Un millón de afectados por la falta de una ley para los creadores

Que un escritor pueda seguir publicando después de jubilarse sin tener que renunciar, parcial o totalmente, a su pensión; que la ley deje de considerar artista solo al que actúa frente a un público pero no al que esculpe o pinta, o que registre el centenar de profesiones que no contempla hoy; que la afonía sea motivo de baja para el cantante o la tendinitis para el violinista; que a una bailarina que trabaja durante el embarazo y hasta que pueda tomarse la baja por maternidad se le reconozca el riesgo a que está sometida y que ninguna trabajadora del ámbito cultural tenga que forzar el parto para hacerlo coincidir con un momento en el que esté dada de alta en la seguridad social, para no caer en el desamparo. Que, en definitiva, la legislación no sea un impedimento para que creadores y artistas puedan cotizar y pagar impuestos teniendo en cuenta la natural intermitencia de su desempeño.

Cuestiones tan primordiales como esas son las que este miércoles han defendido todos los sectores de la cultura española aunados (con el apoyo de más de 80 asociaciones que los representan) en un informe de 50 conclusiones que presentarán la semana que viene a la Comisión de Cultura, un texto que esperan que sea la base sobre la que el Parlamento elabore el decreto para el Estatuto del Artista, el Creador y el Trabajador de la Cultura antes del final de la legislatura. La Unesco ya en los ochenta pidió a los países de la Unión Europea que adoptaran medidas de esta clase pero solo ahora, con más de tres décadas de retraso, los cuatro grandes partidos (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) han coincidido en llevarlo en el programa electoral y llegará la petición al hemiciclo. "Tendríamos que acudir todos en bloque a denunciar ante el Tribunal de Estrasburgo lo que las distintas Administraciones españolas han hecho por ningunear un Derecho Humano de primera magnitud como la cultura", ha indicado el ilustrador y humorista gráfico Antonio Fraguas, Forges, una de las cien personalidades de la creación que han querido sumarse contando los agravios sufridos en el libro de testimonios Pedimos la palabra, en el que aparecen voces como la de Rosendo, Ángeles Caso, Álvaro Urquijo, Kiko Veneno, Ouka Leele, Gonzalo Suárez, Julián Hernández o Santiago Auserón.

"No pedimos limosnas sino justicia", dice Patacho Recio, presidente de la Junta de Autores de la Música y una de las almas más implicadas en el impulso de esta reforma. No hay un censo como tal, pero durante la elaboración de este informe se han ido extrayendo datos y, según los cálculos que manejan, este cambio legislativo afectará a un millón de personas. Un noventa por ciento de los artistas españoles, continúa Recio, ni siquiera alcanza a percibir el salario mínimo interprofesional (9.907,80 euros anuales en 2017). Para empezar a poner remedio a esa precariedad en la que viven instalados estiman que ha de actuarse en lo fiscal y lo laboral, pero también en la educación, la representación sindical de los colectivos artísticos —apenas la tienen salvo adscribiéndose a uno de los sindicatos mayoritarios— o la protección de los derechos de autor ("Somos los únicos que tras 70 años pierden potestad sobre su patrimonio y no podemos dejarlo en herencia", reivindican al respecto). Sus propuestas centrales son: que las réditos obtenidos por derechos de autor pasen a ser considerados un devengo de la propiedad intelectual, cuestión que solventaría la compatibilidad con el cobro de pensiones; que el creador tenga opción de realizar la declaración de la renta no contando los ingresos anuales sino en ejercicios de tres o cuatro años, para reflejar la intermitencia; que los creadores que trabajan por cuenta propia tengan una cuota de autónomo progresiva y, por defecto, estén dados de alta y protegidos por la Seguridad Social, y que ésta reconozca la especificidad de las enfermedades que en sus profesiones ha de causar baja laboral.

Por cada ocho millones de euros que el Gobierno francés dedica a la promoción del francés y su cultura, cuenta Forges, el español dedica un euro. No un millón, un solo euro, una moneda. Por esa razón considera imposible equiparar la legislación francesa, la que los artistas señalan como modelo a seguir, con la española. No es una aspiración realista. Sí pueden sin embargo imitarse algunos de sus aspectos e intenciones y así han tratado de indicarlo en el documento. José Antonio Abascal, especialista en fiscalidad en campos artísticos, ya ha comparecido ante los diputados de la Subcomisión de Cultura cuyas conclusiones (no vinculantes) deberán ayudar al Parlamento a parir el Estatuto. Según sus estimaciones ninguna de las propuestas que presentan en este documento, si se aplicara, supondría un menoscabo en la recaudación de las arcas públicas. Más bien al contrario porque, dice, buena parte de los negocios del sector se hacen en B y, con una legislación vigente como la que proponen, afloraría ese dinero.

"¿Qué cara se le va a quedar ahora a Montoro cuando tenga que recibir tras cuatro años a unos creadores?", se pregunta Forges, y se entristece cuando inmediatamente después reflexiona en alto: "Lo cierto es que da igual cuantas razones demos; si no le da la gana lo tumbará todo y no tendrá ni que dar explicaciones". Del Ministerio de Hacienda dependerá de verás en última instancia que el barco del Estatuto del Artista, el Creador y el Trabajador de la Cultura llegue a buen puerto.