Metro retiró amianto de estaciones casi una década antes de alertar a los trabajadores

Hace unos días, llegó un sobre anónimo al comité de empresa de Metro de Madrid. En el interior aparecieron dos contratos de la empresa pública con fecha de 2009. Ambos se referían a operaciones de retirada de amianto en sendas estaciones de la red —en Herrera Oria, en la línea 9, y en Oporto, en la línea 6— y ambos estaban emitidos desde la Gerencia de Mantenimiento y Obras. Un escalafón en el organigrama de la empresa justo por debajo del consejo de administración, y del consejero delegado. “Esto evidencia que todo el mundo sabía lo del amianto menos los trabajadores”, concluye Francisco Javier del Llano, presidente del comité de empresa del suburbano.

El contrato para actuar en Herrera Oria estaba dotado con más de 94.000 euros y la finalidad del mismo era el “desmontaje del falso techo de fibrocemento”. En el caso de Oporto es una ampliación de inversión de más de 150.000 euros tras identificar amianto en la estación. Debido a la peligrosidad del material, en el pliego se especificaba la obligación de realizar la obra con “personal y empresas autorizadas y con permisos de la Administración”. Metro ha reconocido que ambos contratos se licitaron y ejecutaron.

“Nosotros trabajábamos directamente con el amianto, sin ningún tipo de protección”, recuerda Santos González, trabajador de Metro de 59 años con asbestosis reconocida. González lleva más de 40 años trabajando en mantenimiento de escaleras de la compañía. “Cuando parábamos a descansar, nos comíamos el bocata al lado de donde habíamos estado trabajando. En ocasiones, nos metíamos piezas con amianto en el bolsillo del pantalón”, continúa el trabajador. Aunque González tiene la enfermedad laboral reconocida y recientemente ha empeorado su estado de salud, la mutua laboral con la que trabaja Metro no considera que deba ser beneficiario de una baja. “Me fatigo más y ya no puedo hacer muchos esfuerzos”, explica el operario. A pesar de que estuvo años trabajando con amianto, no fue hasta 2018 cuando le informaron sobre los riesgos asociados al material: “Nos dieron una charla de un par de horas”. Nunca le dieron una mascarilla protectora.

“En todos estos años, a nosotros no nos han reconocido la peligrosidad del material hasta que no ha sido demasiado tarde”, lamenta Juan Carlos de la Cruz, portavoz de CC OO en Metro. Durante la comisión de investigación sobre el caso amianto —que analizaba la gestión de Metro del tóxico material presente en su red—, quedó probado que desde la empresa pública se conocía la presencia de amianto desde al menos 1991. Que no se protegió ni avisó a los trabajadores de los riesgos que corrían al trabajar con el material. Y que en 2003, la empresa elaboró un inventario para identificar la presencia de amianto en su red.

“Tras la entrada en vigor de la normativa sobre el amianto, Metro realizó en 2003 un mapa de la presencia de amianto en la red de Metro y en los trenes”, explican desde el suburbano que enmarca dentro de la normalidad las obras de retirada del material. La realidad es que en esa época Metro no cumplía la normativa vigente con respecto al amianto.

Aunque el uso de amianto se prohibió totalmente en la Unión Europea en 2005, el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto de 1984 ya obligaba a las empresas a avisar y proteger a aquellos trabajadores que estuvieran expuestos al material. Metro esperó más de tres décadas para hacerlo: hasta 2017 poco después del primer caso de asbestosis en la empresa. Actualmente, hay cuatro operarios con la enfermedad laboral reconocida: Santos González, dos de sus compañeros de mantenimiento y un maquinista. Dos de ellos han muerto. Un tercero se encuentra estable, pero con la enfermedad muy avanzada.

Metro no solo incumplió a la hora de proteger a los trabajadores. En 2011 también se saltó la prohibición internacional de comercializar con materiales que contuviesen amianto: la empresa pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, vendió ese año trenes con amianto a Buenos Aires. Además, y aunque es obligatorio, el suburbano madrileño aún no se ha inscrito en el Registro de empresas con riesgo de amianto (RERA). Todos estos incumplimientos se constataron el año pasado y llevaron a la apertura de una causa en el juzgado número 23 de Madrid: el caso amianto de Metro. La Fiscalía denunció a siete responsables de la empresa pública, del Área de Salud y Prevención de Riesgos, por “delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia”. Las citaciones judiciales arrancan a comienzos de diciembre.

“Estos contratos de desamiantado de estaciones de 2009 demuestran que la empresa estaba intentando retirar discretamente el material de su red”, valora Del Llano. En esa época, ejercía de consejero delegado de Metro Ignacio González Velayos, que actualmente milita en el partido de extrema derecha Vox aunque en esa época estaba en las filas del PP. En su testimonio ante la comisión de investigación regional, González Velayos dijo que “jamás” había recibido ningún informe sobre la presencia de amianto en la red de Metro: “Alguien, erróneamente, no informó correctamente en la cadena de mando”. Los contratos de desamiantado de estaciones de 2009 que acaban de aparecer, emitidos desde una gerencia que dependía directamente del consejero delegado de Metro, ponen en duda esa afirmación.

140 millones de euros

“Lo primero que hicimos cuando tuvimos conocimiento de la presenta de amianto fue convocar a los sindicatos e informar a los trabajadores”, ha dicho esta semana Borja Carabante, exconsejero delegado de Metro —tomó el relevo a González Velayos— y actual delegado de Medioambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Carabante hacía referencia a 2018. Entonces, la compañía presentó un plan de desamiantado para actuar en trenes y estaciones con un presupuesto de 140 millones de euros. “Las estaciones de Herrera Oria y Oporto están dentro del actual plan de desamiantado de Metro”, dicen desde la compañía. Según explican, los contratos de 2009 no contemplaban el desamiantado de toda la estación.

“Evidencian que Metro actuó antes de lo que dijo y que lo ocultó”, inciden los representantes de los trabajadores que resaltan que la filtración de estos contratos ha ocurrido justo una semana antes del centenario de la inauguración de Metro, que se celebra el próximo 17 de octubre.