Las víctimas del amianto de Metro testifican ante la juez que investiga el caso

La investigación judicial del caso amianto de Metro de Madrid ha comenzado. Tras varios retrasos, este jueves arrancó con la declaración de los afectados: trabajadores de la empresa pública expuestos al amianto y familiares de los fallecidos a causa del material. La compañía ocultó durante décadas la presencia del mismo. Por el momento, seis trabajadores tienen reconocida la asbestosis; cuatro han fallecido. Por ello, la Fiscalía investiga a siete responsables de Salud y Prevención del suburbano a los que acusa, entre otros cargos, de homicidio imprudente.

“Queremos que se haga justicia y que Metro asuma su responsabilidad”, reclamó Juan Carlos de la Cruz, secretario de CC OO en el suburbano. Hablaba desde la puerta de los juzgados de Plaza Castilla, donde el jueves se inició la instrucción sobre el caso amianto, que investiga la presencia del tóxico material en el suburbano y cómo ha afectado a los trabajadores.

Durante al menos dos décadas, desde 1992, Metro estuvo ocultando a sus trabajadores que manipulaban un material tan peligroso como el asbesto. Hay pruebas de que en los noventa, la compañía ya tenía constancia de ello así como de los riesgos asociados al mismo. A pesar de ello, nunca se lo comunicó a los trabajadores.

Una década después, en 2003, la empresa pública realizó un estudio para identificar y mapear el amianto presente en su red. De nuevo, lo mantuvo en secreto. Ni dijo nada ni estableció medidas de protección para sus trabajadores. Esperó hasta 2017, poco después de que se le reconociese a un operario la asbestosis (enfermedad laboral originada en la exposición al asbesto).

El año pasado, la Fiscalía denunció a siete responsables de Metro, del departamento de Salud y Prevención de Riesgos, por homicidio imprudente, lesiones por imprudencia, y delitos contra los derechos de los trabajadores. A la causa se incorporaron los descubrimientos realizados por la comisión de investigación sobre el asunto que se desarrolló la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid.

“Quedó demostrado, en la Comisión de la Asamblea así como en la investigación policial y judicial, que nos han estado ocultado la exposición al amianto durante muchos años de nuestra vida laboral”, relataba De la Cruz. Hablaba arropado por sus compañeros del Comité de Empresa así como representantes del Sindicado de Maquinistas y de Solidaridad Obrera.

“Basta de alargar el sufrimiento de las víctimas”, reclamaba Sol Sánchez, portavoz de Unidas Podemos en la cámara regional, que acudió a la concentración matutina (a las 8.30) en Plaza de Castilla. Sánchez hacía referencia a la “estrategia de Metro” de retrasar lo máximo posible el proceso. Tanto el juicio —estas declaraciones deberían haberse realizado hace varios meses, pero la defensa pidió su aplazamiento— como el reconocimiento de la enfermedad a los trabajadores.

“Metro está constantemente enviando demandas, oponiéndose a todo y cuestionando la labor de las inspecciones de trabajo y de los médicos”, lamentaba Eugenia Martín, viuda del primer fallecido por el amianto de Metro. Acudía a declarar. Los citados en esta primera sesión de comparecencias acudían en calidad de “perjudicados”. Martín se quejó de las “dificultades” que ponían Metro y la Comunidad de Madrid. “No han sido solidarios”, resumía la viuda que remarcó que Metro ha interpuesto demandas contra dictámenes de la Seguridad Social que reconocían la enfermedad laboral.

“Hay que evitar a las víctimas el calvario de ir de juicio en juicio”, incidía Jaime Cedrún, secretario general de CC OO Madrid. El líder sindical también se acercó a las puertas de los juzgados para pedir que la investigación avanzase “un paso más” pues considera que en el caso amianto también hay “responsabilidades políticas”. Los acusados por la Fiscalía son trabajadores de Metro, pero Cedrún cree que “los que daban las órdenes eran otros”.

“No me parece normal que tengamos que llegar a estos términos”, se quejaba Santos González, que lleva 44 años trabajando en el suburbano y tiene la asbestosis reconocida. En 2016, durante un chequeo rutinario en su médico de cabecera le descubrieron que tenía la afección. Metro no le reconoció la enfermedad hasta 2018. Ya con la dolencia acreditada, nunca le han dado la baja por la misma.

“Yo tenía que estar en mi casa. Los años que me queden de vida pasarlos con mis amigos y mi familia”, agregó con gesto serio. Hace dos meses consiguió un permiso por enfermedad, pero no por la amiantosis, sino por la depresión que le acompaña desde que le dieron el diagnóstico. “Sigo en activo”, apuntaba resignado. “Tengo días que me siento muy mal”, agregaba.

Los testimonios que se prestaban en esta primera sesión eran los más duros. “Son los afectados directos; es el día más difícil”, explicaba tras las declaraciones Alejandro González, abogado de CC OO y de seis particulares afectados por el asbesto. Los trabajadores “han dejado patente que no sabían nada, no conocían las consecuencias que implicaba trabajar con el amianto”, resumía González. Considera que el fiscal preguntó “de forma extensa” a sus clientes: “Han tenido que hablar sobre su salud, su vida, su enfermedad… Es muy doloroso”. Por eso pide a la Comunidad “un acercamiento para resarcir a estas personas cuanto antes”. “Es posible que el proceso se dilate en el tiempo; hay que indemnizar a estas personas para que su vida sea un poco menos complicada”, zanjó el abogado.

“Utilizan todas las artimañas posibles para intentar retrasar todo. Tanto el juicio como el pago de las indemnizaciones que les corresponde a los trabajadores y a los familiares afectados”, resumía el sindicalista De la Cruz. Los representantes de los trabajadores piden diálogo al consejero de Transporte Ángel Garrido (Cs) para que se establezca un protocolo de atención a los afectados y evitarles verse inmersos en complejos procesos judiciales.

“Hemos sido expuestos durante años al amianto sin saberlo”, recordaba De la Cruz. Los representantes de los trabajadores exigen a Metro y la Comunidad “hechos” y no solo “buenas palabras”. También avisan de que el número de afectados puede seguir creciendo. El presidente del comité de empresa, Francisco Javier del Llano habló de una “pandemia” con respecto al amianto. Lo dijo en referencia al goteo de casos y a los posibles nuevos diagnósticos. El Sindicato de Maquinistas ha financiado un TAC a todos los conductores con más de 15 años de servicio en Metro que deseen saber si hay fibras de amianto en sus pulmones. “Si esto continúa así, las movilizaciones tendrán que continuar”, zanjaron los representantes laborales.

Las comparecencias continúan con los "testigos" el viernes 7 de febrero y prosiguen el 12. A comienzos de marzo llega el turno a los “investigados”.