El relator de la ONU suspende a la Comunidad en su lucha contra la pobreza

Hay dos opciones. O bien el sistema está estructurado adrede para excluir a los más pobres, o está extremadamente mal diseñado. Esta es la conclusión principal a la que ha llegado el relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, tras su paso por la Comunidad de Madrid. El experto ha viajado por varias ciudades españolas las últimas dos semanas para examinar el grado de vulnerabilidad de los más desfavorecidos. “Ha quedado muy claro que la recuperación posterior a la recesión, que ha sido tan buena para algunos, ha dejado atrás a mucha gente”, explica.

Alston ha presentado este viernes un informe demoledor sobre la falta de políticas sociales en la región, que la define como laboratorio de los problemas que tienen las políticas sociales a la hora de proteger a las personas más pobres. En su informe, se centra en cuestiones que requieren una atención urgente. Estas son las tres claves más importantes:

Renta mínima de inserción (RMI). En ausencia de una norma nacional que regule estas prestaciones, el informe final del relator de Naciones Unidas considera que hay grandes variaciones entre Comunidades Autónomas. Según Alston, la de Madrid es epítome de los problemas que tiene esta red de protección para los ciudadanos más vulnerables. La región tiene el PIB más alto del país, una tasa de desempleo comparativamente baja y un alto coste de vida. Aunque la tasa de pobreza extrema de la ciudad se ha más que duplicado en los últimos diez años, la RMI no sobrepasa los 400 euros al mes, la cifra más baja de toda España. Además, esta “cantidad mísera” solo la disfrutan el 1,5% de la población debido a los muchos requisitos que deben cumplir para recibirla. “Una mujer me explicó que perdió la prestación cuando aceptó un trabajo en periodo de prueba. Perdió su casa porque no la hicieron fija y su solicitud para volver a entrar en el sistema fue denegada”, escribe Alston en el informe. Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, liderada por Alberto Reyero (Cs), admiten los problemas que ha puesto sobre la mesa el relator. “Estamos trabajando para aplicar una nueva Ley de Servicios Sociales que cambie un modelo que no se ha tocado desde hace años, uno de los cambios afectará al sistema de concesión de la RMI”, explican desde el área.

Venta de vivienda pública a fondos de inversión. El acceso a una vivienda digna es esencial para reducir la pobreza extrema. Eso es lo que le han repetido todos los miembros del Gobierno con los que se ha reunido Alston. Sin embargo, el mismo Gobierno de Madrid ha sido quien ha permitido que empresas de inversión compren viviendas públicas, aumenten el coste del alquiler y expulsen a sus inquilinos. “Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado la renta, como resultado de la decisión del Gobierno madrileño que vendió vivienda social al fondo Blackstone”, relata el experto. En 2013, la Comunidad de Madrid vendió a un fondo de inversión de Goldman Sachs 2.935 viviendas protegidas. El Ayuntamiento de la ciudad encabezado por Ana Botella, también vendió ese mismo año 1.860 viviendas públicas a dos fondos de inversión del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España.

La comunidad gitana de Cañada Real. La minoría étnica más grande de Europa que en España tiene a su comunidad más grande (alrededor de 750.000 personas, el 1,6% de la población total) es invisible. Los datos oficiales no recogen indicadores estadísticos sobre la comunidad romaní y el relator ha tenido que recopilarlos de la Fundación Secretariado Gitano que muestran tasas de pobreza “asombrosamente altas”. Alston visitó la Cañada Real y quedó “conmocionado” por el grado de abandono en el que las instituciones han dejado a los vecinos de etnia gitana del sector seis. “Conocí a gente que vive sin clínicas, sin centro de empleo, sin colegios e, incluso, sin electricidad legal, en un camino sin pavimentar al lado de incineradoras en un área considerada peligrosa para la salud humana”, describe el experto. Tres años después del Pacto por la Cañada Real firmado por todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas para regular la situación de la zona y conseguir unas condiciones de vida digna, se han realojado solo a 34 familias. El Gobierno aún no ha dado fecha para reubicar al resto de forma segura. Al relator le sorprendió la falta de urgencia y la actitud de “resignación” con la que el Gobierno acepta que tantas personas queden relegadas a ciudadanos de tercera categoría sin acceso a los derechos que le corresponden.