Galeón ‘San José’, un patrimonio común y compartido

Sin duda, el mayor obstáculo que actualmente tiene la industria cazatesoros internacional no lo proporciona el derecho, sino el propio agotamiento de los yacimientos no expoliados. La avanzada extinción del testimonio arqueológico de origen hispánico es un hecho y una crisis humanitaria. Una reciente investigación interdisciplinar, en la que pude participar, otorga, apenas, un horizonte temporal de diez años para este patrimonio.

La importante noticia del hallazgo del galeón San José surge en medio de esta crisis sin que todavía lo haya hecho como parte de la solución, al menos no con la suficiente claridad. Las dos sociedades, colombiana y española, parecen confrontadas en la legitimidad exclusiva de conocer, preservar, explorar y aprender del yacimiento del galeón San José.

Y sin embargo, la idea de un monopolio excluyente, en relación a la decisión de dar un destino a estos restos arqueológicos, resulta social, científica y legalmente imposible.

Frente a un registro histórico común prácticamente desaparecido, en los últimos cuarenta años, sabemos que es imprescindible que se hagan afirmaciones nuevas, radicalmente nuevas desde el derecho, que es el principal lenguaje que nos relaciona.

Afirmaciones del tipo que es un patrimonio común, ajeno a toda posibilidad de comercio, que refleja un pasado común y un compromiso compartido de preservar para las generaciones futuras este testimonio de una historia y una vinculación cultural que puede mejorar y reforzarse desde la libertad y el compromiso con el conocimiento, la cooperación y la ciencia.

El yacimiento del galeón San José y sus restos arqueológicos marcan el momento para una Carta Hispánica del Patrimonio Histórico Sumergido y una declaración conjunta que sienten las bases de una política coordinada de defensa, difusión y conservación de ese patrimonio histórico común sumergido.

Un compromiso internacional en ese sentido es perfectamente compatible y viable con nuestro ordenamiento jurídico, y en modo alguno perturba los fundamentos íntimos de la regulación sobre el patrimonio histórico en España y en Colombia.

Para la comunidad científica es triste ver que buena parte de la polémica, resulta de viejos errores que no pueden ser casuales: concebir los restos arqueológicos del San José como una cuestión de metales preciosos. Parte de la opinión pública y la política americana todavía desconoce que España renunció legalmente, hace ya treinta años, a poder dar ningún destino comercial a los vestigios arqueológicos subacuáticos.

El yacimiento del galeón San José marca el momento para una Carta Hispánica del Patrimonio Histórico Sumergido

Es difícil ignorar que la industria cazatesoros internacional ha sobrevivido a la Convención Unesco de 2001, pero es más grave ignorar que prácticamente la única defensa legal eficiente para proteger los yacimientos arqueológicos correspondientes a buques de guerra históricos de origen hispánico, dispersos por todo el mundo, está siendo invocar el principio de inmunidad soberana sobre estos restos. Este principio de derecho internacional se otorga ordinariamente a los buques Estado y de guerra, pero también puede invocarse a los que están hundidos aunque sean históricos y con independencia de la fecha de su hundimiento. México lo ha aceptado con una idea práctica y comprometida con un patrimonio que es tan mexicano como español y que supone más un punto de reencuentro entre sociedades que un pretexto para el conflicto.

Resulta irresponsable concebir que lo que se decida sobre el galeón San José no va a afectar al resto del patrimonio subacuático de origen hispánico en el resto del mundo.

El protagonismo de este momento, lo debe tener mucho más la comunidad científica que los políticos. Y en ese sentido, ambas sociedades, española y colombiana, debemos estar alerta frente a los nacionalismos y las tentaciones excluyentes. Ambas nacen de la idea insensata de que la historia es fabricable, que el pasado puede rehacerse eternamente o de aceptar que quien controla la raíz controla el árbol. Estos restos arqueológicos no dejan de ser un bien público mundial del que somos directamente responsables.

Nos enfrentamos, sin haber efectuado jamás antes una excavación semejante, ante la recuperación de un increíble fragmento de tiempo, desprendido del siglo XVIII, un galeón hundido hace más de tres siglos, con los restos materiales y humanos de un combate donde murieron españoles de dos continentes, europeos y americanos, en defensa de una España que entonces los abarcaba. Resulta insensato renunciar a esta oportunidad de conocimiento cuando colectivamente podemos proveer de medios proporcionados a una tarea digna de lo mejor de nuestro presente y conocer honestamente nuestro pasado. El patrimonio histórico sumergido hispánico es un patrimonio arqueológico común de todos los pueblos hispanoamericanos sujeto a la servidumbre de su protección, de la preservación en la participación de su investigación, acceso científico, su difusión y el deber de cooperación. Hay una norma que rige en todos los Estados de Derecho y que hace que este artículo sea esencialmente jurídico: es el sentido común, el más importante principio de derecho.

José María Lancho es abogado experto en derecho sobre patrimonio histórico subacuático.