Cultura traslada a la SGAE que no ve necesario el DNI digital para el voto electrónico

El Ministerio de Cultura saca, otra vez, tarjeta amarilla a la SGAE por carta. A última hora de este lunes, el subdirector general de Industrias Culturales, Carlos Guervós Maíllo, ha mandado un requerimiento a la nueva cúpula directiva en el que se le reclama la propuesta de modificación de los estatutos que se van a votar el próximo 27 de diciembre en una asamblea general y de los que la cartera de José Guirao no tiene noticia. La Ley de Propiedad Intelectual reconoce a Cultura facultades para supervisar el funcionamiento y la gobernanza de la entidad de derechos de gestión. La SGAE, presidida por José Ángel Hevia, tiene dos días para informar al equipo de Guirao qué pretende hacer con la sociedad que dirige y los nuevos estatutos (a los que en última instancia debe dar luz verde el Ministerio de Cultura).

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Desde la subdirección de Industrias Culturales indican a la dirección de la SGAE que no han tenido noticias de la convocatoria extraordinaria, pero que han podido hacerse con el orden del día de la asamblea general. El equipo de José Guirao apunta en esta carta que no ve necesario la petición del DNI digital a los miembros que quieran ejercer su derecho al voto electrónico. Recuerdan a Hevia y a los suyos —que han mostrado su desconfianza a este procedimiento desde el primer día de mandato— que en la anterior asamblea general, celebrada el 21 de junio, la participación fue muy amplia y creció en un 63,4% de votos emitidos respecto a la anterior convocatoria (de 630 miembros a 1.720).

Este es el motivo por el que el ministerio toma partido en contra de la decisión de la reclamación del DNI digital para votar y recuerda que en aquella ocasión, tal y como indica el reglamento del voto electrónico anticipado para asambleas generales (ordinarias y extraordinarias) de la propia SGAE, “no se exigieron medidas especiales de identificación electrónica como las que la SGAE indica que va a exigir en la próxima asamblea general extraordinaria”. Entonces los miembros votaron a través de “socios en línea” usando una clave específica que, previamente, la empresa externa encargada del proceso les había remitido mediante un mensaje SMS. Además, Industrias Culturales indica que no consta la existencia de ningún fallo de seguridad en aquella votación electrónica.

Fuentes oficiales de la SGAE inciden en que la implantación del voto electrónico a través del DNI digital se ha hecho con el obejtivo de garantizar las buenas prácticas y de reforzar la seguridad del proceso. Y se ha utilizado, además, un documento que cuenta con la garantía y el impulso del Estado, reiteran. El requerimiento se contestará en tiempo y formar, según las mismas fuentes.

El ministerio recomienda que la entidad debe “alentar la participación activa de sus miembros en la asamblea general” y facilitar el ejercicio de los derechos de voto a los miembros. Para argumentar su postura acude al acta de la junta directiva del 28 de junio en el que se dice que el proveedor es una empresa especializada en votación y “está capacitada para evitar todo tipo de problemas que puedan surgir”. “No se han visto concentraciones desde la misma dirección IP, lo que da tranquilidad”, añadía la junta directiva entonces.

La cartera aclara que las medidas de seguridad en una votación electrónica son “necesarias, como es lógico”, pero “deben ser proporcionadas para, de este modo, garantizar el equilibrio entre el mantenimiento de la seguridad y facilitar la participación de los miembros en la votación”. Para Cultura, el sistema de claves empleado en la asamblea general de junio en la SGAE “cumpliría con este ejercicio de ponderación dado que ha permitido una amplia participación y, al mismo tiempo, no ha dado lugar a ninguna incidencia sobre suplantaciones de identidad o fallos de seguridad tal y como ha confirmado la propia SGAE”. No es la única entidad que utiliza un sistema de claves para el voto electrónico, AISGE también lo usa.

El ministerio, además, interviene para exigir que la SGAE adopte antes del 28 de diciembre las medidas que “permitan que el reparto de los derechos por la comunicación pública de la obras de su repertorio en televisión cumpla con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual”.