El exgerente del CNIO rompe su silencio sobre la corrupción: “Ha sido una depravación para exprimir hasta el último céntimo”

Durante al menos 15 años, el mayor centro de investigación del cáncer fue un nido de corrupción cuyos cabecillas podrían haber robado hasta 30 millones de euros de dinero público amañando contratos. Es la imagen que dibuja el último gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, que dejó su cargo el viernes tras una denuncia inconcluyente por presunto acoso. Bernabé ha compartido con EL PAÍS detalles de cómo funcionaba esa presunta trama, sobre la que ya ha aportado cinco informes a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF). Su relato está respaldado por decenas de documentos revisados por este diario. Por cuantía y alcance, sería el mayor caso de corrupción en un centro científico de la historia reciente.

El presunto cabecilla de la red era Juan Arroyo, que fue gerente del CNIO desde 2009 hasta su cese en 2025. Bernabé habla de malversación, documentos falsificados, tráfico de influencias, incluso de trabajadores contratados con fondos públicos que hacían de sirvientes en casa del cabecilla. Estas pruebas se suman a las ya denunciadas por un exalto cargo del CNIO ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que inició la investigación del ministerio público en noviembre.

“La primera mentira es que yo llegase al CNIO para limpiar las cosas”, arranca Bernabé. Licenciado en Filosofía y Derecho, este técnico facultativo superior —la élite de los funcionarios del Estado—, desembarcó en el centro en septiembre después de una brillante carrera en otros organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su fichaje fue celebrado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, como el inicio de una nueva etapa en el CNIO que dejaría atrás las luchas intestinas y las presuntas ilegalidades. “A mí nadie me advierte de cómo está el centro realmente y, visto lo visto, había que haber entrado con un equipo completo de informáticos, ingenieros, economistas y abogados, no con un gerente solo”, lamenta.

Lo primero que comprobó Bernabé es que a nivel administrativo el CNIO era un centro obsoleto, sin digitalización, atípico en el siglo XXI. Era muy difícil encontrar documentos, expedientes, facturas. Pronto le quedó claro que se trataba de “un caos hecho adrede”, que buscaba “ocultar la información”. En los casos en los que la información sí se encontraba, a veces era imposible demostrar que un contrato específico, por ejemplo para una reforma o una reparación, se realizó realmente o existía solo sobre el papel.

Hasta hace unos pocos días, Bernabé investigaba irregularidades de este tipo en contratos de mantenimiento entre el CNIO y Eiffage Energía Sistemas, filial española de una gran multinacional francesa que es la quinta mayor constructora de Europa. En virtud de uno de esos contratos, por importe de 1,3 millones de euros, esta compañía aportaba al CNIO 19 empleados de mantenimiento, explica Bernabé. Un día, acompañado de varios testigos, bajó a contar cuántos operarios había realmente trabajando. Y encontró siete menos. Cuando comprobó los tornos de acceso durante todo un mes, quedó claro que había siete personas que nunca aparecían por allí. Entonces llamó a Javier de Dios, responsable de Gestión Técnica del CNIO, y le preguntó qué pasaba. Tras dos minutos mirando las pruebas proyectadas en una pantalla, “se echó a llorar en mi despacho”, recuerda Bernabé. De Dios se rompió y confesó que era un apaño para que los empleados de mantenimiento pudiesen cobrar más, y que esto se hacía por orden del presunto cabecilla, Juan Arroyo, que fue destituido por el patronato del CNIO en enero de 2025 junto a la directora científica, María Blasco, tras casi 15 años de enfrentamiento larvado entre ellos que estalló a finales de 2024.

Bernabé denunció este caso a la Fiscalía Anticorrupción. Lo último que sabe es que la Policía sospecha que algunos de esos empleados pagados por el CNIO que nunca aparecían por el centro trabajaban en realidad en propiedades inmobiliarias del propio Javier de Dios —que tendría hasta 20— siempre bajo la tutela de Juan Arroyo. Bernabé sospecha que parte del dinero de más que se pagaba a Eiffage acababa enriqueciendo a Arroyo y sus colaboradores.

Uno de esos empleados de mantenimiento era conocido como “el mayordomo”. Cada semana, esta persona acudía a casa de Juan Arroyo, situada en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, para ponerse a disposición de su mujer y su hijo y realizar “obritas, reparaciones o limpiar el jardín”, asegura Bernabé. El empleado también llevaba semanalmente a casa de Arroyo un bidón de gasoil pagado con fondos del CNIO. “Aquí se mezcla lo cutre con la depravación contractual y financiera para exprimir hasta el último céntimo del CNIO”, resume Bernabé.

Eiffage Energía asegura que no ha recibido aún ningún requerimiento oficial y que, de ser así, su colaboración será ”absoluta”. Arroyo ha declinado responder a este periódico. De Dios no ha contestado al correo enviado por EL PAÍS.

El ya exgerente también investigaba contratos con varias empresas radicadas en Madrid y poblaciones cercanas como San Martín de la Vega, Parla y Móstoles, propiedad de ciudadanos originarios de Ucrania, según apuntan los documentos revisados por este diario, y que llevan años siendo contratistas del CNIO. Según Bernabé, uno de los empleados de estas empresas reconoció a la UDEF que una supuesta obra de 185.000 euros subcontratada por Eiffage para el CNIO, detallada con factura, nunca se realizó. El exgerente cree que estos contratos presuntamente falsos eran la forma en la que la trama hacía caja con los servicios no prestados. En total, estos contratos ascienden a 9,5 millones de euros, asegura.

De modo parecido, habría hasta 10 millones de euros en contratos por servicios que nunca se llegaron a realizar. Algunos de estos contratos “mal gestionados” fueron resaltados por la Intervención General del Estado en un informe de 2020 sobre el CNIO, sin que corrigiesen la situación ni el Ministerio de Ciencia, entonces dirigido por el astronauta Pedro Duque, ni nadie en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El exgerente también ha denunciado a la Fiscalía manejos sospechosos en la gestión de los inmuebles que tiene el CNIO por toda España, que han sido donados por particulares en sus testamentos para apoyar la investigación en cáncer. Son casas en Galicia, Sevilla, Madrid, Calahorra, Orihuela... de cuya subasta y venta también podría haber intentado sacar tajada la “mafia” del CNIO, según la denomina Bernabé, que cuenta que se negó a vender una casa en Galicia tasada en unos 300.000 euros, pero que el entorno del gerente Arroyo quería colocar por unos 100.000, en una maniobra extraña. Tras detectar estos manejos, en diciembre decidió trasladar la gestión de todos los inmuebles legados a Segipsa, la sociedad mercantil estatal que depende directamente de Patrimonio del Estado, según correos internos revisados por EL PAÍS. La maniobra contó con el visto bueno de Eva Ortega Paíno, presidenta del patronato del CNIO, su máximo órgano de Gobierno, y secretaria general de Investigación en el Ministerio de Ciencia.

Durante seis meses, Bernabé siguió abriendo cajones en una situación cada vez más hostil. “Estaba muy solo; no sabía dónde me iban a emboscar”, recuerda. Se sentía acorralado por Arroyo y sus acólitos, incluidos el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera, y la secretaria general, Laura Muñoz. Cada vez está más claro que estos altos cargos no hacían más que espiar su labor y entorpecerla.

El 25 de noviembre Bernabé pide al patronato del centro el cese de estas tres personas, lo que se aprueba por unanimidad. Un día después, Laura Muñoz, presentó una acusación de acoso contra Bernabé ante recursos humanos del CNIO. Le achacaba haber compartido imágenes personales en el gimnasio y comentarios sobre su exnovia o sobre el número de mujeres con las que había tenido relaciones el último año. Se inicia un proceso de investigación externo que termina sin veredicto, pues la denunciante nunca compareció, según documentos revisados por este diario. Bernabé asegura que era solo una relación de amistad en el trabajo completamente normal y “fluida”, pues compartía con Muñoz la afición por el ejercicio. “No he acosado a nadie en mi vida”, asegura, y añade que las denuncias de acoso se han usado en el CNIO “como una herramienta de terror” por parte de Arroyo y sus colaboradores contra él y contra María Blasco, a la que “también emboscaron”, según su opinión.

Bernabé también ha denunciado ante la Fiscalía la contratación “ilegal” de Muñoz como secretaria general en 2025, con un sueldo de unos 80.000 euros al año, mucho más de lo que cobra cualquier otra persona de esa categoría en el CNIO. Según correos electrónicos revisados por este periódico, fue la propia Muñoz quien redactó el perfil técnico para su contratación. Desde 2013, Muñoz había trabajado en el CNIO subcontratada por Gedosol, una de las empresas señaladas en la supuesta trama corrupta.

Tras la denuncia, un alto cargo del Ministerio de Ciencia le preguntó a Bernabé si escribió esos mensajes a Muñoz, a lo que él respondió que sí. Entonces el Ministerio anunció que pediría su cese al día siguiente al patronato. Finalmente, la fórmula fue distinta: tras una reunión maratoniana, simplemente se aceptó su dimisión, pues lo cierto es que la había presentado mucho antes, el 1 de febrero. Para entonces, el cansancio de estos meses había hecho mella en su salud, y además temía que le tendieran una trampa, como así fue, según su versión. “Estaba en un estado de estrés continuo. No tenía equipo, y no podía contratar a nadie. ¿De dónde iba a sacar los fondos, si el CNIO está esquilmado?”, lamenta. Al presentar su renuncia, el Ministerio animó a Bernabé a que continuase para terminar su labor esclarecedora. Él aceptó seguir colaborando y hacer una salida suave, hasta que la denuncia de acoso hizo imposible su continuidad.

A preguntas de este diario, un portavoz del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respaldó la actuación del departamento y garantizó su colaboración con la justicia.

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