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Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad se quejan de asfixia por falta de ingresos

Los 15 municipios distinguidos en España por la Unesco denuncian que los gastos se disparan, mientras se ven obligados a eximir de impuestos a sus cascos históricos

Ciudades Patrimonio de la Humanidad Ver fotogalería
Vista de la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

 Hace poco más de un año, un camión se llevó por delante una de las barandillas de la Bajada de la Misericordia, entre el Templo de Augusto y el Circo Romano, en Tarragona. El Ayuntamiento aún no la ha repuesto, no por falta de ganas, sino porque debe realizar antes un “proyecto específico” para restaurarla si quiere mantener su categoría como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, galardón concedido por la Unesco en noviembre de 2000. En Úbeda (Jaén), las calles del casco urbano se barren a mano y en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) carecen de suficientes repetidores de telefonía para no dañar la imagen impoluta de la ciudad. Todos los alcaldes consultados del grupo que conforman 15 localidades españolas —y que este mes han cumplido su 25º aniversario como entidad— se quejan de lo mismo. “La distinción multiplica los gastos, pero no los ingresos municipales. Estamos muy orgullosos de formar parte del grupo de elegidos”, dice el munícipe de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Rodríguez Palacios, “pero necesitamos ayuda del Estado”. Reclaman subvenciones y exenciones.

Las ciudades Patrimonio de la Humanidad son la envidia de los destinos turísticos. Preferentemente reciben visitantes tranquilos, respetuosos y que gastan por encima de la media, ya que almuerzan en los mejores restaurantes y se alojan en distinguidos hoteles o casonas con siglos de antigüedad. Pero estos núcleos urbanos necesitan ayudas del Estado o de la Unión Europea —se han reunido ya con el comisario de Educación y Cultura, Tibor Navracsics— que les permitan paliar el descenso de tributos que se produce por la exención de los impuestos —impuesto de bienes inmuebles(IBI) y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICO), fundamentalmente— a los propietarios de inmuebles protegidos, ya que los cascos históricos los tienen bonificados. El IBI es el principal ingreso de cualquier municipio.

Alcalá (universidad y recinto histórico) cumple ahora el vigésimo aniversario de su galardón. Rodríguez Palacios (PSOE) recuerda que la Unesco puede retirar la categoría en caso de incumplimiento, tal y como le ocurrió a Dresde (Alemania) por levantar un puente en zona protegida.

“Se trata de ciudades vivas y hay que seguir manteniéndolas. La diferencia entre Ciudad Patrimonio y Lugar Patrimonio [en España hay unos 30] es que los lugares solo tienen uno o muy pocos edificios, como puede ser el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. A las ocho lo cierras, y hasta el día siguiente. No hay más gastos que la seguridad. En Alcalá, en cambio, debes mantener el pulso a cualquier hora”, señala.

El grupo de los 15 elegidos

El 17 de septiembre de 1993  Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo, que fueron las primeras en ser reconocidas en su conjunto como Patrimonio Mundial por la Unesco, decidieron unir sus fuerzas creando el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una asociación sin ánimo de lucro.

Con posterioridad se incorporaron Córdoba, en 1996, Cuenca en 1998, Alcalá de Henares en 2000, Ibiza y San Cristóbal de La Laguna en 2002, Mérida y Tarragona en 2006 y, finalmente, en 2014, Baeza y Úbeda. Se ha completó así la relación de las 15 ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial.

La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la Unesco a aquellos bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en el mundo. España, es, con 46 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los que 15 son ciudades, el tercer país del mundo con mayor número de inscripciones, sólo detrás de Italia y China. Esta situación pone de manifiesto la extraordinaria riqueza y diversidad de nuestro patrimonio cultural y natural, y trae consigo el reconocimiento y aprecio de la comunidad internacional sobre estos bienes. Sin duda, un sello de calidad y un pasaporte de promoción realmente universal para estas ciudades españolas.

Begoña Floria (PSC), primera teniente de alcalde de Tarragona (conjunto arqueológico romano), recuerda que existe una comisión de ciudades que reclama una modificación tributaria que reconozca su “singularidad fiscal”. Aboga como solución por incrementar el mecenazgo y la implicación de las empresas mediante políticas de responsabilidad social corporativa. “Ahora que ha pasado la crisis económica es el momento de invertir en cultura”, añade.

“No es lo mismo hacer un ascensor en el Ayuntamiento y toparse debajo con un circo romano, que hacerlo en un edificio moderno a las afueras de la ciudad. Los expedientes y estudios arqueológicos se alargan y los costes se disparan”, admite.

Para José Luis Rivas, alcalde popular de Ávila (que cuenta con la mejor muralla medieval conservada de Europa), “la distinción trae muchas cosas buenas, pero es cierto que las arcas municipales se resienten. Intentamos aumentar los ingresos con actividades culturales que atraigan a más visitantes o incrementando las pernoctaciones, sobre todo de orientales”. El rey Felipe VI acudió el pasado 19 de septiembre a la Asamblea de Ciudades Patrimonio que se celebró en Ávila con motivo de su 25º aniversario y les mostró su respaldo.

La socialista Lola Marín, alcaldesa de Baeza (Jaén), que junto a Úbeda conforma un conjunto monumental renacentista, gobierna la última ciudad en ingresar en el grupo de los 15, el 3 de julio de 2003. “Somos muy afortunados, porque crece el turismo, pero también los costes más de un 10%. Hemos creado una policía turística y limpiamos a mano las calles, porque las barredoras no pueden entrar en el área protegida”. La regidora, que admite que los visitantes se han multiplicado por cinco en los últimos años, añade que la ciudad dispone de un alumbrado “especial y muy caro”. En Úbeda, dado su reducido tamaño, casi toda la ciudad está protegida.

La ciudad jiennense comparte con San Cristóbal de La Laguna, municipio tinerfeño del que parte el urbanismo original de Hispanoamérica, el problema de las telecomunicaciones: los cables no deben quedar al aire y los repetidores no pueden ser visibles. José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna (Coalición Canaria), sale a la calle para mantener una conversación telefónica por móvil con EL PAÍS. La comunicación resulta muy defectuosa y, finalmente, esta se realiza mediante teléfono fijo. “El gran problema es que no somos un museo. Tienes que permitir que los coches pasen a los garajes, que los niños vayan al colegio, que todo sea accesible para todos, pero sin perder la esencia histórica. Tienes que tener fibra óptica, pero que no se vean las infraestructuras...”, asevera.

“Además, dado el atractivo de los barrios, los precios de las viviendas suben y están siendo ocupadas por empresas. El esfuerzo energético es enorme, porque muchos eligen el centro para celebrar actos culturales o lúdicos nocturnos como consecuencia de la atracción que genera la ciudad. ¿Cómo vas a decir que no? Pues eso, al final, pagas”, concluye.

 

 

Más de 25 millones de euros de exenciones fiscales

Los regidores han hecho números. Ser Ciudad Patrimonio, incrementa los gastos un 15%. Anualmente, y debido a las exenciones del IBI, este grupo de ciudades deja de percibir unos 25 millones de euros. Ángel Mariscal, presidente del grupo y alcalde de Cuenca (Urbanismo integrado en la Naturaleza), es muy explícito. “Los edificios Bienes de Interés Cultural están exentos del IBI. El Impuesto de Construcción y Obras (ICO) de estos inmuebles está, además, bonificado hasta con un 95%”, recuerda.

El regidor admite que el precio de las casas se incrementa, lo que lleva a los vecinos a abandonar las áreas protegidas y a residir en otras partes de la ciudad o, incluso, en pueblos limítrofes. “Se marchan, pero tienen aquí los servicios. Y lo que faltaba: muchos jóvenes no quieren vivir en el centro porque hay problemas para meter Internet de alta velocidad. A las compañías no le sale a cuenta”.

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