La ONU reclama más financiación para los países pobres para evitar una transición verde a dos velocidades

Hace una par de semanas, el Reino Unido cerró su última central eléctrica de carbón y puso fin así a una relación de 142 años con este combustible fósil, el que más gases de efecto emite a la atmósfera. Pero esa clausura no es una rareza entre las naciones desarrolladas, ya que un tercio de los países de la OCDE no emplean ya el carbón y se espera que tres cuartas partes de ellos lo hayan eliminado para 2030 mientras las renovables avanzan al galope en la mayoría de estas naciones. La preocupación de los analistas climáticos se centra ahora en algunos países emergentes muy poblados, como la India, Indonesia, Vietnam y Filipinas, donde sus Gobiernos tratan de cubrir las necesidades energéticas básicas de sus habitantes como pueden y la demanda de este combustible sigue creciendo. Es una transición verde a dos velocidades, contra la que el responsable del área de cambio climático de la ONU ha advertido este jueves.

“Sencillamente, no podemos permitirnos un mundo en el que hay quienes tienen energía limpia y quienes no”, ha sostenido Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. “En una transición global a dos velocidades, tarde o temprano todos saldrán perdiendo”. Porque los gases que se emitan al quemar los combustibles (el carbón, pero también el petróleo y el gas) no se quedarán solo sobre las cabezas de los habitantes de esos países, sino que contribuirán a alimentar todavía más el calentamiento de todo el planeta. “Solo podremos evitar que la crisis climática diezme todas las economías, incluidas las más grandes, si todas las naciones disponen de los medios necesarios para reducir drásticamente la contaminación por gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia al cambio climático”, ha continuado Stiell. Por eso se necesita que la financiación internacional para la lucha contra el cambio climático hacia los países en desarrollo crezca y se intensifique, como ha pedido este responsable de la ONU.

La financiación climática (el dinero que se necesita para abandonar los combustibles fósiles y para adaptarse a los impactos del calentamiento global) estará en el centro de las negociaciones de la próxima cumbre del clima, que se celebra en Bakú, capital de Azerbaiyán, entre el 11 y el 22 de noviembre. Porque los representantes de los casi 200 países que se sentarán en la mesa de negociaciones de esta COP29 deberán decidir un nuevo objetivo de financiación anual. Y las discusiones no serán solo sobre a cuánto debe ascender, también sobre quién debe poner el dinero.

Hasta ahora, los acuerdos climáticos que se han ido adoptando partían de la premisa de que son los considerados países desarrollados los que han de movilizar los fondos hacia las naciones con menos recursos (que además son las que tienen menos responsabilidades históricas sobre el cambio climático). El problema para la Unión Europea y otras naciones ricas es que esa distinción en dos bloques, que parte de los años noventa del siglo pasado, ha quedado en cierta forma desfasada. Coloca, por ejemplo, a la segunda economía mundial y primer emisor global desde hace cerca de dos décadas, China, en el grupo de naciones que no deben contribuir a la financiación climática de las naciones con menos recursos.

La UE ha fijado esta semana su posición negociadora para la cumbre de Bakú, y avanza que considera necesario “ampliar el grupo de contribuyentes” más allá de los países desarrollados. Debe ensancharse para “que refleje la evolución de las capacidades económicas respectivas y la proporción cada vez mayor de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde principios de la década de 1990″, señala el texto en una clara referencia a China, aunque sin citar a ningún Estado.

Ante lo que pueda ocurrir y cómo pueda acabar la negociación, Stiell ha advertido este jueves: “la cuestión vital de quién paga y cuánto, puede acordarse en Bakú, pero no vamos a ir allí a renegociar el Acuerdo de París”. Porque el Acuerdo de París, de 2015, parte de lo que se conoce como responsabilidades comunes pero diferenciadas, en alusión a que los países desarrollados, como responsables históricos del cambio climático, deben hacer más en materia de financiación y de recorte de emisiones.

El objetivo de financiación vigente era lograr que a partir de 2020 se “movilizaran” 100.000 millones de dólares anuales desde los países ricos a las naciones en desarrollo. Según las cuentas de la OCDE, a esa meta se llegó dos años tarde, en 2022. Pero hay muchas notas al pie de debajo de ese cumplimiento. Porque el término “movilizar” ha permitido que la mayoría de fondos hayan sido préstamos y no ayudas a fondo perdido. Por eso Stiell ha recalcado este jueves que a partir de ahora “la mayor parte posible de esta financiación deben ser subvenciones o ser concedida en condiciones favorables”.

Además, “debe hacerse más accesible a quienes más la necesitan”, porque en muchas ocasiones el dinero ha ido a parar no a los países más pobres sino, paradójicamente, a naciones como China en forma de inversiones en proyectos renovables. Por último, el responsable de cambio climático de la ONU ha puesto otro requisito sobre la mesa: “está claro que la financiación pública debe estar en el centro”, es decir, que sean los Estados y las entidades financieras de cooperación las que movilicen esos fondos y no las entidades privadas, como también ha ocurrido habitualmente hasta ahora.

“En la COP29 de Bakú, todos los gobiernos deben acordar un nuevo objetivo para la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático que responda verdaderamente a las necesidades de los países en desarrollo”, ha enfatizado. Lo que está claro es que la nueva meta económica que empezará a aplicarse a partir de 2025 debe superar los 100.000 millones de dólares anuales. Pero la duda es hasta dónde debe llegar; en los textos de discusión previos a la cumbre hay un sin fin de posibilidades que llegan hasta los dos billones de dólares anuales.

“Sabemos que se necesitan más billones”, ha admitido Stiell. Pero ponerlos sobre la mesa supone una “inversión crucial para proteger la economía mundial, y supondrá una fracción de los costes que pagarán todas las naciones si permitimos que la crisis climática siga desbocada, devastando cada año más vidas y medios de subsistencia”. Este responsable de Naciones Unidas ha recordado cómo este año se han registrado “cientos de miles de millones de dólares de daños en países ricos y pobres” debido a unos fenómenos meteorológicos extremos que el cambio climático hace más habituales y duros. “Muchos han sufrido los devastadores daños de los huracanes Milton y Helene. Mi isla natal, Carriacou, sufrió el impacto directo del huracán Beryl hace sólo unos meses. E incluso aquellos que han evitado los daños directos se han visto duramente afectados por la inflación al bloquearse y romperse las cadenas de suministro”.

Deuda y banco mundial

Cuando se habla de financiación climática, cada vez suena con más fuerza el empleo de nuevas fórmulas que vayan más allá de las ayudas o créditos. Por ejemplo, Stiell ha apuntado este jueves a la deuda que sufren muchos países que actúa como “camisas de fuerza fiscales” que hace casi imposible que puedan invertir en acciones climáticas. Por eso ha instado al FMI y al Banco Mundial a que se comprometan “a garantizar que los países en desarrollo dispongan de fondos y espacio fiscal para la acción y la inversión climáticas, y no de deudas devastadoras y costes de capital por las nubes”. “El alivio de la deuda y la introducción de cláusulas de deuda más relacionadas con el clima son un buen comienzo”, ha valorado.