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El Estado y los Franco no llegan a un acuerdo y el juicio por Meirás será en julio

El letrado de la familia niega que el dictador incorporase el pazo a su patrimonio mediante un "proceso coactivo" y una escritura "fraudulenta", como sostiene el abogado del Estado

Pazo de Meiras
Un grupo de turistas realiza una de las visitas guiadas al Pazo de Meirás, en Sada (Coruña).

El destino del pazo de Meirás empezará a despejarse a partir del 6 de julio. Esa es la fecha fijada para el comienzo del juicio en el que se dilucidará a quién corresponde la propiedad de la mansión en manos de los Franco. Así se ha marcado en el calendario durante la vista previa que ha tenido lugar esta mañana en el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, una audiencia que ha durado tres horas y media y en la que las partes enfrentadas, como era previsible, no han alcanzado ningún acuerdo.

El Estado, que presentó el pasado julio la demanda contra los nietos del dictador para reclamar la devolución del pazo, se basa en el hallazgo de un acta notarial de compraventa de 1938, anterior a otra escritura que considera "simulada" o "fraudulenta", de 1941, con la que Franco habría escenificado su adquisición a título particular del inmueble. El abogado del Estado, además, defiende que el mecanismo por el que Meirás fue adquirido mediante cuestación forzosa y dinero de las Administraciones locales a través de una junta de prohombres del régimen fue un "proceso coactivo". El letrado de la familia titular del pazo reconoce que el palacete enclavado en una ladera del municipio coruñés de Sada fue "un regalo" a Franco, pero niega todo lo demás.

A partir del 6 de julio y aproximadamente durante medio mes, por el juicio desfilarán peritos y testigos propuestos por el Estado y las otras Administraciones personadas (Ayuntamientos de Sada y A Coruña y Xunta de Galicia) en la demanda, pero también aquellos que hoy ha pedido la familia Franco. Entre los primeros están algunos vecinos de Meirás, catedráticos de Derecho o investigadores que profundizaron durante décadas en el proceso de incorporación del pazo y las propiedades colindantes al patrimonio particular de Franco, como Carlos Babío, Manuel Pérez Lorenzo, Xosé Manoel Núñez Seixas, Emilio Grandío, Luis Míguez Macho o José Manuel Busto Lago.

Por su parte, los Franco, representados por Luis Felipe Utrera, han propuesto como testigos al exalcalde de Sada Ramón Rodríguez Ares; al secretario particular de la viuda de Franco, Carmen Polo, Esteban Medina Mancebo; y a un partícipe de la rehabilitación del pazo y a la vez suegro de una de las nietas demandadas (Arancha Martínez-Bordiú): Fernando Quiroga Piñeiro, que también fue director general de Fenosa y presidente del club de golf de A Coruña. El pazo, cerrado tras el incendio que sufrió en 1978, fue parcialmente acondicionado y reabierto en 1996 con motivo de la boda de su hijo con la heredera del dictador.

El abogado del Estado Javier Suárez ha defendido durante la vista la existencia de un "proceso coactivo con una involucración muy importante de las Admistraciones públicas" en la campaña de adquisición del conjunto de inmuebles y fincas a través de los fondos aportados por particulares e instituciones. "Si fue más o menos voluntaria la aportación, no guarda ninguna relación" con el caso, ha negado el abogado de los Franco, "es irrelevante el dato para este litigio". "Negamos que fuese coactivo", ha sentenciado el letrado de los herederos, que además ha defendido que la escritura ante notario de 1941 es "un documento válido" legalmente.

A la salida, el abogado del Estado ha mostrado su satisfacción con el resultado de la vista previa. Y ha recordado que su estrategia en esta demanda civil consiste en alegar que la compra del palacete que hasta 1938 pertenecía a la familia heredera de Emilia Pardo Bazán fue "para un fin público" y por la condición de "jefe del Estado" de Franco. "No como persona física", ha insistido Javier Suárez. Además, el abogado ha explicado que dentro de los terrenos del pazo había una explotación agraria de la que se hacía cargo la Administración central y que hasta 1990 se ocuparon de la vigilancia guardias civiles que vivían en otra de las edificaciones (una torre construida sobre la vivienda expropiada de una vecina). El abogado blande también el hecho de que no fue Franco, sino el Ayuntamiento de Ferrol, el que pagó el impuesto de contribución. La juez aceptó que se incorpore a la causa la documentación sobre este asunto que conste en el consistorio.

El abogado de los Franco, que reconoce que se trató de un "regalo" para agasajar al dictador, ha dicho que, después de su muerte hubo por parte del Estado un "abandono" del pazo. Y puso como ejemplo la rehabilitación acometida por los herederos años después del incendio que sufrió el inmueble en 1978. "Mis representados han sido poseedores en concepto de dueños", ha zanjado.

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