Un arbitraje internacional frena la ‘rueda’ de la SGAE

La SGAE no supo, ni pudo -¿ni quiso?- parar la rueda. Más bien, acabó arrollada. La trama entre algunos socios de la entidad y directivos de televisiones para embolsarse ingresos disparados gracias a la música emitida de madrugada generó un fraude de al menos 100 millones de euros entre 2006 y 2011, controló el Gobierno del organismo, además de perjudicar a los 120.000 creadores inscritos en la SGAE, según el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que investiga el caso. Ante la condescendencia interna, dos asociaciones de editores musicales, AEDEM y OPEM, buscaron un deus ex machina: llevaron a la SGAE ante un arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y el laudo, emitido hoy y al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone palos relevantes en la rueda. El documento, “una sentencia en firme”, según una fuente de la entidad, será aplicado ya a partir del próximo reparto de los ingresos entre los socios, en diciembre.

De las televisiones procede la mayoría de los más de 200 millones que recauda anualmente la SGAE. Y las canciones de madrugada han llegado a suponer entre el 50% y el 70% de esos ingresos, pese a representar el 1% de la audiencia. Es decir, ríos de dinero para los cabecillas de la trama. Pues bien, el laudo establece que ese porcentaje oscile entre el 10 y el 20%, aunque recomienda que se quede en un 15%. El texto aborda además otra cuestión clave: muchas de las canciones con las que la rueda ganaba ingresos consistían en música inaudible, emitida de fondo y difícil de percibir para el espectador. Los tres árbitros sentencian: “Los fondos no audibles o inaudibles no pueden generar derecho alguno de reparto. Y para los escasamente audibles parece razonable reducir un 50% la asignación de derechos".

El laudo llega al fin, tras varias semanas a lo Godot: siempre estaba a punto de anunciarse y otras tantas veces se retrasaba. Pero su aterrizaje complica, y mucho, el fraude de la rueda, una trama de varios niveles. En el centro, unos socios de la SGAE que actuaban como intermediarios. Por un lado, contrataban a decenas de músicos para grabar miles de canciones, o ellos mismos las tocaban. En algunos casos era “música mala”, según la policía; en otros, obras de dominio público con unos pocos arreglos o incluso ninguno. Luego, las depositaban como propias -o con el nombre de algún testaferro- en el registro de la SGAE. Las televisiones, gracias a directivos implicados en la trama, adquirían esos temas a precio de rebaja para sus editoriales y llenaban con ellos los programas nocturnos. Resultado: cuanto más se emitieran estas canciones, más derechos generaban y más ingresos para todos. Así, de paso, las emisoras recuperaban parte del dinero que pagaban anualmente a la SGAE por el uso de su repertorio.

El fenómeno era conocido dentro de la SGAE: la entidad lo investigó en 2013 sin llegar a ninguna sanción. De ahí que el escándalo solo volviera a saltar hace un mes, cuando una operación policial contra la rueda produjo 18 detenciones. Tuvo que ser, cómo no, otra intervención externa.