La Junta de Andalucía exige 2,8 millones a la Fundación García Lorca

La Junta de Andalucía reclama en firme a la Fundación García Lorca 2,8 millones que concedió para la construcción del centro del poeta en Granada y que la institución gastó en viajes, sueldos de su personal, producciones teatrales e intereses bancarios. La exigencia del Gobierno autónomo se suma a la del Ministerio de Cultura —también firme—, que demanda 700.000 euros destinados al centro y justificados con facturas rechazadas.

El edificio abrirá por fin sus puertas el próximo 29 de julio tras una década de obras e innumerables retrasos. Si todo marcha según el guión previsto, el legado del poeta de Fuente Vaqueros se trasladará después del verano desde la Residencia de Estudiantes de Madrid hasta la nueva sede en la ciudad andaluza.

La deuda total que afronta la fundación asciende ya a 10,5 millones —3,5 millones reclaman las Administraciones, cuatro millones exige La Caixa y tres millones la constructora Ferrovial—. Sin embargo, la entidad tiene abierto otro expediente de reintegro de un millón en el ministerio, y la cifra puede aumentar.

La presidenta de la institución, Laura García Lorca, ha denunciado al exsecretario Juan Tomás Martín por apropiación indebida y falsedad documental. En paralelo, dos auditorías encargadas por la fundación y el consorcio que forman las Administraciones intentan aclarar las cuentas de la entidad.

Para el presupuesto de 23 millones del centro, el Gobierno andaluz puso sobre la mesa 6,5 millones (28% del total) junto al Ministerio, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada. Ahora reclama casi la mitad de dicha suma, dado que las justificaciones presentadas por la fundación difieren de las certificaciones de obra. Entre las facturas se incluyen más de un millón de intereses bancarios, viajes a Nueva York y México, producciones teatrales y el sueldo como gerente del consorcio de Martín. El salario del exgerente comenzó siendo en 2003 de 9.000 euros y solo con el IPC ascendió hasta los 12.000 euros en 2013.

La nueva consejera de Cultura andaluza, Rosa Aguilar, firmó la orden de reintegro el pasado jueves, decisión que solo admite un último recurso de reposición ante la propia Consejería, antes de acudir a los tribunales de lo Contencioso-administrativo para evitar pagar los 2,8 millones. La presidenta de la fundación declinó aclarar si afrontará el pago o acudirá a la justicia.

Ante el agujero financiero de la fundación, esta mañana las Administraciones han expresado su “preocupación” ante las cantidades “no justificadas”. Sin embargo, la losa económica no ha impedido el acuerdo con Ferrovial, que ya ha entregado las llaves del edificio a cambio de una fórmula en firme para cobrar su deuda.