El coladero del registro de canciones en la SGAE

El talento. O el Typex. Hay una vía para componer obras maestras de la música que consiste en aunar genialidad, conocimiento y esfuerzo. Es la que siguen los Beethoven, Chopin, Mozart y compañía. Otro camino, en cambio, apenas precisa de unos instantes y un corrector líquido: se borra un nombre de la partitura de algún genio, se sustituye por otro y ¡magia!, he aquí un nuevo maestro musical. Y una sinfonía lista para ser registrada y generar derechos de autor. Así lo hacían varios socios de la SGAE implicados en el caso Rueda, según las investigaciones internas que la entidad llevó a cabo entre 2013 y 2015.

El registro masivo de obras de dominio público con apenas unos arreglos —o incluso ninguno—, y sin embargo con un nuevo autor, es una de las claves de un fraude que ascendió a 100 millones de euros entre 2006 y 2011, según el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional. Todo gracias a una red entre socios de la SGAE, sus testaferros y empleados de televisiones, para que estos temas llenaran la programación nocturna de las cadenas y generaran ingresos millonarios para toda “la rueda”. Pero gracias, también, a la ausencia de controles sobre el registro de canciones en la entidad. “Es un coladero y el origen de estos problemas”, ataca David Arístegui, coautor del libro SGAE: El monopolio en decadencia.

El reglamento de la entidad, en el artículo 125, reza: “Las obras administradas por la Sociedad se registrarán en una base de datos informática en virtud de declaraciones cumplimentadas por sus autores o derechohabientes”. Es decir, basta con una declaración jurada del socio; en el primer registro, este ha de añadir una partitura. Para los siguientes, vale “un mp3”, explican dos directivos. Ambos matizan que así funciona, en realidad, la mayoría de entidades de gestión del mundo. “Sería imposible comprobar todas las obras que se presentan cada día [1,6 millones de registros en 2016], pero las entidades de gestión deben hacer verificaciones aleatorias y detectar lo que es evidente”, explica uno de ellos. Como el registro de 11.000 canciones en tres años por parte de un autor hasta entonces inactivo; la entrega de fotocopias de partituras modificadas con chapuzas; o temas duplicados o triplicados, para poder venderlos a más emisoras, ejemplos reales destapados por la investigación judicial.

En el caso de los arreglos de obras de dominio público, “deberá acompañarse a la declaración la parte arreglada y/o adaptada, así como las correspondientes partituras musicales y/o textos literarios originales”, se lee en el reglamento. Algo que “la rueda” cumplía a veces con sus fotocopias y su Typex. Un técnico de la entidad debe comprobar que las declaraciones de registro cumplan con los requisitos formales. Pero no hay peritajes sobre lo musical, ningún experto que establezca si una presunta modificación de una partitura de Vivaldi ha, en efecto, cambiado sustancialmente el original. Es más: ni el reglamento, ni tampoco la Ley de Propiedad Intelectual, aclaran qué se considera un arreglo (¿una nota?¿dos?¿cien?), aunque defiende que la aceptación de las declaraciones está “condicionada a la verificación técnica de tales arreglos o adaptaciones”. Sea como fuere, la laxitud del sistema permite a Arístegui concluir que “no hay ningún control, antes, durante o después del registro”.

Tanto que la SGAE descubrió el escándalo de “la rueda” en 2013 —cuando su entonces presidente, Antón Reixa, lo denunció públicamente— por la recaudación disparada de sus implicados, y no por sus trampas en el registro. Esas se demostraron a posteriori, cuando dos equipos internos de la SGAE investigaron a cinco socios. Entonces concluyeron que se habían cometido “faltas muy graves”. Pese a ello, el reglamento no se ha cambiado.

En otras entidades, como la alemana Gema, ya se profundiza más en los detalles. “La transcripción fiel de determinadas partes o voces a otro instrumento” o “la transposición a otro tono o registro” no son “susceptibles de ser reconocidos como material protegido”, aclara por ejemplo el German Copyright Act. Gema cuenta además con una comisión encargada del peritaje a posteriori. "Se está estudiando y trabajando, desde inicios de 2016, en una modificación reglamentaria respecto a los registros de arreglos de dominio público, que incluirá, entre otras cuestiones, su verificación, caso a caso, por técnicos musicales", explican desde la SGAE, y prometen que el cambio entrará en vigor para finales de este año. Varios socios de la entidad lo vienen pidiendo desde hace años: “Que haya tres musicólogos que puedan discernir si hay arreglos o no”. Si es talento. O solo Typex.