Almeida cerrará la Oficina de Derechos Humanos y Memoria que abrió Carmena

El Ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez-Almeida (PP) va a cerrar la Oficina de Derechos Humanos y Memoria que puso en marcha el ejecutivo de Manuela Carmena, como han confirmado a EL PAÍS fuentes municipales. "No ha servido a sus fines, sino a ser correa de transmisión del sectarismo del gobierno de Carmena", argumenta un portavoz del equipo de Gobierno sobre la decisión de no mantenerla.

El cierre "va muy en la línea de este gobierno, que se caracteriza en primer lugar en deshacer lo que hizo o dejó hecho Manuela Carmena y que no tiene más proyecto que borrar la huella de Carmena", opina Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. "Va además en la línea de lo que el PP y Cs han hecho en el mandato anterior, que es bloquear y boicotear la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica", añade la concejal, que subraya que "es una mala noticia para la ciudad, basada en el revanchismo y sectarismo ideológico".

Al PSOE, "lamentablemente", no le sorprende "que Ciudadanos y el PP, en su loca carrera por agradar a Vox", decidan cerrar la oficina. "Vuelven a olvidarse de los más débiles, las personas que padecen en la vulneración de los derechos humanos", señala el concejal Ramón Silva. "Somos conscientes de que Vox quiere presentar al genocida Francisco Franco como un hombre de Estado, lo sorprendente es que dos partidos que se autodenominan constitucionalistas, Cs y PP, quieran continuar ignorando a quienes defendieron, en muchas ocasiones con su propia vida, los valores constitucionales de legalidad, libertad y democracia", añade.

Para Mauricio Valiente, el exconcejal de Izquierda Unida y responsable de la oficina como tercer teniente de alcalde del gobierno anterior de Ahora Madrid, su cierre "no solo es una marcha atrás en algo que es necesario en la ciudad, porque era una deuda histórica de muchos años, sino que supone un retroceso en la aplicación de una normativa que sigue vigente en España". "El PP no se da cuenta de que la ley de memoria es una obligación y tiene que ser cumplida", continúa.

Carmena puso en marcha la oficina en 2017. En ella trabajan todavía tres funcionarios, que hasta su cese, estaban dirigidos por Rafael Escudero y Txema Urkijo. Su objetivo era, por un lado, asegurar la aplicación del plan estratégico de Derechos Humanos (DDHH) aprobado por el Ayuntamiento en febrero de 2017, y por otro, poner en marcha las medidas que el Comisionado para la Memoria Histórica, que funcionó entre mayo de 2016 y abril de 2018, propuso para cumplir con la ley de memoria histórica.

En el ámbito de los derechos humanos, Valiente cree que el cierre supone perder "una ciudad que se estaba poniendo al día con lo que son obligaciones para todas las administraciones". Se refiere a asuntos transversales que priorizó el plan de DDHH como garantizar la lucha contra la discriminación, la accesibilidad universal, o el acceso a la vivienda. 

En cuestiones que tienen que ver con la Memoria histórica, la oficina ha organizado exposiciones como No pasarán. Madrid, 1936, en la que homenajearon a los republicanos que defendieron la ciudad contra el ejército sublevado, y Madrid ¡qué bien resistes!. También ha puesto en marcha el cambio de nombre de 52 calles y plazas, que está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por recursos de varias organizaciones, como la Fundación Francisco Franco; y proyectos como Stolpersteine, que recuerda con 449 placas a los deportados a campos de concentración nazis.

Reconocimiento a víctimas

"El anterior equipo de Gobierno ha hecho de la oficina un instrumento de discordia y confrontación en relación con la memoria histórica, al solo reconocer a unas víctimas de atropellos a los derechos humanos y no a todas, lo que provocó la disolución del Comisionado de Memoria Histórica creado por todos los grupos municipales", señalan fuentes municipales para justificar el cierre. La intención del Ayuntamiento de colocar una placa en el cementerio de la Almudena con los nombres de los casi 3.000 fusilados entre 1939 y 1944 generó algunas diferencias entre el gobierno municipal y miembros del Comisionado. El organismo independiente recomendó una placa anónima y advirtió de la "dificultad" de "dilucidar la condición de victimarios de algunas víctimas" porque entre los nombres estaban miembros de las checas, centros de detención y tortura de la zona republicana en la Guerra Civil.

El Ayuntamiento argumenta también que la Administración de Carmena "se opuso, por ejemplo, a todo tipo de apoyo a los opositores demócratas de Venezuela acordado en el pleno". El caso al que se refiere el portavoz municipal generó fricción en el seno de Ahora Madrid. Carmena y la concejal Marta Higueras apoyaron en contra del criterio mayoritario de su grupo municipal una moción del PP en favor de los presos políticos en Venezuela. El pleno del Ayuntamiento pidió a Carmena el cese de Valiente por no condenar la violación de derechos humanos en Venezuela junto a otros ediles, pero la exalcaldesa le mantuvo y su grupo consensuó un texto en el que tildaba de "arbitraria" la detención de Leopoldo López. La entonces regidora recibió en el consistorio en junio de 2017 a los familiares del opositor venezolano.

Txema Urkijo, exrresponsable de Memoria en el organismo municipal y exdirector de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, rechaza categóricamente que el organismo haya hecho distinciones entre víctimas. "Nunca se ha hecho una declaración de reconocimiento de víctimas que diga estas sí y estas no", asegura. "Se ha priorizado a las víctimas que en 80 años no han tenido ningún tipo de reconocimiento, que son las víctimas del franquismo, pero eso no quiere decir que no reconozcamos a otras víctimas", añade.

"Rechazo rotundamente la afirmación de que la oficina haya llevado una política sectaria", insiste, y asegura que han tenido la mano tendida buscando una "política de consenso con todos los grupos". "Quien es capaz de unir las palabras Manuela Carmena y sectarismo en una misma frase o es un ignorante o tiene muy mala baba", dice molesto.

El comisionado, asegura, se disolvió cuando terminó su trabajo. Como "prueba evidente de que no había en absoluto sectarismo" recuerda que entre las propuestas de ese órgano consultivo estaba la creación de un catálogo con lugares de memoria. Dentro de esos lugares que tenían previsto señalizar estaba "una checa, en representación de todas, porque era un lugar donde se violaban derechos humanos, la cárcel de San Antón, de donde salieron muchos presos para ser asesinados entre otros lugares, en Paracuellos del Jarama, la Colegiata de San Isidro o la iglesia de San Salvador".

"El Ayuntamiento ahora mostrará su reconocimiento y su respeto a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos sin exclusión. No miraremos el color político de los verdugos para hacer ese reconocimiento como ha hecho durante estos años el gobierno de Carmena", insisten las mismas fuentes municipales. "¿Para qué sirve una oficina de derechos humanos que rechaza poner una pancarta recordando a Miguel Ángel Blanco en Cibeles?", se preguntan.

Carmena rechazó colocar aquella pancarta en julio de 2017 "para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras", según explicó la entonces alcaldesa. "Todas las víctimas son iguales, ninguna es más que otra. Estaría bien preguntar a las viudas de guardias civiles y policías anónimos de Madrid qué opinan", añade Urkijo.

El exrresponsable de Memoria confía en que muchas de las medidas que no ha dado tiempo a ejecutar en el anterior mandato tendrán continuidad con el Gobierno de coalición de PP y Cs aunque la oficina no continúe, como la colocación de placas de homenaje a las víctimas de terrorismo, que está en proceso, y la construcción de un memorial a los deportados a campos de concentración nazi.