Un alud de reacciones encontradas

Críticas antes, durante y después. El conflicto entre el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte y las entidades de gestión ha sido una constante de la reforma de la ley de Propiedad Intelectual. Así que ayer no iba a ser una excepción. El Consejo de Ministros aprobó el texto que ahora pasará por el Parlamento. Y las entidades, cómo no, lo criticaron ásperamente. Con ellas, la Secretaria de Educación y Cultura del PSOE, Mar Villafranca, que habló de “un paso más en la senda del maltrato a la cultura” del Gobierno de Rajoy.

Incluso antes de valorar el texto en sí, las quejas tenían que ver con el proceso previo. “Ha sido una ley impuesta, más que consensuada”, aseguraba Rafael Sánchez, presidente de Egeda, presidente de Egeda, la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales. Prácticamente todas las fuentes consultadas hacían el mismo relato: el Ministerio proponía un texto, abría el plazo para las alegaciones, las recibía y no las tenía en cuenta. Una de las fuentes concreta que su última reunión formal con el secretario de Estado de Cultura fue el 30 de diciembre. Sostiene que Lassalle les prometió que pronto tendrían el texto de la ley. No volvieron a saber nada.

El texto no solucionará algunos  problemas y se queda corto en cuestiones esenciales Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores

“Nos parece una frivolidad hacer una ley sin contar con los sectores implicados. Hay puntos importantísimos por los que no nos han preguntado”, afirmaba Ramón Colom, presidente de FAPAE (federación de asociaciones de productores audiovisuales de España). “Echamos en falta mecanismos que facilitaran la participación de los afectados”, sostenían fuentes de Cedro. De hecho, ninguno de los responsables de las entidades de gestión había tenido acceso hasta la tarde de ayer al texto. De ahí que solo valoraran las pautas que ofreció el ministro Wert en una rueda de prensa y en un comunicado. Aun así, expresaron su frustración sobre todo por la medida que más enfrenta Gobierno y entidades de gestión: la compensación por copia privada.

El sistema en sí es cosa antigua. Una vez enterrado el canon digital, en 2011 el Gobierno aprobó una compensación, con cargo a los Presupuestos del Estado, para las entidades de gestión: ocho millones, respecto a los 115 de hasta entonces. La novedad de ayer, que tampoco gusta a las entidades, es la definición de qué es copia privada. “Era necesario acotar este concepto. Permanecen amparadas las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. El tratamiento de la copias digitales queda remitido a los correspondientes contratos de licencia”, informaba un comunicado difundido por el ministerio. Las demás serán consideradas como copias ilícitas.

La ley establece los ámbitos ilícitos (los que quedan fuera de la definición de copia privada), pero no los persigue Rafael Sánchez, presidente de Egeda

“Quedan fuera las copias de copias, las de un CD prestado o de una canción descargada de iTunes”, ponía algunos ejemplos Antonio Guisasola, presidente de Promusicae y de Adepi, la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual. Y Sánchez sugería que el Ministerio ha reducido el ámbito de la copia privada para justificar una menor compensación.

La crítica va dirigida también hacia la decisión de cargar la cantidad a los Presupuestos del Estado. “Es una subvención enmascarada al lobby tecnológico”, defendía Noemí Planas, de UFI (Unión Fonográfica Independiente). Se refería a que, a falta de poder cobrar a todos los que copien, “las entidades que ponen a disposición de los usuarios los equipos [para la copia] deben ser los que la financien”.

Positiva, en cambio, es su valoración de la sorpresa de la reforma: la compensación equitativa que el Gobierno quiere que los agregadores de noticias (como Google News) que usen fragmentos no significativos de "información, opinión o entretenimiento" paguen a los editores. La más feliz, claro, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que ve satisfecha una reivindicación histórica. "Es el paso más importante que ha dado un Gobierno en España para la protección de la prensa", alegaba Luis Enríquez, presidente de AEDE.

Y bien se recibió también entre las entidades la orden de aumentar su transparencia. La ley fija un cuadro de infracciones y un catálogo de obligaciones, que incluyen la rendición anual de cuentas y la realización de auditorías. Demasiado fresco es el recuerdo de los escándalos en la SGAE, que en un comunicado se mostraba “totalmente a favor”.

Muchas más polémicas suscita la creación de una ventanilla única. Básicamente, la ley impone a las entidades un plazo de cinco meses para constituir “una persona jurídica privada” que centralice la facturación y pago de los usuarios del derecho de propiedad intelectual. Una vez vencido el plazo, de ello se encargará la Comisión de Propiedad Intelectual. Varias de las fuentes coinciden en que, en anteriores borradores, al cabo de los cinco meses la tarea recaería sobre la SGAE y apuntan a esta como una de las causas del parón de última hora por el que el texto no se presentó en el anterior Consejo de Ministros.

“Pedimos que sea voluntaria y que sea solo para los lugares abiertos al público (bares, restaurantes, discotecas) donde sea necesario. Y, en todo caso, sin un pacto de tarifas es imposible que funcione”, apuntaba Abel Martín, presidente de Aisge (entidad de gestión de los derechos de directores de escena, dobladores, actores y bailarines). “Positiva”, con matices, era la opinión sobre la ventanilla de Antonio María Ávila, secretario general de la federación de gremios de editores de España. Y José Manuel Gómez Bravo, Director de Propiedad Intelectual del Grupo PRISA (propietario de este diario), sostuvo que "habrá de regular necesaria y eficazmente la protección de los derechos de propiedad intelectual, la persecución eficaz de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y los de análoga naturaleza".

Ávila añadía que en “la lucha contra la piratería va por buen camino, aunque se puede mejorar sustancialmente”. En concreto, la ley castiga ahora también las webs de enlaces y establece sanciones económicas de hasta 300.000 euros por “incumplimientos reiterados de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos”. Para Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, no bastaba. “Los miembros de la comisión antipiratería siguen siendo nombrados por los ministerios, mientras que deberían ser expertos independientes”, se lamentaba Navarrete, además de subrayar que los 150 contenidos retirados, en los dos años que la Comisión de la ley Sinde lleva actúando, “son escasos en un universo de cientos de miles”.

Con información de Rocío García y Winston Manrique.