La SGAE ya investigó el fraude de ‘la rueda’ en 2013, pero no lo denunció ni lo sancionó

La SGAE ya investigó a “la rueda” hace años. Varios de los nombres que ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera implicados en la trama —con la que socios de la entidad y televisiones se embolsaron millones gracias a temas musicales emitidos de madrugada— ya estuvieron desde 2013 bajo la lupa de dos equipos de investigación internos. Ambos detectaron infracciones leves y graves por parte de Manuel Carrasco, su madre, Gloria Tubío Gragera, Fernando Bermúdez, su mujer, Ana María Beltrán Lassaletta, y José Miguel Díez Perales, según documentos internos a los que ha accedido este diario. La investigación halló varias de las trampas —y de las chapuzas— que hoy destaca el juez: supuestos arreglos de piezas musicales de dominio público que en realidad eran simplemente copias del tema original; canciones registradas dos veces con títulos distintos; partituras originales que se vendían como nuevas porque se había modificado algún compás o algún nombre de una forma un tanto burda: aplicando un líquido corrector y escribiendo encima.

Finalmente, un comité disciplinario emitió cinco expedientes en los que pedía sanciones contra los cinco implicados como la suspensión del derecho al voto durante tres años o multas de hasta 17.000 euros. Para entonces era ya junio de 2015, habían pasado dos años y el propio comité avisó del riesgo de defectos formales y de que las faltas hubiesen prescrito. De ahí que las sanciones nunca se impusieran: el gobierno de la SGAE se rindió ante el recurso presentado por los implicados y el temor de perder la causa en los tribunales. Así consta en las actas oficiales.

La junta directiva exigió, eso sí, que se anularan todas las canciones registradas que se habían considerado irregulares en la investigación, y que se recuperara de las cuentas de los implicados el dinero ingresado. Y, según fuentes de la entidad, así ocurrió. Aunque dos miembros de la junta votaron en contra de estas medidas y pidieron que constara en acta: “[Mónica] Fernández de Valderrama y [Jesús] Glück no consideran que estos socios hayan falsificado ni robado”. Y todo a pesar de que en esa reunión quedó clara “la comisión de faltas muy graves” por parte de los investigados, tal y como declaró el entonces presidente, José Luis Acosta.

Los documentos muestran cómo el sistema empleado por “la rueda” ya se intuía en 2013, con sus tres niveles: en primer lugar, supuestos compositores graban miles de temas musicales —a menudo eran obras de dominio público con apenas retoques o incluso sin cambio alguno; en otras ocasiones, se trataba de música de “baja calidad”, según la policía, que el pasado martes detuvo a 18 personas—.

En segundo lugar, unos intermediarios se encargan de registrar esos temas, a veces apareciendo ellos mismos como coautores, o colocando a sus familiares y testaferros como creadores; por último, las editoriales de las emisoras adquieren esas canciones y llenan con ellas los programas nocturnos. El 50% de los ingresos se queda en las cadenas; el otro 50%, entre el intermediario y el supuesto compositor. El fraude, según el juez, asciende al menos a 100 millones entre 2006 y 2011.

En el fondo, así lo sugería ya el ataque frontal que lanzó el presidente de la SGAE en aquel 2013, Antón Reixa, contra 11 socios. Justo a raíz de ese llamamiento, empezaron las investigaciones internas. En el inicio, contaron con el apoyo de un empleado de la entidad, que ya había detectado por su cuenta irregularidades en los registros de las canciones. “Curiosamente poco después fue despedido”, relata un miembro del grupo de trabajo que se formó en 2013 para investigar estas irregularidades, al que pertenecía el actual presidente, José Miguel Fernández Sastrón.

Mil trabas

Tanto él como un miembro del comité disciplinario —posterior al grupo de investigación citado— explican por teléfono, y bajo condición de anonimato, que aquella labor avanzó entre mil trabas. Bajas en las filas de los investigadores, comparecencias retrasadas hasta el infinito, aplazamientos en la entrega de documentos; al menos tres miembros del comité disciplinario fueron recusados y finalmente sustituidos. El propio secretario general de la SGAE les reconoce cierto mérito, como se lee en el acta previa a la votación final en la junta: “Desea dejar constancia de que el Comité Disciplinario ha llevado a cabo un trabajo muy complicado, a veces desagradable desde el punto de vista personal”.

Las dos fuentes hacen hincapié, aun así, en que descubrieron indicios claros de “falsos registros” de obras pertenecientes al dominio público y de “acaparamiento”, es decir, una “injustificada explotación preferencial” de un repertorio, en perjuicio de otros socios. Sin embargo, no bastó para parar “la rueda”.