Transformar nuestros edificios hoy para mejorar nuestras vidas mañana

Año tras año aumenta en Europa el número de víctimas mortales relacionadas con las condiciones meteorológicas. Los fenómenos climáticos extremos, como las mortíferas olas de calor estivales y las inundaciones repentinas, son cada vez más frecuentes a medida que se impone la nueva realidad climática. Además, el incremento de los costes de vida, agravado por la volatilidad de los precios de la energía, obligó el año pasado a muchos hogares a elegir entre calentarse o comer, suponiendo que muchos más cayeran en la pobreza energética. Entre las principales causas se encuentra el ineficiente parque de edificios de Europa, así como una gran dependencia de los combustibles fósiles.

España se encuentra entre los países más afectados. Sin ir más lejos, el año pasado, este país registró 11.324 muertes atribuibles al calor extremo, el segundo peor dato de Europa (Italia fue el peor con 18.010 muertes). Acabamos de sufrir la tercera ola de calor superando temperaturas récord día tras día.

En estas circunstancias, la principal recomendación es permanecer en interiores, además de hidratarse constantemente, si bien, el problema es que muchos hogares españoles tienen dificultades para mantener sus casas a una temperatura adecuada debido a las características de nuestros edificios y ciudades. Como las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes, la pobreza energética va más allá del frío en invierno y plantea ahora graves riesgos para la salud en verano, ya que el aire acondicionado y la ventilación adecuados son cada vez menos asequibles.

Por desgracia, el 80% de los edificios españoles son ineficientes desde el punto de vista energético, un 5% más que el total de edificios ineficientes de la UE. El Plan Nacional contra la Pobreza Energética constató que son especialmente los hogares con ingresos más bajos y las viviendas ocupadas por personas más vulnerables en España los que sufren esta ineficiencia energética.

Por otro lado, las cifras publicadas por Eurostat indican que casi 8 millones de personas en España no pudieron mantener sus hogares a una temperatura adecuada el pasado invierno. En los últimos tres años, el porcentaje de hogares que no pudieron disfrutar de un confort térmico en sus viviendas aumentó del 10,9% al 17,1%, debido en gran parte a la inflación y al actual aumento del coste de vida.

A pesar de que millones de personas viven en viviendas inadecuadas, durante décadas no se ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por desarrollar y aplicar políticas de mejora de las viviendas integradoras y ambiciosas en la UE. Los hogares se ven obligados a depender de sistemas de calefacción anticuados, ineficientes y contaminantes que funcionan con combustibles fósiles, dejando a muchos expuestos a la volatilidad de los precios de la energía. Por su parte, la mala calidad de las viviendas en términos de aislamiento y ventilación hace que sea complicado refugiarse en verano, sin hacer uso de costosos sistemas de refrigeración, en el mejor de los casos. El uso continuado de combustibles fósiles también agrava la crisis climática, que es la principal culpable de estas mortales olas de calor estivales.

Para abordar estos problemas, la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) es un punto de partida crucial. La Directiva puede ser el catalizador para que Estados miembro de la UE, como España, tomen medidas urgentes para la descarbonización de sus edificios, aumenten la tasa de renovación de los mismos y garanticen la sustitución de los sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles por soluciones renovables lo antes posible.

La calefacción y aire acondicionado son unos de los mayores gastos en el presupuesto de muchos hogares. De ahí que deban asignarse fondos nacionales y de la UE adecuados y suficientes, priorizando la renovación de las viviendas con peor rendimiento y habitadas por familias con las rentas más bajas. Las subvenciones a las instalaciones de calefacción alimentadas con combustibles fósiles deberían eliminarse en 2024 a más tardar, ya que solo perpetúan la maquinaria de los combustibles fósiles, lastrando la transición a sistemas sostenibles y basados en renovables.

En la actualidad, hay aproximadamente 68 millones de calderas de gas y 18 millones de calderas de gasóleo en edificios residenciales de la UE. Sustituir 30 millones de calderas de gas y gasóleo por nuevas bombas de calor de aquí a 2030 supondría una reducción del 36% del consumo de gas y gasóleo en estos edificios y una reducción del 28% de sus emisiones de CO₂. Para lograrlo, la financiación pública debería reorientarse desde los combustibles fósiles hacia la mejora de la eficiencia energética, la renovación de edificios y viviendas y la instalación de tecnologías renovables de calefacción y refrigeración en el sector residencial.

Mejores edificios hoy para mejores vidas mañana

Reducir el consumo y los costes energéticos, conseguir viviendas más sanas y confortables y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero son los beneficios que puede reportar una profunda ola de renovación integral en todos los Estados miembro de la UE. Se trata de soluciones a largo plazo para muchas de las crisis actuales a las que se enfrenta Europa.

La renovación de los edificios españoles, especialmente de las viviendas, exigirá esfuerzos tanto del sector privado como del público. Los gobiernos y el sector privado deben aunar su empeño en aumentar la contratación y la formación de profesionales especializados que lleven a cabo estas renovaciones generalizadas, garantizar unas buenas condiciones de trabajo, oportunidades de empleo dignas y directas, mejorar los requisitos de cualificación y poner en marcha iniciativas educativas a gran escala para garantizar una oferta suficiente de trabajadores debidamente cualificados y certificados que puedan realizar un trabajo de alta calidad. También es responsabilidad de los gobiernos fijar objetivos políticos ambiciosos y claros en sus Planes Nacionales de Energía y Clima (NECP).

Mientras, continúan los debates a tres bandas entre las instituciones de la UE, encontrándonos en la fase final de la revisión de la directiva de edificios. Es el momento de que los responsables políticos nacionales y de la UE reconozcan el potencial que tiene una profunda ola de renovación holística para abordar las múltiples crisis a las que se enfrenta Europa en la actualidad. En sus manos está ofrecer un marco legislativo que dé prioridad a las personas, a los edificios en peor estado y que incluya apoyo financiero, ayuda técnica y una sólida protección social. Necesitamos en definitiva una directiva de edificios, social y medioambientalmente justa.

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