Un informe constata el mal funcionamiento del CNIO debido al exgerente y sus colaboradores, que serán despedidos

Hace una semana, el nuevo gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, se sentó ante el máximo órgano de gobierno del centro para presentarles un documento de siete páginas. Era un Informe sobre reordenación organizativa con el que pretendía poner fin a las guerras internas que llevan años consumiendo al mayor centro de investigación del cáncer. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla el proyecto del nuevo gerente para reflotar el CNIO, despidiendo si lo considera necesario a las personas cuyos cargos ya no se consideren necesarios. El patronato aprobó por unanimidad el nuevo organigrama que proponía el gerente, lo que le da luz verde para no solo eliminar el cargo del exgerente Juan Arroyo y dos altos cargos muy cercanos a él, sino también a despedirlos según lo dispuesto en los artículos 52.c y 53 del Estatuto de los Trabajadores.

El Patronato del CNIO, presidido por la secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno, se reúne de nuevo este jueves para, entre otras cosas, escuchar las novedades del gerente sobre su reestructuración del organismo, que atraviesa la peor crisis de su historia.

El informe aprobado prueba documentalmente el mal funcionamiento de la contratación y otros procesos básicos de funcionamiento en el CNIO.

Sobre el puesto del exgerente, Bernabé asegura: “En materia económico-financiera, de control interno y contratación, se ha constatado una superposición entre la dirección gerente [el propio Bernabé] y la vicedirección de Asuntos Económicos [Juan Arroyo], generando duplicidades en la planificación, validación y supervisión de expedientes, así como itinerarios de firma más largos de lo necesario”.

La secretaría general, ostentada por Laura Muñoz, fue creada en 2025 como “capa intermedia” y ha introducido “canales redundantes, aumentando los tiempos de tramitación y la complejidad de los flujos de información, que hoy pueden articularse de forma directa entre ambas direcciones”, señala el informe.

En el caso del adjunto a la gerencia, Jose Ignacio Fernández Vera, “concentra tareas de coordinación, apoyo y seguimiento que, en gran medida, se solapan con funciones propias de la dirección gerente y de las unidades administrativas ya existentes, generando una capa adicional de supervisión y coordinación no imprescindible en el modelo actual”. En este último caso, el documento señala que muchas de sus funciones de asesoría jurídica ya estaban cubiertas por entidades externas contratadas para ello y por la asistencia de la Abogacía del Estado. Las tareas de coordinación y gestión administrativa de expedientes jurídicos puede asumirlas ahora el propio director gerente y las unidades técnicas y administrativas que ya existían.

El informe también resalta que estos cargos se interponían en el proceso informatizado de “gestión electrónica” como portafirmas digital y gestor documental, “que permiten circuitos de tramitación más ágiles, trazables y seguros”. “La plena explotación de estas herramientas se ve limitada por el mantenimiento de capas intermedias y rutinas de trabajo basadas en la intermediación personal”, añade el documento.

Bernabé ha elaborado también una estrategia 2025–2026 para el CNIO que “exige reforzar ámbitos como tecnologías de la información, plataformas científicas, recursos humanos y captación de recursos, considerados críticos para la competitividad científica y la sostenibilidad económica del Centro”. Para ello, su propuesta es eliminar los tres altos cargos para “liberar recursos estructurales” y dedicar el coste adicional que suponían a fortalecer las áreas estratégicas del CNIO.

Los artículos mencionados del Estatuto de los Trabajadores permiten despedir a empleados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y, en particular, para las causas organizativas, según reza el documento elaborado por el gerente. De acuerdo con lo dispuesto en el documento, el máximo responsable administrativo del CNIO consiguió permiso unánime de los patronos para eliminar el puesto de Juan Arroyo, exdirector gerente del centro, y el de dos altos cargos cercanos a él, la secretaria general y el adjunto a la gerencia.

“Al desaparecer estos puestos del nuevo organigrama y no existir vacantes adecuadas de similar contenido, nivel y retribución que permitan una recolocación razonable, resulta necesario acudir a la extinción de los contratos de trabajo asociados por causas objetivas de carácter organizativo “, reza el documento aprobado por el patronato.

La medida pretende “centralizar” el funcionamiento del centro en el nuevo gerente, “simplificar la línea de mando” y reducir “los tiempos de tramitación”, entre otras cosas, según el documento.

Los tres altos cargos cuyos puestos han sido eliminados se encuentran actualmente de baja laboral, según fuentes cercanas al CNIO.

En enero de este año el patronato del CNIO cesó por unanimidad a su directora científica, María Blasco, sobre la que pesaba el rechazo de la mayoría del alto escalafón científico de centro y varias denuncias de acoso laboral. También cesaron a Arroyo, director gerente desde 2009, quien habría sostenido un enfrentamiento directo con Blasco que perjudicó el normal funcionamiento del centro, con un presupuesto total de 40 millones de euros, de los cuales la mitad sale del Ministerio de Ciencia.

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en el CNIO después de haber recibido la denuncia de supuestos contratos amañados por parte del exgerente Juan Arroyo por un valor de unos 20 millones de euros durante la última década.

El denunciante era un alto cargo del CNIO que trabajó hombro a hombro con Arroyo durante muchos años hasta que su relación quedó rota cuando Arroyo fue depuesto y se nombró primero a una gerente interina y después a Bernabé como nuevo director gerente. Este denunciante y otro alto cargo del CNIO fueron despedidos con un expediente disciplinario a finales de agosto, justo antes de que Bernabé tomase posesión. Ambos ex empleados han denunciado al CNIO por presunto despido improcedente y sus juicios se celebrarán en 2026. Ambos exempleados avisaron dos veces, en marzo y agosto, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant, de las presuntas ilegalidades, sin que se hiciese ningún movimiento claro hasta que afloraron las informaciones sobre la denuncia en fiscalía. El mes pasado, el propio gerente del CNIO, que lleva analizando las cuentas del organismo desde su entrada en septiembre, presentó su propio informe en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Este miércoles, la ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró en el Congreso de los Diputados que su departamento aún no ha recibido comunicación alguna por parte del ministerio público. La responsable de Ciencia volvió a asegurar que si se registran irregularidades “se perseguirá a los responsables con contundencia”. Sin embargo, Morant se desvinculó de las decisiones que tome el patronato, pues ella es solo presidenta de honor y, por tanto, no participa en la toma de decisiones, aseguró.

Algunas de las ilegalidades denunciadas por el exempleado eran similares a las ya planteadas en una querella contra Juan Arroyo por presunta prevaricación presentada por el partido ultra Vox en 2020, que manejaba información obtenida en el canal de transparencia por Ana Isabel Hernández, investigadora del centro y entonces presidenta del comité de empresa. En 2024 se archivó el caso de forma provisional por falta de pruebas.

En su informe al patronato, el gerente se comprometió a rendir cuentas sobre el avance de su reestructuración en la próxima reunión del patronato, que se celebra esta mañana en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.