El incierto futuro del galeón ‘San José‘
Colombia rompe el contrato de extracción del navío español con una sociedad suiza y España encarga a dos ministros buscar un acuerdo con el Ejecutivo de Duque
El galéon español San José, hundido frente a las costas de Colombia en 1708, volverá posiblemente a verse envuelto en una batalla. En este caso, judicial. El Gobierno de Iván Duque ha decidido no renovar el contrato de extracción del pecio que había acordado el anterior Ejecutivo de Juan Manuel Santos en 2015 con la inversora suiza Maritime Archaeology Consultans (MAC): Colombia le cedía la mitad de todo lo hallado a cambio de la inversión realizada (cercana a los 70 millones de dólares) para sacar los restos del navío y el tesoro que portaba. España, tras la ruptura del contrato, ha insistido hoy en pactar una política común sobre el barco: dos ministros, el de Exteriores y el de Cultura, Josep Borrel y José Girao, viajarán la semana que viene a Colombia para intentar un acuerdo intergubernamental.
Para el actual Ejecutivo colombiano, la fórmula de pago aprobada por Santos resulta "inaceptable". "Lo que está en el galeón San José puede tener gran valor económico, pero antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo", dijo ayer la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez según recogió Efe.
Pero la ruptura unilateral del contrato crea fuertes incertidumbres en cuanto a la cantidad que deberá abonar ahora Colombia. Fuentes de MAC manifiestan a EL PAÍS que están dispuestos a "discutir [con Colombia] las alternativas legales correspondientes". Estas pasan por una millonaria indemnización, mientras España -ya que se trata de un buque de Estado- presiona para investigar y extraer de la mano de Colombia el navío.
Roger Dooley, el especialista en arqueología de MAC, aseguró a EL PAÍS hace un mes que si el Gobierno colombiano mantenía el contrato para sacar el pecio tendría que pagar entre 54,5 y 63,4 millones de euros "como compensación” por las inversiones de la compañía. Si lo rompía, como ha sido el caso, debería abonar entre seis y siete millones de dólares, que es lo invertido hasta el momento.
El problema no es fácil de resolver. Colombia debe ya a MAC, según el contrato que firmó Santos, unos siete millones de dólares por todo lo invertido por la firma suiza de capital británico. Maritime Archaeology Consultans (MAC), en los últimos años, ha contratado equipos internacionales para determinar tanto la ubicación como la composición del cargamento que portaba el galeón, unos 600 metros cúbicos de tesoro, incluyendo joyas, oro y cerámica china. ¿El valor? Incalculable.
España insiste en su ayuda a Colombia para extraer el pecio, que considera un "cementerio marino español", ya que se trataba de un navío de la Armada y con casi 500 soldados fallecidos al hundirse. Pero el país sudamericano nunca ha firmado la convención de la UNESCO de 2001 sobre patrimonio cultural submarino que reconoce "inmunidad soberana" a los barcos oficiales o de guerra (como es el caso del San José), aunque estén en aguas territoriales de otra nación.
En caso de haberlo ratificado, el navío sería propiedad de España, algo parecido a lo que ocurre con una embajada en el extranjero. No obstante, España no parece dispuesta a luchar por el cargamento, sino por los conocimientos científicos que de su estudio se pueden desprender. Pero para eso sería necesaria una inversión superior a los 60 millones de dólares. La decisión depende directamente del presidente del Gobierno.
Si la extracción entra en vía judicial, España podría también reclamar en los tribunales internacionales, como ocurrió en el caso del Odyssey, la fragata Mercedes hundida en 1804 y que fue expoliada por cazatesoros estadounidenses. España ganó la batalla judicial al considerarse un buque de Estado.
Sin embargo, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez señaló ayer que Colombia continuará con el proceso, pero "bajo la premisa" de "que ni una pieza de las que se extraigan pueda ser comercializada". "Su riqueza histórica y cultural no tiene precio y el derecho de los colombianos a conocer, difundir y preservar este tesoro cultural no se negocia y no podemos feriarlo por los anticuarios del mundo", añadió.
Ramírez también indicó que "en los próximos días" presentará un "informe final" al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para que reconozca al navío y sus tesoros como "patrimonio cultural en su integridad". "Con esta medida, ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio, podrá ser comercializado", explicó. La vicepresidenta aseguró que esta decisión fija una "política pública clara" sobre el patrimonio cultural sumergido en aguas colombianas, donde yacen más de 100 naufragios de la época colonial. En su gran mayoría, españoles, mientras España mira de soslayo.
España se felicita por la ruptura de contrato entre Colombia y la firma inversora suiza
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reaccionado a la ruptura del contrato entre el Gobierno colombiano y MAC con un comunicado en el que reitera que "el San José era un buque de Estado y que sus restos tienen la consideración de tumba submrina y no pueden ser objeto de explotación comercial".
Por eso, "el Gobierno de España saluda la decidida apuesta del Gobierno de Colombia por la preservación integral del patrimonio cultural subacuático en beneficio de la Humanidad y la renuncia a cualquier fórmula de explotación comercial del pecio".
El Ejecutivo anuncia que la próxima semana el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el de Cultura y Deportes, José Guirao, aprovecharán sus respectivos viajes a Colombia para reiterar a las autoridades colombianas su oferta de colaborar en la prospección y preservación del pecio, siempre que sea en el marco de un proyecto arqueológico ajustado a las mejores prácticas científicas, respetuoso con su condición de tumba submarina y con los intereses concurrentes de ambos países".
Babelia
Sobre la firma
