Testigo de la historia

A la venta a partir del 24 de mayo

Capítulo 1

Primera parte

Crisis del socialismo y ascenso del partido popular (1993-1996)

1

Felipe González

«¿Organizó, autorizó o toleró usted

la guerra sucia del GAL?»

Felipe González (Sevilla, 1942) había sido la gran esperanza del socialismo español durante la transición. Su triunfo electoral del 28 de octubre de 1982 había levantado una desconocida oleada de ilusión en el futuro del país. Comenzaba entonces un gran esfuerzo de modernización y de integración en Europa. El Partido Socialista Obrero Español volvió a conseguir mayoría absoluta en los comicios de 1986, pero en 1989 perdió, por un escaño, esa ventaja decisiva y a partir de las elecciones de 1993 se vio obligado a pactar con los nacionalistas catalanes (Convergència i Unió, CiU) para dar estabilidad al Gobierno.

Después de más de una década en el poder, el Gobierno socialista pasaba por sus momentos más delicados. Las distintas tramas de corrupción, aireadas en la prensa y espoleadas por el Partido Popular (José María Aznar) e Izquierda Unida (Julio Anguita), crearon un ambiente político irrespirable. Uno de los principales casos que afectaron al Gobierno de Felipe González fue el que protagonizaron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Esta banda terrorista parecía vinculada a los aparatos policiales del Estado y había cometido diversos crímenes desde 1983 (hasta 29 asesinatos y varios secuestros). Era la «guerra sucia» contra ETA. La principal cuestión en este caso era dilucidar si el Gobierno había planeado y organizado los GAL en el ámbito estatal o era la aventura criminal de sujetos aislados.

A continuación se transcribe la histórica entrevista que Iñaki Gabilondo hizo a Felipe González el día 9 de enero de 1995 en TVE.

—El GAL está en el centro de la actualidad, en el centro de la actualidad judicial, de la actualidad política, de la actualidad económica, en el centro de todo. Y mientras los procesos judiciales siguen su camino, creo que no se puede perder ni un minuto, señor presidente: es necesario tratar de despejar las incógnitas básicas de la credibilidad. Me va usted a permitir que le pregunte directamente: ¿organizó usted el GAL, señor González?

—Jamás. Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que sólo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen.

—¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA?

—Nunca autoricé, ni nunca encubrí esa guerra sucia. Es más: he ordenado al ministro de Justicia e Interior [Juan Alberto Belloch] que interpongan una querella contra quien hace una afirmación respecto del Gobierno como la que hoy ha aparecido en prensa.

—¿Toleró usted en algún momento eso porque le estaba resultando útil en la guerra contra ETA?

—Repito que en ningún caso. Ni lo toleré, ni lo consentí, ni mucho menos lo organicé, obviamente.

—Felipe Alcaraz [dirigente de Izquierda Unida] dice que ya está claro, que Felipe González es la X.

—Pues yo creo que el señor Alcaraz tendrá que asumir su propia responsabilidad y demostrarlo.

—¿Está usted muy enfadado?

—No, enfadado no estoy. Yo no suelo enfadarme. Lo que pasa es que tengo convicciones que son muy profundas y no estoy dispuesto a que las ponga en entredicho nadie, ni Felipe Alcaraz ni nadie, y mucho menos, dos condenados, como han sido condenados por los Tribunales de Justicia en sentencia firme1.

—¿Comprendió usted o entendió que naciera el GAL?

—En absoluto. Ha habido episodios de ésos en la democracia y yo nunca he hecho ningún tipo de cobertura, ni siquiera explicativa. Siempre he condenado cualquier acción que no sea una acción legal.

—En las últimas semanas han surgido muchas voces que han tratado de contextualizar lo ocurrido para «comprenderlo», entre comillas. ¿Está usted entre los que... se explicarían esas actuaciones contextualizando lo que ocurrió en 1983?

—Yo no he hecho ninguna contextualización. La lucha contra el terrorismo es una lucha desigual, lo he dicho muchísimas veces, porque nosotros tenemos que utilizar los instrumentos de la ley y los terroristas utilizan todos los instrumentos para matar o para extorsionar, hasta el punto que ha habido muchas víctimas del terrorismo, muchas: 867. Por consiguiente, estamos en una situación muy dura o hemos vivido y vivimos una lucha muy dura contra el terrorismo, pero yo no he contextualizado nunca esa lucha que siempre he pretendido que sea una lucha democrática y una lucha transparente.

—Señor presidente, ¿y por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al Gobierno?

—Mire: recuerdo que un periodista me hizo una pregunta estando de visita en una residencia de ancianos... Exactamente me dijo: «¿Y si se demuestra que el Gobierno ha participado, de alguna manera, en la creación de los GAL?». Y yo contesté: «Mire usted: ésa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho. Por consiguiente, es imposible que algún día se pueda demostrar eso».

—Vamos a ver... ¿La cúpula de la lucha antiterrorista es Gobierno?

—La cúpula de la lucha antiterrorista son funcionarios, no son Gobierno, pero son funcionarios que dependen del Gobierno en todas las luchas contra el terrorismo, y me parece que siempre han cumplido con absoluta lealtad y con una gran fidelidad a la democracia.

—El director general de la Seguridad del Estado, ¿es Estado?2.

—Es Estado, sin duda alguna, claro. No se puede decir que sea Gobierno, pero, desde luego, es Estado. Y me parece que ha prestado un gran servicio a la sociedad española.

—Acabamos de saber que ha sido decretada la orden de detención para el secretario personal del señor [Rafael] Vera, por el asunto del dinero... Se están produciendo al parecer en los procesos de investigación aproximaciones que estarían implicando a personas que difícilmente se pueden considerar ajenas al Gobierno...

—Mire... Hoy han dicho en la prensa, esta mañana, que el Gobierno ordenó el pago de doscientos millones de pesetas a los señores Amedo y Domínguez, y yo he dicho al ministro de Justicia, inmediatamente, que presente una querella contra quien hace esa afirmación, porque es absolutamente falsa, no tiene ningún fundamento.

—¿Si lo hubiera ordenado un ministro del Interior podríamos decir que el Gobierno estaba implicado?

—Sin duda. El ministro del Interior forma parte del Gobierno, pero es que no es verdad.

—¿Y un secretario de Estado no tiene una responsabilidad de gobierno?

—Sin duda es una responsabilidad próxima al Gobierno, porque cuando se habla del Gobierno es el Gobierno. Pero, bueno, de todas maneras... la información es falsa y el propio secretario de Estado lo ha dicho.

—Si pasados los días se terminara descubriendo la responsabilidad de personalidades de la cúpula de determinados ministerios o del Ministerio del Interior...

—Mire usted: es que eso no forma parte de un talante democrático. Parto de un presupuesto democrático que me parece que todos tenemos que defender: presumir la inocencia de las personas y no la culpabilidad. Cuando se demuestre la culpabilidad de una persona, podremos decir: «Hay una sentencia firme condenando a una persona». Es el caso del señor Amedo y del señor Domínguez. Pero no es el caso de los demás. ¿Cómo podemos hacer hipótesis que presuman la culpabilidad de personas que han tenido una gran responsabilidad en la lucha contra el terrorismo?

—¿No nos podemos sentir inquietos los demócratas de este país? Pudiera darse esta circunstancia y, por tanto, necesitamos que el presidente del Gobierno...

—Vamos a ver: sería mucho más inquietante que estuviéramos presumiendo la culpabilidad como demócratas. Eso sería la Inquisición: tendríamos que demostrar la no culpabilidad simplemente por una imputación que no tiene fundamento. Los demócratas no podemos dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio.

—Lo que pasa es que no solamente es lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio, es que en este momento están detenidos. Aunque actúa sobre ellos la presunción de inocencia, están detenidos, y se cita a grandes personalidades de la lucha antiterrorista que nos hacen temer que pudieran darse evidencias que terminaran siendo verdaderamente carga de dinamita contra...

—Vamos a ver: de nuevo le digo que hay que presumir la inocencia de las personas, como es natural en democracia, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Y hay que respetar, y respetar seriamente, la independencia de los jueces que, bajo su responsabilidad, toman esa decisión. Y yo estoy dispuesto a respetarla, pero desde luego no estoy dispuesto a hacer un juicio de valor ni estoy dispuesto a condenar a ninguna persona simplemente porque un juez haya decidido la privación de libertad.

—Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato: no sabe absolutamente nada de los GAL, absolutamente nada.

—No. Yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho.

—Pero no más.

—Pero ¿por qué voy a saber más?

—¿No tiene... digamos, información...?

—Ha habido investigaciones judiciales, que siempre han sido investigaciones acompañadas del esfuerzo de la Policía para esclarecer los hechos, y eso es lo que ha ocurrido con el GAL desde hace diez años u once años, desde que esta historia empieza. Por consiguiente, ha habido una participación de la propia fuerza de la Policía judicial en el esclarecimiento de los hechos. Por tanto, ¿qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Que el Gobierno está detrás del GAL, como se dice? ¿O como he oído decir a un señor, que yo soy el «señor X»?3. Espero que esta persona asuma su responsabilidad, espero que la asuma seriamente. Los ciudadanos tienen que saber que eso es falso, radicalmente falso, y como es falso, vamos a reaccionar querellándonos contra quien lo afirma.

—Deduzco entonces que usted tiene el máximo interés en que se exclarezca absolutamente todo lo que tiene que ver con el GAL.

—Sin duda, sin duda alguna.

—Por tanto apoya y anima al señor [Baltasar] Garzón4 a que continúe con...

—Yo no tengo por qué animarlo. Él tiene una misión que cumplir y debe cumplirla. Lo que tengo es que respetar su actuación y su independencia; y eso lo tiene absolutamente garantizado, y lo sabe muy bien el señor Garzón.

—Si pasado un cierto tiempo se dedujeran implicaciones de personalidades del Ministerio del Interior, responsables de lucha antiterrorista, ¿usted seguiría considerando que el Gobierno no está implicado? ¿No estaría implicado en este caso?

—Repito que usted parte de una hipótesis que me parece peligrosa en democracia: es la hipótesis de presumir que puede haber implicaciones de responsables...

—No, no... En caso de tener implicaciones, presidente, en caso de tener implicaciones... Es el sentimiento de muchos ciudadanos de este país.

—¿Qué diferencia hay entre «en caso de» y «presumir»? Yo creo que hay que presumir la inocencia de las personas. No se trata de contextualizar nada. Es natural que la lucha contra el terrorismo, que no ha acabado todavía, sea un tema muy serio en el país; es un tema muy serio. Por consiguiente, hay que tener respeto a las personas que luchan contra el terrorismo, arriesgando su propia vida. Incluso en una situación de dificultad como la actual, hay que presumir la inocencia de esas personas. Pero, en todo caso, si los jueces establecen cualquier responsabilidad, cualquiera, yo asumiré la responsabilidad que a mí me corresponda, de eso no le quepa la menor duda, y siempre lo he dicho y lo he hecho políticamente.

—Apelo en este momento al demócrata y al hombre que cree en el Estado de Derecho: ¿cómo calificaría a un Gobierno que hubiera practicado la guerra sucia contra el terrorismo? Porque yo creo que se han comentado algunos ejemplos internacionales con alguna admiración.

—Yo creo que eso no tiene justificación. Así de claro.

—Este tema está afectando a todos los asuntos y nos lleva directamente al asunto de los fondos reservados y del dinero. ¿Usted no tenía noticia de que hubiera un dinero que se estuviera pagando a nadie?

—Es que yo creo que no es verdad. Yo creo que no es verdad. Mire usted, sobre los fondos reservados le voy a decir algo que me parece serio: todos los países democráticos necesitan el uso de fondos reservados para defender a las instituciones democráticas en el Estado de Derecho, todos, no hay ni una sola excepción. ¿Qué es lo que ocurre? Que mentir sobre fondos reservados es muy fácil. Yo a veces tengo la tentación de decir: «Bueno, ¿por qué no le explico a la gente qué pasa con los fondos reservados?». Pero, claro, no sólo el sentido de la responsabilidad, sino la propia Ley prohíbe a los responsables políticos hablar de fondos reservados. Es muy fácil, por consiguiente, hacer imputaciones sobre fondos reservados. Hay incluso un procedimiento judicial abierto; esperemos a ver qué es lo que dicen los jueces, pero, desde luego, lo que tiene que quedar perfectamente claro para todo el mundo es que los fondos reservados en todos los estados democráticos se utilizan para la defensa del propio Estado democrático. Y no hay una sola excepción, ni una sola excepción. Y son reservados porque no se puede declarar su naturaleza y eso lo comprende todo demócrata. Claro, quien no entiende qué es la democracia, no lo entiende o puede estar utilizándolo de manera torticera.

—Sí... Lo que no he entendido muy bien es por qué ha dicho usted que es falsa la imputación de que había un dinero que había viajado camino de Suiza para pagar...

—Repito. La imputación de esta mañana ha sido clara: el Gobierno ha ordenado que se pague no sé qué cantidad, doscientos millones de pesetas..., a los señores Amedo y Domínguez. Eso es falso. Y, además, lo vamos a demostrar, porque nos vamos a querellar contra quien lo ha dicho. Por tanto, vamos a demostrar judicialmente que es falso.

—Volveríamos, tal vez, a la discusión de qué sería Gobierno. ¿El Consejo de Ministros actuó como tal?

—Gobierno es un concepto que legalmente está acuñado, como es natural. Pero repito: en su conjunto, la imputación es falsa. Y, desde luego, no estoy dispuesto a tolerar en absoluto la imputación que se hace al Gobierno, porque como es falsa y nunca el Gobierno ha tomado una decisión de esa naturaleza, naturalmente quien dice esa falsedad tendrá que responder.

—Este asunto está afectando de una forma sustancial a casi todo en este país: la economía está dando unos disgustos de grueso calibre, la Bolsa se ha venido abajo, lleva haciéndolo bastantes días, la peseta ha llegado a sus mínimos frente al marco alemán, hoy también, el Financial Times y el Wall Street Journal dedican editoriales a nuestro país y hablan de incertidumbre, de inquietud, de desasosiego...

—Despejemos las incertidumbres que no son necesarias. Yo creo que hay una cierta repercusión de la situación política en la situación económica. Creo que es más importante controlar el déficit, desde el punto de vista de la evolución del cambio de la moneda o de la evolución de las expectativas, eso es más importante que toda esta discusión que tenemos. Y creo que es así para todos los mercados internacionales. Y como tenemos una absoluta voluntad de controlar el déficit, y se va a ir demostrando semana a semana, mes a mes, esa situación de los mercados irá cambiando. La situación de la economía es mejor de lo que habíamos esperado hace sólo seis, siete u ocho meses; el crecimiento va a ser de un 2 por ciento y hoy ya se sabe la noticia de que habrá ciento cincuenta mil parados menos en el año 1994. Quiero recordarle que esperábamos ciento veinte mil más; por tanto, la diferencia es sustancial y esto va a continuar así. Lo que pasa es que yo creo que no se le puede dar pábulo a aquellos que dicen que hay una crisis política que afecta a la recuperación de la economía porque hay dos personas condenadas que están haciendo imputaciones en declaraciones de prensa. Tenemos que tener un poco de firmeza, de serenidad, y de seriedad, como responsables políticos, porque esto no puede afectar a nuestro país, no puede afectar a la marcha de la economía y, menos, a la estabilidad. ¿Por qué va a afectar a la estabilidad política?

—Por cierto... ¿tiene usted una opinión sobre la razón por la que Amedo y Domínguez han recuperado, de repente, la memoria?

—No. Mire, yo no debería dar ningún tipo de opinión que interfiriera ni directa ni indirectamente en lo que puede ser una tarea judicial. Por consiguiente, ¿por qué voy a dar una opinión? Cada ciudadano se hace su composición de lugar. ¿Que han dicho una cosa antes y ahora dicen otra...? También es una valoración que tienen que hacer los jueces y que tienen que hacer los tribunales. Si yo hiciera una valoración, probablemente alguien pensaría que estoy interfiriendo, y como no tengo ningún interés...

—Perdone... ¿y comparte el punto de vista de [José] Barrionuevo, de que Garzón está movido por intereses non sanctos en esta investigación?

—Hombre, Barrionuevo es una persona a la que se le han hecho una serie de imputaciones, y tiene derecho a defenderse. Yo creo que ha sido un muy buen ministro del Interior, asumiendo una responsabilidad muy seria, como es siempre el Ministerio del Interior. Pero yo no comparto su opinión sobre los jueces, yo creo que... incluso... creo que sus opiniones están en el límite del debate político. Teniendo derecho cada uno a opinar lo que quiera, yo creo que no debía haber dado esa opinión. Por consiguiente, si lo hubiera pensado, en el caso de que hubiera pasado, se lo debería haber reservado y no haberla dado.

—Por cierto, ¿cómo acabó usted con Garzón?

—Pues yo no acabé mal. No hace mucho tiempo que lo vi, no hace mucho tiempo que lo vi, por otras razones, porque presidía una fundación de ayuda a pueblos indígenas o algo así. No hace demasiado tiempo que lo vi.

—Hablaba usted de la economía, que trae buenas noticias, respecto al paro. Efectivamente, lo comentaba el ministro de Trabajo, el señor [José Antonio] Griñán. Pero, en relación con la incertidumbre, le leo lo que decía el editorial del Financial Times esta mañana; decía: «Si la subida de tipos frena la recuperación, las dificultades de Felipe González se van a intensificar. Para recuperar el control de la situación, el señor González debe encontrar un sucesor potencial que le ayude, pero el paso más importante es, simplemente, gobernar». ¿Cómo lo comenta?

—Pues yo creo que sí, que la decisión de gobernar es una decisión absolutamente clara, absolutamente adoptada, no sólo hemos tomado una serie de medidas importantes en los últimos meses, que son de todo el mundo conocidas, y que han influido poderosamente en el proceso de recuperación económica, sino que tenemos un paquete de reformas importantísimas, desde la Ley del Suelo hasta la reforma de la Justicia. Tenemos que hacer que la recuperación del empleo y la recuperación económica se aprovechen al máximo; y, dentro de ese aprovechamiento de la situación de la mejora de la economía, tiene que estar la reducción y el control del déficit. El Gobierno está absolutamente decidido a hacerlo y, además, estamos totalmente de acuerdo con el apoyo parlamentario que tenemos, Convergència i Unió, en las prioridades de reducción de déficit. Por consiguiente, prioridad a todo lo que sea mejora de la situación económica...

—¿Y esto otro de... de que debe «encontrar un sucesor potencial que le ayude»?

—A mí me parece que tengo muchas ayudas y... Me parece bien, es una opinión. Me imagino... que alguien que ha hecho un editorial y tal... y me parece incluso razonable que haya alguien que opine que tengo que encontrar un sucesor que me ayude. Me ayudan todos los ministros y todos los miembros del Gobierno, pero, en fin... si hubiera otro que me ayudara, pues también estaría bien.

—Y el Wall Street Journal dice que España es un país de alto riesgo para la inversión. Esta mañana, en un editorial, con una foto suya, habla de inestabilidad.

—No comparto esa idea. Yo creo que se está introduciendo esa idea de manera poco razonable. Desde el punto de vista político, ¿en qué consiste la estabilidad de un Gobierno? Hablo de la estabilidad para hacer cosas, no de la estabilidad por la estabilidad. La estabilidad para hacer las reformas que el país necesita; la estabilidad de un Gobierno, consiste en tener apoyos parlamentarios y en el desarrollo de su propio programa. Yo tengo unos compromisos electorales que estoy cumpliendo y voy a seguir cumpliendo, desde la política de pensiones hasta la política de reformas estructurales: de eso depende la estabilidad. Cuando alguien cuestiona la estabilidad del Gobierno, introduce, sin duda, alguna duda sobre la estabilidad, pero yo le aseguro que no va a haber inestabilidad de Gobierno. Ni va a haber precipitación electoral.

—Perdóneme, señor presidente, pero esto que estamos viviendo... ¿es estabilidad?

—Sí. Yo creo que se confunden los términos: yo creo que hay un problema o una serie de problemas, y hay algunos problemas que son serios. Pero esto es algo que ocurre desde el punto de vista de la tarea del Gobierno y no pone en cuestión la estabilidad. No pone en cuestión la estabilidad. Lo que tiene que hacer el Gobierno es resolver los problemas, que es lo que estamos haciendo.

—¿Cómo interpreta usted que los catalanes [CiU] confirmen su apoyo al Gobierno, pero se mantengan en compás de espera, a la vista de los acontecimientos? ¿Cómo lo interpreta?

—El apoyo parlamentario de Convergència i Unió siempre va a ser así, ha sido así desde el principio. Y yo lo que agradezco es que de nuevo reiteren, y reiteren con seriedad, que va a seguir siendo el complemento del apoyo parlamentario al Gobierno. Me parece que eso es lo importante desde el punto de vista de la gobernabilidad.

—Sí... perdone, ¿pero no quiere decir que se está desconfiando? Todo esto que estamos comentando, el tema GAL, etcétera, ¿no ha introducido un elemento de desconfianza en la sociedad, respecto a lo que pueda asomar mañana o pasado, y revelarnos alguna otra sorpresa? ¿No hay desconfianza por lo que está pasando en el país?

—Yo creo que no...

—¿No?

—Yo creo que no. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos confían. La inmensa mayoría de los ciudadanos confían, y confían en un Gobierno que tiene que tomar decisiones, y decisiones que son serias desde el punto de vista de la recuperación económica, repito, y desde el punto de vista de la reforma, y el Gobierno está absolutamente dispuesto a tomarlas.

—Y ha dicho que no va a haber anticipo de elecciones... Francisco Álvarez-Cascos, del Partido Popular, decía que los plazos máximos de la resistencia de la musculatura política social, más o menos, están en torno a las elecciones municipales y autonómicas. ¿Hasta ahí puede llegar la resistencia en el actual momento? ¿Usted niega eso?

—Yo respeto las opiniones que se puedan dar. Desde el mes de junio del año pasado pidieron elecciones anticipadas; en el mes de septiembre del año pasado las volvieron a pedir; en julio se decía: «Bueno... con este Gobierno no va a facilitarse la recuperación»; ahora se dice: «Con este Gobierno la recuperación puede que no continúe». Ya se admite que hay una recuperación económica, y una recuperación importante, incluso una recuperación en el tema que casi siempre se retrasa más, que es el empleo. Pero yo creo que eso es normal... Es normal que la oposición diga... Bueno... «normal»... Normal en España, pues en Gran Bretaña la oposición está a una distancia enorme del Gobierno y no pide anticipación electoral. Porque normalmente se tiene el hábito de pensar que las legislaturas deben agotarse, porque los gobiernos son elegidos para cuatro años, y que hay que respetar la voluntad de los ciudadanos. Hay varios procedimientos para que un Gobierno sea sustituido: uno, el más normal, el democrático por excelencia, es el de la convocatoria de elecciones en su tiempo. Hay otro procedimiento, que es la moción de censura y la sustitución de un Gobierno por otro, que es un procedimiento constitucionalmente establecido. Estos métodos están a nuestra disposición. Y hay otro procedimiento: el presidente del Gobierno, con las atribuciones que le confiere la Constitución, puede decidir que es mejor anticipar elecciones que esperar el período normal de legislatura. Yo no estoy en la tesitura de anticipar elecciones, y quiero dejarlo claro y despejado, para no tener que insistir.

—¿Y cree que los apoyos catalanes van a mantenerse?

—Yo creo que sí. Yo creo que sí, que se van a mantener, y creo que se van a mantener porque el resultado está siendo muy positivo, desde el punto de vista, repito, de los objetivos fundamentales de la acción de gobierno.

—Hablemos de dos encuestas. Una de ellas, publicada por el Abc esta mañana, dice que si hoy se celebraran elecciones, ganaría el Partido Popular con un 40 por ciento. El Partido Socialista está en la cota más baja y se produce una subida muy fuerte de Izquierda Unida. El Partido Popular podría obtener mayoría absoluta. ¿Esta posibilidad es la que más aleja, justamente, esta disolución de las cámaras?

—No, en absoluto, en absoluto.

—¿Hay táctica de partido en esto...?

—En absoluto. Además, yo ya llevo muchos años gobernando y me parece que he demostrado suficientemente... en otras cosas me habré equivocado, muchas veces, pero he demostrado suficientemente que antepongo los intereses generales del país a cualquier interés partidario y, desde luego, a cualquier interés personal. Por consiguiente, no es eso. Mire, yo creo que la serie de encuestas elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas demuestran muy claramente que la situación no es ésa. Pero da igual, imaginemos que fuera ésa: da igual, en medio de un período electoral puede haber una diferencia entre Gobierno y oposición. Yo creo que la encuesta que usted ha leído no se ajusta a la verdad, pero, bueno, la respeto, como cualquier otra.

—Y la segunda encuesta dice que un 60 por ciento de la población cree que el Gobierno puede estar implicado en el caso GAL: este asunto está en el centro de todo.

—Es que... claro... En una situación como la que estamos viviendo, una encuesta... depende de cómo se haga. Yo creo que eso no tiene rigor. Yo creo que la inmensa mayoría de la población rechaza cualquier tipo de actividad que no se ajuste a la legalidad, y eso me parece positivo, pero creo que esa apreciación no tiene rigor.

—En un momento como éste, por tanto, ¿cree usted que el tiempo juega a favor de sus posiciones...?

—Yo no estoy haciendo un cálculo de tiempo... Si me permite que se lo diga con claridad, esto no es un problema de calcular si el tiempo juega a favor o en contra, sino de hacer una tarea por responsabilidad, una tarea de gobierno que nos han encomendado los españoles. Y cuando los españoles decidan que no seamos Gobierno, está en su mano decidirlo. Por consiguiente, mientras tanto, tenemos que gobernar y tenemos que ayudar a sacar adelante a nuestro país y tendríamos que hacerlo todos, todos los que se sientan comprometidos con nuestro país. Por consiguiente, aun comprendiendo que la oposición pida elecciones anticipadas una y otra vez, yo creo que es un grave error: sería mucho mejor que estuvieran en una actitud constructiva, intentando ayudar a resolver los problemas del país.

—¿Pero tiene aliento todavía este Gobierno y su partido para continuar adelante con esta legislatura? ¿No está más empecinado en continuar que empeñado con ilusión en una acción de gobierno?

—Yo creo que no. Yo creo que tenemos un proyecto político, que es un proyecto político que ha producido una gran transformación de nuestro país. Ahora trata de olvidarse, porque... Tenga en cuenta que aquí hay varios procedimientos en marcha. Hay un procedimiento respetable de jueces, etcétera, pero también hay un proceso paralelo del que he hablado hace unos meses (y que generó mucho escándalo); este proceso es contra el Gobierno y contra el partido. Yo estoy dispuesto a soportarlo bien, porque este partido tiene un proyecto político que ha transformado la sociedad española, y la ha transformado de una manera muy seria, y un proyecto político que tiene un largo alcance. Por consiguiente, tiene que seguir el proceso de cambio de la sociedad española y debemos defender, además, algunas de las conquistas que hemos hecho en materia social y que tenemos que asentar, sea en política sanitaria, o sea en política de pensiones. Por tanto, tenemos que tener impulso político para continuar con ese proyecto histórico. Proyecto que, por cierto, no veo en otros.

—¿Y no le está a usted sujetando el puro deseo de no caer ahogado en el tema de la corrupción?

—Yo... mire... Lo que ha pasado...

—Digamos que trata de vencer esta ola. No caer ahogado en ella.

—Mire, lo que está ocurriendo es el resultado de las acciones que hemos emprendido en materia de corrupción. Antes se hablaba que había absoluta impunidad, y ahora se dice que hay actuaciones institucionales que ponen de manifiesto que ha habido comportamientos presuntamente irregulares. Bueno, esto es lo que hemos decidido hacer. Es curioso que cuando se toma esa decisión, que es un compromiso electoral, eso se pueda volver contra quien decide que efectivamente hay que luchar seriamente contra cualquier tipo de corruptela, pero es posible que eso se vuelva así; sin embargo, para mí, y no me cansaré de explicarlo, con este proceso ha desaparecido ese sentimiento de impunidad. Ahora se dice que es que hay muchos casos: hay los casos que hay. Yo creo que nadie podrá negar que se ha dado un impulso en ese sentido.

—¿Quiere decir que estos asuntos, los cuales están ahogando al Gobierno, son el resultado de la propia acción depurativa del Gobierno?

—¿Ahogando por qué? Usted me ha planteado que hay casos de corrupción y se están llevando adelante, se están llevando adelante o por los tribunales o por las propias investigaciones internas del propio Gobierno, como acaba de ocurrir en el Ministerio de Justicia e Interior, entregando toda la información a un juzgado. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que nos reclaman los ciudadanos que hagamos: que funcionen las instituciones. Nosotros estamos facilitando el buen funcionamiento de las instituciones, desde nuestra responsabilidad como Ejecutivo. Esto me parece que es lo normal, así debe ocurrir y, por consiguiente, eso producirá, a mi juicio, un saneamiento permanente de la vida pública y una mayor transparencia...

—¿El caso GAL es uno de los casos que forman parte de la misma acción...?

—No, no, no... No confundamos: en el caso GAL se ha iniciado una investigación que tiene su causa en un suceso del año 1983, de diciembre de 1983... Por cierto, le recuerdo que en diciembre 1983, cosa que he explicado pocas veces, estuve reunido con el presidente de la República Francesa, justamente, para discutir el tema de la cooperación y la lucha contraterrorista y, justamente, de esa reunión nace el cambio de actitud del Gobierno francés en la cooperación con España; y a primeros de 1984 se produce el comienzo de la cooperación con las primeras extradiciones de etarras a España. Por consiguiente, en el mismo tiempo en que se sitúan estos acontecimientos, yo estaba luchando democráticamente por conseguir algo que no habíamos conseguido antes y que ha sido y es fundamental en la lucha contra el terrorismo: la cooperación del Gobierno francés.

—¿Y en ese tiempo no se produce un «¡A por ellos!», un «cueste lo que cueste», un «vale todo»?

—No, no, no. Le vuelvo a repetir que quien impute al Gobierno una responsabilidad en ese sentido, está, simplemente, mintiendo, está falseando la realidad. El Gobierno ha actuado de acuerdo con la legalidad y ha actuado desde convicciones democráticas profundas en la lucha contra el terrorismo; y, desde luego, ha actuado, repito, en términos muy desiguales, porque los terroristas tienen muchas ventajas cuando se lucha democráticamente contra ellos.

—Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.

Notas

1 El presidente del Gobierno se refería probablemente a José Amedo y Michel Domínguez, citados poco más adelante, dos policías detenidos, procesados, juzgados y encarcelados que comenzaron a señalar a otras personas y a distintos responsables políticos como integrantes, participantes u organizadores de los GAL. Estas declaraciones se publicaron fundamentalmente en el diario El Mundo, dirigido por el periodista Pedro J. Ramírez.

2 Julián Sancristóbal.

3 El presidente probablemente se refería a Julio Anguita, por entonces máximo dirigente de Izquierda Unida.

4 Baltasar Garzón, juez instructor de la Audiencia Nacional, había formado parte de los equipos ministeriales de Felipe González tras las elecciones de 1993. Ocupó la Dirección General sobre Drogas, pero abandonó muy pronto el cargo, por desavenencias políticas o personales, y regresó a su antiguo puesto en la magistratura. A partir de ese momento, desencadenó una serie de actuaciones judiciales que minaron el Gobierno González. Para unos fue una prueba de independencia del juez; para otros, un acto de revancha contra un Gobierno que, en teoría, le había prometido un ministerio que jamás le concedió.