La Junta Directiva de la SGAE fuerza una moción de censura contra Pilar Jurado

Ni la crisis sanitaria frena la crisis en la que vive la SGAE desde 2011. En la tarde de ayer, lunes, el Subdirector General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, Carlos Guervós, y el Secretario General de la SGAE, Eduardo Ezpondaburu, recibieron una comunicación telemática con la firma de 22 miembros de la Junta Directiva de la entidad de gestión de autores más importante del país, en la que se pide el cese de la presidenta, Pilar Jurado, tal y como ha podido saber EL PAÍS. Los firmantes alegan un “personalismo derivado en autoritarismo”, y una “falta de transparencia en la gestión de la casa”. Con las firmas en su poder, el Secretario General ha convocado una cita extraordinaria para este miércoles en la que se votará el cese de Jurado, en una reunión telemática y no en la sede del Palacio de Longoria.

Pilar Jurado llegó a la presidencia de la SGAE tras una moción de censura similar contra José Ángel Hevia, en febrero de 2019. Entonces firmaron 18 miembros contra el músico asturiano, la mayoría simple de un total de 35 componentes del organismo. En esta ocasión la destitución viene avalada por 22 firmas y “pueden llegar a crecer en la votación del miércoles”, explican las fuentes de la SGAE, “porque entre ellas faltan algunos de sus rivales”. Este periódico no ha podido contactar con la presidenta.

Las fuentes consultadas aseguran que la presidenta “ha aprovechado el estado de alarma” para aprobar un organigrama que incumple los nuevos estatutos

Las fuentes consultadas aseguran que la presidenta “ha aprovechado el estado de alarma” en el que se encuentra el país, para aprobar un organigrama que incumple los nuevos estatutos apoyados por los socios. Pero también contraviene el requerimiento del Ministerio de Cultura, que impide a la entidad aprobar un nuevo organigrama sin su permiso. Como ya adelantó este periódico, la semana pasada el Consejo de Dirección de la SGAE nombró Subdirector General a Clifton Williams, con aumento de sueldo y blindaje ante cualquier despido durante un año. Su salario creció de 100.000 a 125.000 euros con su nuevo cargo. La presidenta, Pilar Jurado, reconoció a este diario que no reclamó la bendición de la cartera de José Manuel Rodríguez Uribes, pero que actuó de esa manera porque la CISAC (la organización internacional que reúne a las principales entidades de gestión del mundo) “reclamaba un nuevo organigrama en consonancia con los nuevos estatutos”, según Pilar Jurado. “El Ministerio ha recibido las actas y si tiene algo que decir, lo dirá. Será una de las cosas que tendremos que comentar con ellos”, añadió la presidenta.

El martes, en un intento de frenar la moción, Jurado ha enviado una carta a los miembros de la Junta Directiva en la que reconocía el error del cambio de organigrama sin permiso del Ministerio de Cultura y prometía “retrotraer” la decisión si permanecía en el cargo.

Falta de transparencia

La CISAC expulsó a la SGAE de su seno durante un año, debido a su falta de reformas y a sus guerras internas. Este mayo se cumple la sanción y debe dirimir entonces si la SGAE ha hecho sus deberes y vuelve a ser aceptada. “Estamos a las puertas de la decisión de CISAC y entendemos que hace falta cambiar el rumbo para recuperar la normalidad democrática de la sociedad. La falta de transparencia no tiene parangón en la historia de la SGAE”, argumentan las fuentes de la Junta Directiva, que mantienen que Jurado ha perdido la legitimidad como intermediaria entre la CISAC y Cultura.

La situación de crisis sanitaria complica la transición del cambio de presidencia. Tal y como informan desde la entidad, se convocarán las elecciones “cuando se pueda, posiblemente en verano”. “Queremos salvar a la SGAE”, sostiene Fermín Cabal, miembro de la Junta Directiva y firmante contra la actual presidenta. En el documento entregado hay firmas de todos los colegios, pero con mayoría de Gran derecho y Audiovisuales, que colaboraron con la presidenta “hasta que ella dejó de defender nuestro programa y empezó a pactar con la Rueda para sostenerse en el poder”, ha añadido Cabal. Los disidentes señalan que en los nuevos estatutos se dicta el final del talante presidencialista que ha mantenido el trono de la entidad hasta ahora. Pasaría a tener un perfil de representante y menos ejecutivo. Sin embargo, como indican, en el cambio de organigrama ejecutado por Jurado se atribuye otras áreas ejecutivas (como comunicación, actividades culturales o socios).

Desde que en 2011 el entonces responsable Eduardo Bautista acabara detenido por la Guardia Civil —continúa a la espera de sentarse en el banquillo, imputado por presunta apropiación indebida—, no ha habido paz para el líder de la SGAE. Antón Reixa fue cesado por la propia junta; José Luis Acosta adelantó las elecciones, las ganó pero acabó dimitiendo. Y José Miguel Fernández Sastrón se vio obligado también a convocar los comicios el pasado octubre, por el bloqueo que sufría la entidad. Hevia asumió entonces el mando, prometiendo unidad y concordia, que han acabado volando por los aires. Pero su mandato, que arrancó en noviembre de 2018, también acabó de forma prematura en febrero de 2019 cuando llegó al cargo Jurado.

La CISAC duda de la credibilidad de la SGAE

Ahora ha trascendido una carta remitida por la CISAC a Pilar Jurado, el pasado nueve de abril, en la que se aclara que -después de tres videoconferencias celebradas el 11, 19 y 25 de marzo, para auditar la entidad- si bien la reforma estatutaria fue importante, “no es suficiente para remediar muchas de las cuestiones destacadas por la CISAC que violaban las reglas profesionales de la confederación”. De hecho, la organización aplaude la creación de una comisión de supervisión de la propia entidad, pero se lleva las manos a la cabeza al comprobar que será un órgano conformado por ex miembros de la Junta Directiva: “Plantea serias preocupaciones con respecto al conflicto de intereses y podría violar la LPI y las reglas profesionales de la CISAC”, señala Gadi Oron, director general de la organización. Los estatutos están siendo revisados en estos momentos por el Ministerio de Cultura.

“El otro problema principal de gobernanza por el que la CISAC sigue extremadamente preocupada es por el hecho de que los procesos de toma de decisiones en la Sgae de hoy son inherentemente defectuosos y no involucran a la gran mayoría de las partes afectadas”, redacta la CISAC. Denuncia que los editores son “ilegítimamente excluidos de la representación y participación” de los órganos de gestión y decisión. Otro problema es “la gran cantidad de personas que están en un conflicto de intereses” en esos mismos órganos. El resultado de esto es que “muchas decisiones son tomadas por un pequeño grupo de personas que no son suficientemente representativas” de los intereses administrados por la Sgae. Y concluye tajante: “Esto plantea serias preocupaciones con respecto a la credibilidad de las decisiones”. Para la CISAC la única manera de restablecer la confianza en la Sgae es convocar “lo antes posible” elecciones a la Junta Directiva para “establecer una representación justa y equilibrada”.