“Por fin se ha hecho justicia”

“Es una noticia necesariamente esperada que, por fin, ha hecho justicia”. De esta forma calificó ayer el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferran Mascarell, la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazaba el recurso contra la Ley de 2005 que establecía la devolución de los fondos catalanes del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Mascarell aseguró que “la razón se ha acabado imponiendo a una de las grandes perversidades del franquismo, la de querer borrar la memoria de los catalanes. Si las sentencias del Constitucional son válidas cuando afectan negativamente a Cataluña, también lo han de ser cuando le son positivas”, ha explicado Mascarell, de forma contenida pero contundente.

Sin querer precisar plazos para para la devolución —“estoy cansado de dar detalles sobre el asunto que luego no se cumplen”—, Mascarell dijo: “ya no hay argumentos para seguir con la actitud dilatoria”. El consejero espera que a finales de febrero o principios de marzo ya haya regresado el grueso de la documentación. “El cierre de este conflicto ha de contribuir a que las diferencias sobre lo que pueda suceder en el futuro entre Cataluña y España esté en el terreno de la voluntad positiva y no fundamentado en debates históricos que no acaban de resolverse nunca”, dijo, en referencia al debate sobre el proceso soberanista catalán liderado por el gobierno de Artur Mas.

Las cifras de los documentos pendientes de volver a Cataluña han cambiado de año en año. Tras el regreso, en diferentes viajes desde 2006, de 1.716 legajos (417.579 documentos) y 579 libros al Archivo Nacional de Cataluña, en abril del año pasado se aseguró que estaban a punto para viajar a Cataluña otras 255 cajas que contenían unos 85.000 documentos, publicaciones periódicas y objetos varios, como sellos o banderas, tras ser identificados y digitalizados. Pero los vehículos alquilados para el transporte hicieron el viaje de vuelta vacíos, entonces y en el mes de diciembre. Según Mascarell, existen otras 435 cajas que en “estos últimos meses” también se están revisando y comprobando para ver si contienen documentos relativos a Cataluña. Las 225 cajas y el contenido catalán de esas 435 nuevas cajas serán las que viajarán en las próximas semanas, tras la reunión de la Comisión Mixta Estado-Generalitat que valide el trabajo de los técnicos de documentación.

Pero hay más. En el largo contencioso se han ido sumando nuevas demandas. El pasado mes de octubre diez ayuntamientos catalanes, como Igualada, Reus, Tarragona, Valls, Vic o Barcelona, presentaban una reclamación conjunta para recuperar otras siete cajas que contenían documentos de carácter administrativo relacionados con el funcionamiento diario de cada uno de ellos, así como datos sobre la construcción de refugios y de la defensa pasiva de las ciudades contra los bombardeos durante la Guerra Civil.

Josep Cruanyes, portavoz de la Comisión de la Dignidad, la plataforma cívica que desde 2001 ha liderado la campaña a favor del retorno de los papeles, tras asegurar sentirse muy feliz ya que “la sentencia del Constitucional acaba con todas las dudas sobre el tema, porque fundamenta su resolución en que la Ley de 2005 repara uno de los efectos de la represión franquista”, aseguró ayer que no hay motivo para no incluir en la devolución la de los diez ayuntamientos, ya que “el Estatuto catalán considera a los ayuntamientos parte de la administración de Generalitat”, dijo. Además, según Cruanyes, la sentencia de ayer abre la posibilidad de que otros ayuntamientos españoles puedan reclamar documentación depositada hasta ahora en Salamanca.