Los 14 kilómetros olvidados de Madrid

—Hombre, buenos días ¿qué pasa, para dónde vas?

Preguntó Agustín Rodríguez, el párroco de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real Galiana.

—Pa'llá, pa donde la Petra. Que voy a por las niñas y ya luego nos volvemos juntas.

Contestó ella, en mallas y moño grueso. Tiró hacia delante y unos pasos después, sin detenerse, giró la cabeza y gritó:

—Venirse de noche, que es mucho mejor. Así veis hasta las ratas.

El vacío que atravesaba esa joven gitana, levantando algo de polvo con sus pantuflas, es la cicatriz de uno de los pocos realojos que se han producido hasta ahora en la Cañada Real Galiana, en esa zona que el sacerdote dice que llaman "el camino sin asfaltar". Está dentro del último de los sectores, el seis, en los que se dividen 14 kilómetros en los que se suceden chalés con jardín, casitas de madera, caravanas sin ruedas, ruedas sin caravanas, chamizos, latas, cáscaras, alambre, calcetines y jeringuillas desperdigadas.

En la Cañada Real viven 7.283 personas, de ellas 2.548 son menores

Desde que en 2017 todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, —ciudades por las que se ribetea la Cañada— firmaron un pacto por la mejora del enclave, los avances han sido mínimos. El objetivo final era regular la situación de cada uno de los sectores y conseguir unas condiciones de vida digna para 7.283 personas que residen allí según los últimos datos disponibles, de 2016. Empezando con un convenio de realojo en el sector seis con 18 millones de euros de presupuesto; el más empobrecido, ese que aparece de vez en cuando en las noticias relacionado con robos de coches o tráfico de drogas. En el que más urge actuar. De los 150 realojos a los que la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital se comprometieron en 2018, se han producido 14.

Esa ralentización fue lo que denunció la concejala socialista Mercedes González en el Pleno madrileño a finales de octubre. "Se prometió realojar a 150 familias de las 284 de ese sector y el desmantelamiento del tramo que va desde la incineradora de Valdemingómez hasta Getafe", dijo entonces la edil. "Al paso que van se tardará medio siglo en cumplir y realojar a esas familias (el 18% de las que hay)".

A pesar de ese acuerdo, que lleva vigente dos años y medio, la realidad de la Cañada sigue siendo la misma . El párroco la dibuja con una frase, al paso del sector seis: "Aquí está la prueba de mi fe. Si todos los días no mueren electrocutadas seis personas es porque Dios existe". Postes y cables cuelgan a ambos lados del camino, se enroscan en los aleros de los tejadillos de uralita, bailan sueltos sobre alguna paredina y en varios alguien ha enganchado pinzas que serpentean por el borde del carreterín hasta meterse por la ventana de aluminio de alguna vivienda. "Hay quien tiene esos postes dentro de casa, en medio del salón".

La diversidad a la que hacen alusión algunos políticos cuando hablan de la Cañada es, en realidad, desigualdad. En ese batiburrillo, la situación es distinta para cada sector. El comisionado de la Comunidad, José Tortosa, la resume: "El sector uno está regulado; en el dos la idea es mantener todas las viviendas posibles y, aquellas que estén en un estado de vida no digna, demolerlas y construir. El tres tiene que desmantelarse por completo por cuestiones legales, esas familias se realojarán preferentemente en el sector dos y aquellas que no entraran en el dos se les ofrece otro lugar o la indemnización. El sector cuatro y cinco todavía no tienen ningún acuerdo”. Y en el seis ya está en marcha el convenio de realojo.

El convenio de realojo para el sector seis se firmó en 2018 con un presupuesto de 18 millones de euros

Después del vacío de los últimos meses —por el cambio de Gobierno tras las elecciones municipales y regionales de abril y de tres nombramientos fallidos para el comisionado de la Comunidad—, la pasada semana volvió a reunirse la Comisión de Seguimiento de ese convenio. En ella se aprobó por unanimidad prorrogarlo para cumplir con los objetivos de reubicar a las familias que sufren de insalubridad.

Una prórroga que según el actual comisionado, Tortosa, “es normal”. Sin embargo, el último responsable municipal de la Cañada, nombrado por Manuela Carmena, Pedro Navarrete, asegura que “la previsión era que en diciembre de este año, esas 150 familias estuviesen en sus nuevos hogares”. En julio se compraron 62 casas desde la Agencia de Vivienda Social y estaba aprobado el traslado de 27 familias. Pero todo va despacio. Mientras, la Cañada sigue parcheada de desequilibrios.

Rodríguez, el párroco, pone un ejemplo pocos metros después de entrar al sector dos. Detiene el todoterreno gris y se baja: “¿Esto qué es? Pues esto es una bofetada al sentido común y a la dignidad de la gente”. Delante se levantan unos cuantos racimos de edificios nuevos, las grúas de los que aún están construyendo, un acerado impoluto y un firme liso y negro. Detrás, la carretera de la Cañada y un muro que cerca una finca llena de rastrojos. En medio, unos bloques de cemento para separar esos dos mundos de la misma ciudad. Al ser distintos tipos de terreno, “una vía urbana y una pecuaria”, no puede haber paso. “Si no lo abres parece que estás diciendo que con esto ya no cuentas”, espeta el cura. Aunque apunta que, haya o no voluntad política, “el sistema administrativo es capaz de aburrir a un muerto y hay cosas que no se pueden hacer”.

Esa es una de las razones de las diferencias abismales entre sectores. Según se avanza por ellos, crece el absentismo escolar de los menores que viven allí (2.548, según los últimos datos, de 2016). El correo llega al sector uno y dos; falta por asfaltar el dos; solo hay un autobús que une el dos y tres con Puerta de Arganda... Y en los servicios más básicos, agua y luz, solo en el uno están reguladas ambas. “Agua y luz tienen todos, pero ilegal”, dice el cura.

Las décadas de olvido institucional de la Cañada; las dificultades administrativas y legales por el tipo de terreno (una vía pecuaria); los vaivenes políticos y, a veces, el desinterés, han provocado que después de 80 años este asentamiento ilegal, el mayor de Europa en una urbe, sea un lugar lleno de flecos y desconfianza que “va a costar remendar”, cabecea el sacerdote.

“Los habitantes temen que vuelvan a producirse los derribos que ya sucedieron con los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella”, apunta Rodríguez. Esto, dice, “se cura con tiempo, con implicación y con paciencia, mucha paciencia”. La misma que han tenido asociaciones y organizaciones del tercer sector para “generar una red con un profundo conocimiento del lugar, que ha logrado crear comunidad y convivencia y que ayuda en el día a día, el real, de la gente que vive allí”. Algo que nunca ha logrado, y a veces ni siquiera ha intentado, la política.