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Los arquitectos del Museo Íbero de Jaén reclaman cinco millones a la Junta

La Consejería de Cultura acumula cuatro sentencias en contra tras la resolución unilateral del contrato

El Museo Íbero de Jaén. Ver fotogalería
El Museo Íbero de Jaén.

La inauguración del Museo Íbero de Jaén el pasado día 11 por el Rey contó con dos significativas ausencias, la de los autores del proyecto arquitectónico: Álvaro Soto y Javier Maroto. Su estudio, Solid Arquitectura, ganó en 2003 el concurso internacional presidido por Rafael Moneo y en el que participó Luis Enguita. Sin embargo, hace 10 años, la Consejería de Cultura resolvió el contrato y se abrió un litigio que cuenta ya con cuatro sentencias desfavorables a la Junta de Andalucía, pero que aún no se ha resuelto. Los arquitectos reclaman cinco millones de euros al Gobierno andaluz por todos los daños acumulados.

“Me duele. Los tribunales (TSJA y Supremo) han sentenciado contra el comportamiento ilícito de la Junta. Pero es que, además, el Gobierno andaluz ha puesto en tela de juicio nuestra reputación”, lamenta Álvaro Soto tras más de una década de desencuentros.

El conflicto cristaliza cuando en 2007, la Consejería de Cultura decide de forma unilateral resolver el contrato, que según las bases del concurso incluían los proyectos básico y de ejecución de la obra, un monumental centro cultural de 11.152 metros cuadrados.

Hasta ese momento, la Consejería de Cultura había certificado fase a fase la ejecución de las mismas sin reparos y el cumplimiento de los “compromisos a entera satisfacción” de la Administración, según recogen las cuatro sentencias contrarias a la Junta que acumula el caso.

El Gobierno andaluz intenta justificar su actuación en supuestos incumplimientos del Código Técnico de Edificación y en la falta de adecuación de las obras a la demolición del edificio de la cárcel sobre cuyo solar se levanta el museo. Una eventualidad no contemplada inicialmente y obligada por la inestabilidad del inmueble tras las obras del aparcamiento colindante.

Los tribunales sentencian que la normativa exigida del Código Técnico es posterior a la adjudicación del concurso y que la decisión de demoler la cárcel, “acordada unilateralmente por la Junta”, causa alteraciones “de importancia” e imprevistas para la ejecución del proyecto. Además, los fallos resaltan que, al margen de no observar culpa o negligencia por parte del equipo de Solid, los arquitectos ofrecen “respuestas de colaboración inmediata asumiendo las reformas y modificaciones siempre dentro del plazo y ante cada nueva exigencia y reparo de la Administración”.

También intenta la Junta minusvalorar las certificaciones positivas que emite periódicamente en todas las fases del proyecto. El Supremo es rotundo en su resolución contra esta alegación: “Y no se diga que las anteriores afirmaciones [las certificaciones de obra] respondían a fórmulas estereotipadas o emitidas a otros efectos o por quien no tenía competencias específicas. La Administración demandada debe asumir en su plenitud todas las consecuencias de sus manifestaciones”.

Falta de culpa

De esta forma, los tribunales sentencian que dan “por probada la falta de culpa del contratista” y condenan a la Junta en el proceso inicial y en todos los recursos con los que ha dilatado la causa durante una década.

El museo siguió adelante durante todos estos años con el proyecto de Soto y Maroto, salvo por algunas modificaciones. Al principio se adjudica a Francisco Javier Sánchez Castro, pero este desiste. Finalmente se hacen cargo cuatro arquitectos de IDDIP Dirección de Proyectos (Luis Ybarra Gutiérrez, José Luis López de Lemus, Joaquín Martín Rodríguez y José Luis Martínez Hinojosa).

“Nuestra vida profesional se ha visto muy perjudicada. Nos han destrozado la vida. Reclamamos cinco millones porque es la cantidad establecida en un peritaje por lo gastos, los equipos empleados y los daños durante estos diez años. Somos los autores y se ha seguido adelante sin nuestro consentimiento”, lamenta ahora Álvaro Soto, quien acusa a la Junta de haber intentado amedrentarlos para que desistieran en sus demandas.

La Consejería de Cultura, por su parte, considera que ya dio cumplimiento a la sentencia que dictó el Tribunal Supremo y procedió al pago de 94.508 euros (IVA excluido) al estudio de arquitectos. Sobre el proceso judicial que todavía sigue en marcha, la Junta de Andalucía se ha limitado a afirmar que "colabora con la justicia y expresa total respeto a los procesos que no han finalizado".

Fe de errores. En la versión impresa de este artículo publicada el día 26 se omitió por error una palabra que altera el sentido de una frase . Esta versión web es la correcta ya que los tribunales consideran probada la falta de culpa o negligecia por parte del equipo de Solid.

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