pero ni un euro para el patrimonio histórico.

Antonio Coronel, gerente de la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico (Arespa), explica que han estado en todas las reuniones, para transmitir el estado de las empresas dedicadas al patrimonio. “Ni nos han nombrado. Es un grave problema. Esperaba que al menos tuviéramos una línea ICO propia, como el resto de los sectores. Desde el Ministerio se nos prometió”, cuenta. Reconoce que después de la rueda de prensa de ayer martes está “expectante y cabreado”. “El problema es siempre el mismo: el patrimonio cultural y la arqueología no tienen voz y parece que lo común no es lo prioritario. Los actores o las librerías reivindican sus negocios, pero ¿quién reivindica la protección de los monumentos?”, se pregunta Alicia Torija, secretaria de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA).